*No se debe actuar como una dictadura sino acatar las leyes
*Sheinbaum se burla: 8 ministros no frenarán reforma al PJF
ENTRE LA titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum y sus Senadores y diputados Federales aliados de la Cuarta Transformación, pareciera estarse incubando una confrontación con el tercer Poder del Estado no sometido, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un hecho que podría derivar en la intervención de Tribunales Internacionales. Y es que los primeros no solo se rehúsan a acatar las sentencias del Poder Judicial Federal, sino que, incluso, se burlan de estas, como lo hizo el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador al publicar la reforma a esa instancia pese a las suspensiones emitidas, o ahora que el INE pretende organizar las elecciones de jueces, magistrados y ministros muy a pesar de que existen amparos que lo impiden. Y es que la Ley de Amparo establece para el delito de desacato a una sentencia penas de prisión, multas, inhabilitación o, incluso cárcel para quien no cumple con la orden judicial. No es secreto que la independencia judicial es un principio fundamental en cualquier sistema democrático, y que en México ese principio es reconocido y protegido por la Constitución y las leyes. Se trata de uno de los presupuestos esenciales para el funcionamiento del Poder Judicial, de tal suerte que constituye una garantía instaurada para impedir injerencias de los otros poderes en la resolución de los litigios sometidos a su conocimiento. En ese sentido, las y los jueces deben tener garantizadas ciertas condiciones mínimas que le permitan emitir sus resoluciones libremente, como son: la selección y el nombramiento; la inamovilidad y remuneración; la autonomía financiera y administrativa, entre otras. Aunque es sabido que estas garantías iniciales no siempre se cumplen en los países latinoamericanos, el desacato mina la independencia del Poder Judicial, y México no es la excepción, sobre todo a partir del arribo de la llamada Cuarta Transformación al poder.
AHORA BIEN, una nueva suspensión, que se suma a las sentencias ya emitidas, ha sido concedida por un juez Federal a Movimiento Ciudadano, mediante el cual se ordena suspender la Reforma Judicial en las 32 entidades. El amparo concedido detiene la implementación de la Reforma Judicial en todos los Estados del País, de tal manera que,
ningún Congreso local podrá modificar su constitución ni despedir jueces o magistrados locales hasta que se resuelva el caso. El fallo representa un golpe importante a la Reforma Judicial, limitando temporalmente su alcance en todo el País. El comunicado emitido por Acción Nacional describe una suspensión provisional, la cual ordena que las autoridades no realicen cambios en las constituciones locales para ajustar a la reforma judicial en un plazo de 180 días. “Para que se impidan los efectos y consecuencias del decreto referido, esto es, para que las autoridades responsables se abstengan de atender el octavo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (…) se abstengan de realizar las adecuaciones a las constituciones locales para ajustar la reforma judicial dentro del plazo de ciento ochenta días naturales”. Esto incluye la prohibición de la elección de jueces locales y la suspensión del proceso, en caso de haber sido realizado. La medida cautelar tiene efecto inmediato y no requiere garantía debido a la naturaleza del reclamo.
EL VIERNES, la flamante Presidenta Claudia Sheinbaum, respondió a ese y otros retos desde Veracruz, aduciendo que la decisión de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de revisar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), no tiene sustento y se adoptó más por criterios políticos que jurídicos (con respeto señora Presidenta pero, usted es científica o al menos así se presenta y no abogada), por lo que consideró los amparos y la revisión, como “un golpe aguado, no un golpe de Estado, porque, la verdad, ¿qué sustento tiene?”, se pregunta, al tiempo que critica la intención de los ministros que avalaron esa decisión: “¿qué pretendían? Pienso que, en primera, provocarnos para que les demos argumentos de decir: ‘¡ay, miren qué autoritarios son!’ No vamos a caer en ninguna provocación, en ninguna”. En este contexto, adelantó que su gobierno no promoverá acciones contra estos ministros, porque no somos un gobierno autoritario, sino democrático. Más aun, en respuesta a la decisión de la SCJN, enfatizó que “no vamos a caer en ninguna provocación, pero habrá elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, porque eso es lo que dice el 39 constitucional, es la decisión del pueblo de México”.
