’26/05/2022’

Asesinatos a pesar del Mecanismo

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Ahora los asesinatos de periodistas, defensores de derechos humanos y defensores de la tierra tienen un común denominador: el rechazo previo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jorge Ruiz, perteneciente a la Segob.

La defensora del Bosque Ñuu Savi (Mixteca), Irma Galindo Barrios está desaparecida desde el 27 de octubre del 2021, informaron colectivos feministas y organizaciones sociales, quienes advirtieron que urge encontrarla para salvaguardar su vida, pues corre peligro por las denuncias que ha hecho contra los talamontes en su municipio, San Esteban Atatlahuca, Oaxaca.

A pesar de estos antecedentes de múltiples agresiones, su análisis de riesgo fue calificado por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como “ordinario”, lo que significa que “puede esperar” y que “su vida no corre peligro”. Ahora está desaparecida.

La Red de Defensoras de México informó que el 29 de octubre debía asistir a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Ciudad de México, perteneciente a Jorge Ruiz, para que se volviera a evaluar su caso, pero nunca llegó. Desde el 2019, la ambientalista se resguarda por su cuenta, a pesar de que ya solicitó protección ante el Mecanismo.

El 27 de octubre del 2021, Irma a través de sus redes sociales denunció el conflicto que vive su comunidad y señaló que el gobierno del estado de Oaxaca lleva más de dos años “aplicando estrategias” entre las que se encuentran el desplazamiento forzado, “que vulneran a las y los habitantes defensores de Mier, Terán y Ndoyonuyuji”.

En 2018, Irma enfrentó intimidación por parte de servidores públicos, así como hostigamiento, persecución, campañas de difamación y amenazas de muerte a raíz de su defensa de los bosques en el municipio de San Esteban Atatlahuca, Oaxaca, México, y a raíz de su denuncia de tala ante la Semarnat.

El 27 de octubre de 2019, Irma denunció el clima de hostigamiento en su contra por parte del presidente municipal Heriberto Nicanor Álvaro Galindo, electo por el método de usos y costumbres, y del comisariado Crescenciano Sandoval Quiroz.

Desde su casa en San Esteban Atatlahuaca, veía todas las noches el trasiego de camiones cargados de troncos recién talados. Presentó denuncias ante la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión Nacional Forestal. Nunca obtuvo una respuesta de las autoridades, pero sí de los talamontes: un comando armado quemó su casa y las de otros defensores comunitarios en noviembre de ese año.

El 10 de noviembre de 2019 fue incendiada su casa, y desde ese momento se vio obligada a esconderse durante varios días. En la misma fecha le prendieron fuego a más de 10 casas de su comunidad. Se responsabilizó de tales hechos al presidente municipal y a las autoridades comunitarias.

“Volví porque yo no tengo por qué esconderme, no estoy haciendo nada malo, estoy defendiendo un bosque que beneficia a nuestras comunidades”, dijo Irma Galindo al regresar a casa luego de los incidentes de 2019.

El 23 de octubre de este año hubo varios ataques armados en los pueblos de San Esteban Atatlahuca que obligaron a cientos de personas a abandonar sus hogares, decenas de niñas, niños, mujeres y personas de la tercera edad a permanecer en un campamento improvisado en la comunidad de Mier Terán y Ndoyonuyuji.

Se solicitó a la Fiscalía General del Estado que, como medida cautelar, realice las labores de búsqueda de la ambientalista con estricto apego a lo dispuesto por el “Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No localizadas”, para garantizar una investigación eficaz.

El 23 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a buscar a Irma Galindo. Afirmó en su conferencia matutina: “Vamos a dar a conocer este caso. Sobre todo, procurando que la recuperemos”.

 

Lucía Lagunes, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo, señaló su preocupación por la desaparición de la ambientalista y expresó que hace una semana solicitó a la Comisión Ejecutiva Nacional del Mecanismo que informe sobre las acciones a seguir para la búsqueda de Irma, pero no ha tenido respuesta.

 

Agregó que el Mecanismo debe garantizar la vida de las defensoras, además de incorporar las acciones con perspectiva de género y acorde a las realidades de casa región.

 

Laura Barranco, periodista y defensora del bosque del Parque Nacional de los Remedios, en Naucalpan, lamentó la actuación del personal del Mecanismo y dijo que es “terrible” que a 26 días de la desaparición no haya un pronunciamiento oficial.

 

Desde 2019, Barranco está “protegida” por el Mecanismo y trabaja en medios. Como Irma, ella cuida su bosque de la tala clandestina. Aseguró que el Mecanismo es, o debe ser, un bien común para los defensores y periodistas, pero hace falta “limpiarlo”, porque su personal es inoperante.

 

“El personal tiene un desconocimiento absoluto, no tienen idea de los alcances del Mecanismo y eso es grave, no hay sensibilidad, no saben nada”, agregó la defensora ambiental.

Lo cierto es que caen líderes ecologistas, defensores de derechos humanos y periodistas, y el Mecanismo de Jorge Ruiz se mantiene indiferente e insensible ante las muertes continuas de las personas que debe proteger.

La Junta de Gobierno del Mecanismo es una herencia del viejo régimen, que no ha cambiado de funcionarios y se muestra cada día más burocratizada e ineficaz.

Descuidar un minuto más el Mecanismo significa exponer la vida de defensores de derechos humanos, protectores del ambiente y periodistas. Son ya muchos los caídos como para permitir que continúen y es tiempo de terminar con la impunidad que estos crímenes representan.

PEGA Y CORRE. – El territorio nacional es un cementerio. El colectivo Madres Buscadoras de Sonora localizó más de 20 cuerpos en fosas clandestinas ubicadas en Miguel Alemán, Hermosillo. Cecilia Flores Armenta, presidenta del colectivo, pidió la intervención de Carmen Rosa Villa, del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, para que interceda ante el gobierno mexicano con el fin de agilizar la exhumación de los cuerpos. De esto no habla la oposición, porque todas las víctimas fueron asesinadas antes de diciembre de 2018, con la complicidad, omisión o instrucción de autoridades… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

 

 

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