Entre lo utópico y lo verdadero
Por Claudia Guerrero Martínez
29 de febrero del 2024
ASF detectó el 85 por ciento de contrataciones directas en el Poder Judicial de Veracruz en clara corrupción
***Discrecionalidad y opacidad en gobiernos de MORENA y MC reprobados por el Órgano de Fiscalización de la Federación evidenciando quebranto patrimonial.
Nadie entiende por qué siguen vigentes las prácticas poco transparentes y cuestionables en el Poder Judicial de Veracruz. En pasados días, la Auditoría Superior de la Federación hizo entrega de su Informe General de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022. Y concluyó en la grave irresponsabilidad en sus contrataciones públicas, violentando la Ley de Adquisiciones y peor, evidenciando un claro quebranto patrimonial. Lo interesante es que estas anomalías las presenta un gobierno de MORENA y que se ostenta como “honesto”, siendo el caso del que sólo calienta la silla en Palacio de Gobierno, Cuitláhuac García Jiménez. Les cuento.
La ASF incluyó la publicación del Informe Individual de la Auditoría número 1922, con la liga: https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2022_1922_a.pdf realizada al Gobierno del Estado de Veracruz y sus distintos entes y poderes públicos, donde el Órgano de Fiscalización Superior evidenció que el Poder Judicial del Estado de Veracruz realizó más del 85 por ciento de sus contrataciones públicas mediante adjudicación directa y el resto mediante invitaciones restringidas.
¿Esto qué quiere decir? Implica que en los contratos celebrados por el Poder Judicial de Veracruz no existen concursos abiertos y no hay posibilidad de que se oferten las mejores condiciones económicas y/o técnicas, siendo penoso que los contratos y los recursos se quedan en manos de quienes fueron designados por dedazo o de quien es invitado de forma exclusiva por los que manejan los recursos dentro del Poder Judicial en el Estado.
Evidenciado la poca transparencia con la que el TSJ de Veracruz realiza sus procedimientos de contratación, en 13 contratos revisados por el máximo órgano de fiscalización federal, el Poder Judicial de Veracruz no presentó diversa documentación que compruebe los gastos realizados y se compone de entregables, estados de cuenta, comprobantes de pago, pólizas contables, entradas al almacén, entre otros, por un monto de más de $15 millones pesos.
El Poder Judicial de Veracruz también destinó recursos de las participaciones a la ejecución de obra pública, en la que generó posibles daños patrimoniales por poco más de $60 millones de pesos, en tanto, al igual que en las compras realizadas, no cuenta con el soporte documental que acredite haberse realizado los trabajos.
Lo más escalofriante: No hay concursos, los contratos se asignan discrecionalmente, no existen entregables, ni evidencia de los pagos o de los trabajos realizados por los proveedores. Las cosas no se ven bien en el poder encargado de la impartición de justicia en el Estado de Veracruz. Esperamos que con este ejercicio de transparencia y vigilancia que realiza la ASF, las autoridades volteen a ver y tomen medidas sobre lo que sucede en el Poder Judicial del Estado de Veracruz.
Y no sólo pasa en Veracruz. En el caso de Hidalgo, gobernando por MORENA, la ASF observa posibles desvíos por más de mil millones de pesos y este órgano auditor notificó a la Cámara de Diputados su tercera entrega de informes para la Cuenta Pública 2022, el pasado martes 20 de febrero. Dentro de los informes notificados a los diputados, va el de la revisión 1059, realizada a las Participaciones Federales para el Estado de Hidalgo y no le fue nada bien.
El Órgano de Fiscalización Superior de la Federación observó más del 10 por ciento de la muestra auditada, lo que significa que 1 de cada 10 pesos ejercidos por la administración estatal no fueron comprobados a la autoridad auditora. El gobierno de la entidad no acreditó más de $800 millones de pesos de recursos federales ejercidos en diversos conceptos. Ejemplos: La administración de Hidalgo no acreditó la realización de un diagnóstico de la salud en Educación media y superior. No presentó la documentación que ampare la distribución de los libros de texto en inglés. Tampoco acreditó la adquisición de software, de equipo médico y de laboratorio, ni de vehículos terrestres, entre otros conceptos.
Las irregularidades no están únicamente en las compras y contrataciones de servicios. En materia de obra pública, rubro que históricamente ha sido utilizado para desvíos de recursos públicos, la administración estatal no pudo acreditar la debida recepción y conclusión de obras pagadas con las participaciones federales por un monto que asciende a más de $300 millones de pesos. También, en la entrega de apoyos sociales, medicinas y material electoral, la ASF observó que la administración hidalguense no proporcionó evidencia suficiente por lo que en este rubro se observaron casi $40 millones de pesos de quebranto patrimonial. Es el primer año de revisión en la nueva administración del estado y tenemos estos resultados.
En el mismo tema, en Puebla, también gobernado por MORENA, las adjudicaciones directas están a la orden del día. La Auditoría Superior de la Federación reveló en su revisión a las Participaciones Federales que el municipio de Puebla realizó la asignación de 8 contratos por “dedazo”, para la adquisición de los servicios de difusión, monitoreo, estudios, asesorías, consultorías, diseño e implementación de plataformas de sistematización de procesos gubernamentales, de los cuales, las autoridades poblanas no presentaron documentación que compruebe la materialidad de los servicios contratados. Recordemos que el municipio de Puebla, actualmente es gobernado por un alcalde del PAN.
La administración municipal no pudo comprobar gastos por más de $57 millones de pesos, esto en tanto el órgano máximo de fiscalización del país determinó que los documentos exhibidos por el municipio carecen de legitimidad o elementos suficientes.
Finalmente y para no variar, la misma administración municipal adjudicó un contrato de obra pública por más de $4 millones de pesos, sin comprobar que la obra estuviera terminada. La administración poblana no entregó documentos que acrediten la correcta conclusión y entrega de la obra realizada al amparo del contrato OP/LP014/SMIMP-2022-40481. “Obra pagada, no comprobada”, dirían algunos.
Medios de comunicación de Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano indican que esta entidad federativa es el Estado con más colusiones en sus contrataciones e informan que la ASF identificó un claro conflicto de intereses y contrataciones simuladas por parte de la Secretaría de Obras de Jalisco simulando procedimientos de contratación, invitando a empresas vinculadas entre sí para participar en concursos y recibiendo contratos por $507 millones 961, 696.95. Lo peor, que el escándalo fue mayúsculo cuando en el área de Cancerología, el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez contrató a una empresa que tiene como socio a un familiar del secretario de Salud de Jalisco. Mismo caso en otras dependencias de Salud, donde se adjudicó contratos por $18 millones 217, 536.98 y los socios de las empresas tienen vinculación. Lo mismo pasa con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco adjudicando un contrato y detectaron que los socios están vinculados entre las mismas empresas. Jalisco tiene el mayor número de Colusiones en sus contrataciones, así como conflicto de interés y contrataciones simuladas en el 2022.
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