El pasado 24 de febrero, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez minimizó las denuncias de los dirigentes del PRD y del PT de que aspirantes de sus partidos a cargos de elección popular habían sido amenazados de muerte por lo que habían optado por retirarse de la contienda. Negó que existieran focos rojos y dijo que no había riesgos.
En esa misma fecha, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, aseguró que no tenía conocimiento de que tal cosa hubiera sucedido y que estaba garantizada la seguridad para los aspirantes; que había que preguntarle a quien lo decía.
A las denuncias de perredistas y petistas se sumó el partido Unidad Ciudadana. A inicios de este mes su secretario general Francisco Hernández Toriz dijo que incluso ya tenían una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por las amenazas que había recibido una aspirante de su partido a diputada por el distrito de La Antigua.
Ese mismo día, pero en Atzalan, el precandidato de Morena a la alcaldía, José Luis Arcos González, a través de un video denunció no solo amenazas a él sino también a su familia de la que dijo que había tenido que sacarla y llevarla a un lugar seguro; que él había sido ya objeto de una persecución y señaló como autores a un grupo opositor, a un exalcalde dueño de un hotel y a personas que habían cometido un fraude en la caja El Azotal. “No me voy a bajar” (de la contienda), advirtió.
En el caso del PT, el 23 de febrero su dirigente Vicente Aguilar denunció en conferencia de prensa que cinco de sus precandidatos habían recibido amenazas y mencionó los de dos municipios: el de Texistepec y el de Sayula de Alemán.
En “Prosa aprisa” del 12 de febrero comenté que aspirantes estaban siendo amenazados por hombres armados y cité también la denuncia que había hecho el dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez, quien citó casos de aspirantes de su partido en Ciudad Mendoza y Fortín.
Dije entonces que de acuerdo a la información que se me había proporcionado de algunos casos, hombres armados habían llegado hasta las casas o los centros de actividades de los aspirantes y apuntándoles los habían amenazado para que se retiraran (a uno le habrían puesto una pistola en la sien delante de su familia).
En esa misma fecha comenté también que un día antes, en el municipio de Puente Nacional, habían asesinado de un balazo en la cabeza a Gilberto Ortiz Parra, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Úrsulo Galván, un municipio vecino (hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado no ha resuelto el caso).
En mi columna del 12 de febrero comenté: Hasta ahora, ninguna autoridad del Gobierno del Estado ni del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV) ha hecho algún pronunciamiento sobre la protección que se está dando o se dará a quienes han manifestado su intención de participar en la contienda en busca de un cargo de elección popular, o a quienes ya se han inscrito como precandidatos.
Había ceguera y sordera
No se comentaba nada por la ceguera y la sordera tanto del gobernador como del secretario de gobierno, quienes ni escuchaban las denuncias ni veían a los denunciantes. Aplicaban el ni los oigo, ni los veo, de Carlos Salinas de Gortari. Para ellos, al mejor estilo de Javier Duarte, en Veracruz no pasaba nada.
Ayer un ataque armado contra otro precandidato, Melquiades Vázquez Lucas, del PRI, que le costó la vida, quien aspiraba de nuevo a la alcaldía de La Perla, seguramente los sacó del letargo en que han venido viviendo y los devolvió a la cruda realidad: los aspirantes, de todos los partidos, están ya a expensas de la delincuencia, que está tomando el control de las candidaturas en el Estado.
Mientras la seguridad de los aspirantes está en riesgo y acribillaban a uno de ellos, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, presumía en sus cuentas de las redes sociales que en cuarenta días no se habían registrado homicidios dolosos. Por su parte, ante los hechos, la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, ha guardado silencio.
Ayer todo el gobierno cuitlahuista quedó exhibido cuando el propio presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un plan de protección para más de 21 mil aspirantes, para que no los impongan, dijo, grupos de interés, de la delincuencia organizada y de “cuello blanco”. “Que no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses”.
Complementariamente, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó del serio riesgo que existe para los aspirantes en Veracruz. Dijo que hay regiones del país en donde el crimen organizado y el “de cuello blanco” buscan tener el control mediante campañas de miedo.
Reveló que de septiembre pasado a la fecha se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 muertos y que más de la mitad de los hechos de violencia política se concentran en siete estados, uno de ellos Veracruz.
Mencionó que en otros siete, en los que volvió a incluir Veracruz, la Secretaría a su cargo identificó un alto riesgo de que las y los candidatos sean cooptados por la delincuencia.
Indicó que además de las agresiones y los homicidios, el crimen organizado suele intimidar, secuestrar, extorsionar e incluso quemar los domicilios de los aspirantes políticos.
También, que “se coluden con actores políticos de los partidos o gobiernos locales y desde antes del proceso electoral ofrecen financiamiento o donativos en especie o les otorgan protección y personal”.
Ayer tuvo que ser la propia Rosa Icela Rodríguez quien le solicitó al gobierno de Cuitláhuac que colabore en la protección de aspirantes a candidatos amenazados, riesgo que él y el secretario de Gobierno no reconocían. Solo así dijo que se adhería a la estrategia.
La oposición, tenía razón. Hasta anoche, el Gobierno del Estado y la Fiscalía no habían reaccionado ante el crimen del precandidato de La Perla.
Vienen dirigentes nacionales del PAN-PRI-PRD
Para inicios de la próxima semana se espera la presencia en el puerto de Veracruz de los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés, del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano. No se conoce la agenda, pero se cree que sería para cerrar la negociación de la alianza en Xalapa y tal vez anunciar la solución para Veracruz.
Por lo que hace al tricolor, los diputados Héctor Yunes Landa y Anilú Ingram Vallines solicitaron licencia pero no está determinado si serán candidatos a diputados locales o federales y si uninominales o plurinominales. Lo hicieron para cumplir con el requisito de separación a tiempo de su cargo.
Le pusieron estrellita en la frente a Manuel Huerta
A diferencia de la práctica priista de que cuando venía un secretario de despacho se hacía mucha alharaca, ayer estuvo en Xalapa, sin hacer ruido, el secretario de Bienestar, Javier May, un conocido del delegado Manuel Huerta (venía antes como subsecretario de la misma dependencia), a quien le puso una estrellita en la frente por su trabajo, que calificó de “excelente”.
May evaluó el avance de los programas y se vino a asegurar (¡cof, cof, cof!) que estén blindados los programas para que no se les dé uso electoral (¡gulp!, casi me atoro, estaba comiendo un bocadillo mientras escribía). Pero ¡aguas! mis servidores de la nación, dijo que el uso electoral es un delito grave, sin derecho a fianza.
