En la primera visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado este año, ayer en el World Trade Center de Boca del Río cuatro mil jóvenes “Servidores de la Nación” lanzaron un ruidoso abucheo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que hizo retumbar el recinto.
El rechazo al gobernador se dio cuando lo mencionaron al presentar el presídium de la reunión estatal sobre el Banco del Bienestar. Diferentes fuentes, dignas de todo crédito, a las que consulté sobre lo ocurrido, me aseguraron que la reacción de los jóvenes fue totalmente espontánea.
Si bien se trató de una reunión para abordar temas específicos sobre los programas sociales, tuvo especial relevancia porque uno de los principales actores involucrados fue el delegado federal de los programas de Bienestar Manuel Huerta, abierto aspirante a la gubernatura el próximo año.
De hecho, contrario al abucheo que sufrió Cuitláhuac, en cambio, cuando este mencionó al delegado durante su intervención se desató una ruidosa ovación que se prolongó e hizo que López Obrador se sumara y que cesó cuando el propio Manuel les pidió a todos que terminara. Lo cierto es que poco faltó para que empezaran a gritarle “¡Gobernador!” “¡Gobernador!”
Una y otra vez mis fuentes (se trató de una reunión totalmente privada, aunque se filtraron videos de lo ocurrido) me aseguraron que Manuel Huerta no tuvo nada que ver con el abucheo, por lo que entonces quedó en claro el rechazo natural que hay contra el gobernador entre los jóvenes de su propio partido.
Los “Servidores de la Nación” es un ejército humano que se identifica con AMLO y está ideologizado con la 4T. En Veracruz ellos despliegan los programas sociales, entregan apoyos, pero también están capacitados para tareas electorales y son el primer contacto con la población.
Lo ocurrido podría repercutir negativamente en la confianza del presidente hacia el gobernador respecto al tema electoral, y en la candidata que apoya para que lo suceda, Rocío Nahle, pues el propio titular del Ejecutivo fue testigo que los propios jóvenes militantes de Morena lo rechazan.
AMLO evitó a la prensa en su visita de ayer
Se confirmó. La columna del jueves la abrí con lo siguiente: “A punto de que regrese al estado el presidente Andrés Manuel López Obrador (podría venir hasta en dos fechas diferentes en este mismo mes; será su primera visita del año a Veracruz), en medio del escándalo por la entrega de contratos por más de 100 millones de pesos a una empleada administrativa de la SEV que apenas si gana 9,581 pesos al mes, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez salió ayer a defender su inocencia”.
El presidente estuvo ayer en una reunión privada con “Servidores de la Nación” y regresaría el próximo domingo 19 al sur del estado para cumplir actividades relacionadas con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
De la reunión de ayer se buscó que no se supiera con anticipación. Se evitó a la prensa. No se sabe si aparte de los temas con los “Servidores” AMLO tocó el tema de los 100 millones de pesos con el gobernador.
Tiene que haber transparencia; se tiene que investigar: Manuel Huerta
Por otra parte, mientras que la directora general del DIF Estatal Veracruz, Rebeca Quintanar Barceló, le tiró la bolita de la responsabilidad a la directora Administrativa Nayeli Martínez Calderón, por el otorgamiento de contratos millonarios a una simple empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), el delegado federal de los programas para el Desarrollo en el estado, Manuel Huerta, declaró que tiene que haber transparencia y que se tiene que investigar.
La funcionaria, quien en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa fue jefa del Departamento de Enlace Interinstitucional de la propia SEV y estando en su actual cargo seguía cobrando en la dependencia educativa, confirmó que sí le entregaron contratos a Araly Rodríguez Vez, aunque trató de evadir cualquier responsabilidad al decir que confió totalmente en su subalterna administrativa y apuntó más arriba, a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Aclaró que la dirección a su cargo no participa en las licitaciones ni en la entrega de contratos, pues todo lo determina un subcomité de adquisiciones y la Dirección Administrativa y que a ella solo le informan de las empresas que van a participar; que la relación de empresas la proporciona la Sefiplan. Al igual que el gobernador, dijo que se está investigando, aunque adelantó que “todo está en regla”.
Por lo que dijo, está totalmente en manos de la directora Administrativa, pues finalmente ella es quien debería tener la última palabra para autorizar, o de otra forma abstenerse y no firmar ningún documento, pero, si como dice, todo está en regla, entonces firmó de consentimiento y cualquier irregularidad la involucraría pues ella sería la directamente responsable. Asimismo, por lo que dijo, las empresas las imponen desde Finanzas.
“Todo mundo está viendo lo que ocurre”, dice el delegado
En cuanto al delegado federal de Bienestar, dijo que compete a órganos autónomos, como el Orfis, aclarar el tema de las empresas fantasma, aunque eludió mencionar que la Contraloría General del Gobierno del estado y las contralorías internas debieron vigilar que se hiciera un correcto uso de recursos y, en todo caso, denunciar toda anomalía.
Entrevistado ayer por la mañana en el puerto de Veracruz dijo que el tema es del gobierno estatal, “ellos lo tienen que ver… ¿Qué opino? Que tiene que haber transparencia, que todo se tiene que aclarar, que para eso hay órganos autónomos del Poder Federal, de la Cámara de Diputados, están los órganos de fiscalización, está todo mundo viendo lo que ocurre, tiene que haber una solución”.
Se negó, en cambio, a comparar este caso con el de las empresas fantasma del gobierno de Javier Duarte, con un argumento muy endeble: por la diferencia del monto de las cantidades. Expresó que en el gobierno del priista fueron “ochenta mil millones de pesos los que se llevaron”, y en el caso de las empresas fantasma del actual gobierno son apenas más de 100 millones de pesos, aunque no tomó en cuenta otra diferencia: que en el gobierno anterior el monto fue por el total del sexenio y de todas las dependencias involucradas, y en el actual apenas es por un solo caso en cuatro años que involucra ya a tres dependencias.
Marlon entra en defensa de los derechos de Araly
Sobre el tema, el viernes, durante la instalación de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del CDE de su partido, el dirigente estatal del PRI salió en defensa de los derechos a Araly Rodríguez Vez.
Dijo que el grupo legislativo tricolor en el Congreso local ha buscado ser una oposición que contraste la realidad con documentos, fundamentos jurídicos y la argumentación suficiente “que no permita que el gobierno en turno desvirtúe, nos señale o nos vitupere por lo que hemos expresado”.
“No es motivo de alegría que hayamos descubierto que este gobierno no está haciendo lo que prometió; desde el 2019 le hemos señalado lo que están haciendo mal y finalmente el titular del Ejecutivo hace unos días lo reconoció y nos dio la razón”.
Mencionó entonces que el PRI pide una investigación exhaustiva en el caso Araly Rodríguez Vez, y que además reprueba la violación de sus derechos laborales; “se debe conocer la red que está detrás de esto, investigar quiénes son los amigos que facilitan la obtención de estos contratos en dependencias como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública”.
