Por Guilebaldo Flores Lomán
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas estipulaciones tienen supremacía de ley que no pueden ser contravenidas por alguna otra disposición legal establece que el pueblo ejerce “su soberanía” por medio de los Poderes de la Unión y por los de los estados.
Igualmente que los poderes mencionados serán renovados mediante elecciones libres, auténticas y periódicas con la participación de los partidos políticos nacionales que tendrán el derecho a participar también en las elecciones estatales y municipales.
Expresa la Constitución que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática y hacer posible la de los ciudadanos en el ejercicio del poder público mediante el sufragio individual, libre, secreto y directo. Igualmente que solo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. También, que tienen como prerrogativas votar en las elecciones populares, poder ser votados para todos los cargos de elección popular, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pública en los asuntos políticos del país.
Dentro de ese marco legal, con apego al texto y espíritu de las normas que contiene y en ejercicio de los derechos y libertades básicas de nuestro sistema de Gobierno Republicano, Representativo, Democrático y Federal; propongo con voz y pensamiento de muchos a las dirigencias de los partidos políticos nacionales y locales en el gobierno y en la oposición, a sus miembros, afiliados y simpatizantes y también a los ciudadanos sin afiliación partidaria que persistan y concreten acuerdos para la creación y participación de alianzas electorales en las elecciones que serán celebradas en diferentes estados del país este año 2016.
Lo hago también como muchos más, desde una condición de ciudadanos sin afiliación partidaria interesados en buscar soluciones conjuntas, pacíficas y democráticas a un conjunto de asuntos que representan problemas cada vez más graves cuya corrección y solución efectiva rebasa en ocasiones o se contrapone en los hechos a programas, principios y acciones de cualquier partido en particular actuando aisladamente; sin contrapesos y equilibrios reales.
En este caso nuestra propuesta en concreto está dirigida a los dos partidos políticos nacionales PAN y PRD que a través de sus vocerías oficiales o por conducto de sus dirigentes nacionales y locales han manifestado su propósito, legal, legítimo, políticamente justificado de buscar aliarse en elecciones estatales de este año en persecución de una alternancia que pueda sentar las bases de un proceso político transicional que permita buscar con mayor posibilidad de éxito la solución de los grandes temas no resueltos por las acciones de gobierno de un solo partido. Singularmente el tema suprapartidario por definición; el del interés nacional, el de la sociedad en su conjunto, que sin ninguna duda están por encima de los intereses de cualquier individuo, grupo o partido político en particular.
En democracia, la unión, fusión, acción conjunta, pacto, coalición, alianza entre partidos, no es algo inédito; por el contrario, resulta consustancial a ella, forma parte de su naturaleza y definición; el diálogo, la confrontación de las ideas, la búsqueda de coincidencias, son la esencia del juego democrático y el soporte en este caso de la competencia electoral civilizada y transparente.
En el año 2000 en México la alianza del PAN y el Partido Verde dieron paso a una alternancia en la Presidencia de la República que no se daba desde hacía más de 70 años; en el año 2012, la alianza del PRI y el Partido Verde consiguió el voto mayoritario para alcanzar la alternancia ahora, tras 12 años de gobierno del PAN.
Los que considera sus logros más altos y trascendentes de una agenda reformista, modernizadora, diferida por decenios el actual gobierno de la República; son el resultado de un pacto, de una alianza parlamentaria del PRI en algunos casos con el PAN en otros con el PRD y entre los tres en otros más: reforma energética, reforma educativa, reforma financiera, reforma en telecomunicaciones, reforma hacendaria… son inacabadas o perfectibles, reformas al fin resultado de la alianza de los representantes del partido en el gobierno con los de los partidos en la oposición; no hay nada de esperpéntico o inédito en lo anterior, así funcionan los gobiernos en los regímenes democráticos.
En varios estados de la República ha ocurrido algo semejante: Puebla, Oaxaca, Sinaloa y la democracia no se ha fracturado ni ha advenido la catástrofe social ni económica o la anarquía, los problemas han seguido siendo combatidos con los instrumentos institucionales dentro de la ley.
En otros países los ejemplos en paralelo se multiplican; la pluralidad política y las negociaciones abiertas en pos de gobernabilidad y paz social se convierten en práctica democrática (España, Grecia, Venezuela, Argentina por hablar de casos recientes).
En México; en las coyunturas electorales surgen las posiciones a favor o en contra de las alianzas; no solo entre adversarios políticos; sino en el seno de cada partido en el que hay opiniones contrapuestas por razones de carácter ideológico o de pragmatismo político.
Sin embargo hay una agenda común declarada en todos los partidos y en el gran segmento de los ciudadanos que no pertenecemos a ninguno:
Esa agenda de problemas suprapartidarios se sobrepone a la regla de oro de la competencia electoral, que es contrastar propuestas, diferenciarse, reconocerse distinto del adversario político, para dejarle claro al elector la dirección de su voto.
Y ese conjunto de asuntos pendientes de resolver, presentes ostensiblemente en mayor o menor medida en todo el país, en una percepción amplia, mediática, difundida, persistente, no aclarada debidamente, es resumible en algunos temas centrales que debieran ser el compromiso de una agenda de gobierno para el caso de victoria electoral de una alianza de partidos, en el caso de Veracruz en los siguientes aspectos:
1.- La demanda más extendida y urgente es Empleo, en particular para los jóvenes de todos los estratos sociales, bajo la premisa de que éste solo puede generarse por la inversión: pública y/o privada; la primera, solo cursa si los recursos del dinero público destinados a la misma se aplican sin desvíos a sus objetivos y no se merman o desaparecen por robo, corrupción o aplicación indebida; la segunda, requiere incentivos económicos, seguridad jurídica y seguridad pública y no puede fluir plenamente si tropieza con exigencia de cobros ilícitos dentro del gobierno y además extorsiones de la delincuencia.
2.- La Inseguridad Pública que en una importante proporción es resultado de la colusión e infiltración de la delincuencia y los cuerpos de seguridad y autoridades de gobierno. Depurar, limpiar y desanudar ese binomio es tarea pendiente que requiere voluntad y acción reales de gobierno de los tres niveles, particularmente del estado y municipales.
3.- El Sistema Pensionario en general va perdiendo viabilidad y sin un correctivo radical puede colapsar; los jubilados ya empiezan a sentir los efectos de esa torcedura de la seguridad social y el espectáculo de Viejos rogando por su pensión como limosneros y autoridades engañándolos e intentando reprimirlos genera rechazo, repudio general, más aún; si su propio dinero ha sido escamoteado, desaparecido, malversado sin justificación ni explicación convincente alguna.
4.- Los tropiezos y dificultades en el apoyo material obligado e institucional a la Universidad Pública, a la educación superior, en este caso a la Universidad Veracruzana que puedan ser resultado de un manejo indebido de los recursos públicos, tocan un botón de alarma y tienen un potencial de disturbio social y protesta estudiantil radical que requiere la atención y solución urgentes del próximo gobierno.
5.- El no pago a Empresarios (comerciantes, contratistas, proveedores, prestadores de servicios) que contratan con el gobierno, el diferimiento indefinido y bajo amenaza de lo que se les debe causa desaliento e irritación, es paralizante de la actividad económica y se reproduce radialmente y en cascada a miles de negocios y decenas y miles de trabajadores. Es una dura enfermedad, una calamidad que lleva años y requiere corrección urgente también por el próximo gobierno.
6.- El uso electoral de Programas Sociales Institucionales que tercamente se ponen en manos de responsables partidariamente comprometidos, enturbia el proceso electoral y genera inconformidad, litigio, es corrosivo para la democracia y ya tiene un precedente conocido en el estado de Veracruz que ahora nuevamente se repite, requiere atención subrayada y atajamiento oportuno y radical.
7.- Los centros del sistema de Salud Pública, clínicas, hospitales, soportan según reiterada denuncia pública y de sus pacientes y empleados un desabasto crónico de insumos, de medicamentos básicos y carecen de equipamiento e instrumental funcional. Esta es una realidad que hiere doblemente, afecta mucho a los más necesitados y compromete a toda la estructura de seguridad social del país.
Sin excusa ni dilación un nuevo gobierno tiene que meterle mano al problema, lo exigen derechohabientes, médicos, trabajadores de enfermería y en general la sociedad toda que rechaza esa incuria sin justificación.
8.- La integración y funcionamiento de los “Órganos Autónomos” como: El Instituto Electoral Veracruzano, La Contraloría General del Estado, La Comisión Estatal de Derechos Humanos, El ORFIS, así como los órganos de procuración de justicia solo por referir algunos, que resultan entidades complementarias de la división de poderes y de la presencia ciudadana en la marcha de su gobierno en un sistema de contrapesos y equilibrios, se desvían a la simulación formal, la disfuncionalidad y la convalidación fáctica del autoritarismo y el irrespeto al estado de derecho al responder abiertamente a los intereses del poder ejecutivo.
El maltrato a los viejos, la falta de oportunidades para los jóvenes, el contraste entre la opulencia y el boato de gobernantes corruptos e impunes que ostentan su riqueza y gente de la clase media y de estratos menos favorecidos que batallan duro sin suficientes frutos, causan agravios, irritación, condena, repudio abierto o larvado que pueden estallar no solo por las vías democráticas del voto; sino por la alteración de la paz social y el retraso en alcanzar mejores metas de bienestar y desarrollo.
Parece claro para millones que así lo manifestamos en forma explícita que este conjunto de asuntos tan graves deriva básicamente y en principio de un manejo discrecional, ilegal, punible de los recursos que por ley le pertenecen a todo el pueblo de Veracruz y que por actos de corrupción reiterada y sin castigo legal han producido efectos perniciosos por montos incuantificables y rezagaos sociales que llevará años corregir.
Estos temas de agenda de gobierno están bien implantados en la opinión pública por la rapidez y eficacia de las nuevas formas de comunicación por redes que suplen los sistemas tradicionales; cada vez más obsoletos, anacrónicos de manejo de la información real o inductiva.
Creemos que la alianza electoral debe intentarse y concretarse por parte del PAN y el PRD, creemos que va a colectar más gente aún del partido en el gobierno, es muy posible y previsible que falle la estrategia de dispersión del voto por parte del gobierno a través de “candidatos independientes” frente a la reacción del Voto Útil.
Los problemas y desviaciones mencionados afectan parejo, no piden credencial de afiliación, están arriba de los partidos y parece que solo podrán resolverlos los mejores, más capaces y honrados hombres y mujeres de todos los partidos.
En todo caso, el veredicto le corresponderá a los electores, a la ciudadanía y por eso cualquiera que sea el resultado es legítimo, ético y congruente en este contexto intentar concretar las alianzas.
