· Comparece titular del organismo, Namiko Matzumoto Benítez, ante la comisión respectiva.
El Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, atendió el informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), presentado a esta Soberanía, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 67 de la Constitución Política local, 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 154 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Poder.
Ante el diputado Alexis Sánchez García y las legisladoras Deisy Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz, presidente, secretaria y vocal de dicha Comisión, la titular del organismo, Namiko Matzumoto Benítez, dio cuenta de las acciones y actividades llevadas a cabo durante 2019.
En el tema de igualdad entre mujeres y hombres, dijo que se actualizaron los instrumentos de recolección del monitoreo realizado durante 2018, lo que derivó en la modificación de 21 instrumentos de recolección, de los cuales se enviaron 20 a entidades de la administración pública estatal y uno a los 212 municipios del estado. A finales de diciembre de 2019, se contó con la respuesta de 55 municipios y de 20 entidades de la administración pública.
Además, con la finalidad de obtener información interseccional, se generó un instrumento para los 52 municipios con población mayoritariamente indígena, los cuales fueron enviados a los ayuntamientos. A finales de diciembre de 2019, se contó con la respuesta de 46 municipios.
Este año, la carga de trabajo de los visitadores de la CEDH fue en promedio de 359 solicitudes de intervención y 49 quejas por cada visitador.
Al hablar de la restructuración del organismo, destacó el inicio de operaciones de las áreas de Contención y Valoración de Impacto, Unidad para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes y la Unidad de Archivos, así como la regulación explícita de las atribuciones de áreas ya existentes en la estructura orgánica de la Comisión.
Expuso que, en 2019, la Unidad de Transparencia recibió tres mil 319 solicitudes de acceso a la información, que fueron atendidas a través de los procedimientos correspondientes, de acuerdo con la normatividad aplicable.
En materia de rendición de cuentas, señaló la funcionaria, la Contraloría Interna de la CEDH ejerció sus facultades legales para prevenir, corregir, investigar y sustanciar los actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y, en su caso, sancionar aquellos distintos de las que son competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Junto con esto, las correspondientes revisiones al ingreso, egreso, manejo y custodia en la aplicación de los recursos públicos, en apego a lo establecido en el artículo 76 Bis de la Constitución Política del estado.
En la defensa y protección de los derechos humanos, en 2019, la CEDH atendió un total de 10 mil 767 solicitudes de intervención: 40 por ciento en oficinas centrales y 60 por ciento en delegaciones regionales y étnicas, 65 por ciento correspondieron a orientaciones, 15 por ciento a gestiones, 14 por ciento a quejas y 6 por ciento a antecedentes y ayudas humanitarias.
De acuerdo con Matzumoto Benítez, en 2019, esta administración resolvió 81 quejas a través de recomendaciones que se encuentran en etapa de cumplimiento y recomendó a las autoridades la adopción de las medidas necesarias.
Mientras los derechos que acreditaron un mayor número de violaciones fueron: derecho a la integridad personal (50); derechos de la víctima o de la persona ofendida (37) y derecho a la seguridad jurídica (12), las recomendaciones fueron dirigidas a 26 autoridades, dentro de las cuales tuvieron mayor número de señalamientos: Fiscalía General del Estado (37), Secretaría de Seguridad Pública (18) y distintos ayuntamientos (16).
De los 81 casos determinados, en 66 se acreditaron violaciones a derechos de grupos en situación de vulnerabilidad y se identificó a 278 víctimas.
La funcionaria detalló que la CEDH emitió 30 recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos: tres por desaparición forzada, dos por desaparición forzada y ejecución extrajudicial, 15 por omisiones en la investigación de personas desaparecidas, seis por la comisión de actos de tortura y cuatro por discriminación. En cuanto a las quejas de oficio, se emitieron cinco recomendaciones.
Mencionó también la realización de 38 recomendaciones dirigidas a 10 autoridades estatales y municipales, así como entrevistas a 27 personas, entre ellas, integrantes de colectivos de familiares de víctimas de personas desaparecidas en la entidad e integrantes de organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional.
Con el objeto de promover y difundir la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) entre las organizaciones de la sociedad civil y actores interesados, el 1 de octubre de 2019 se instaló el Mecanismo Estatal de Monitoreo sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Respecto a la atención a familiares de personas desaparecidas, mencionó acciones de acompañamiento de búsqueda en los municipios de Úrsulo Galván, San Andrés Tlalnelhuayocan, Acultzingo, Amatitlán, Alvarado y Coatzacoalcos, en los 17 ceresos de la entidad y en dos hospitales psiquiátricos.
Asimismo, se llevaron a cabo 39 reuniones de coordinación con colectivos de la entidad y se realizaron jornadas de atención a familiares de personas desaparecidas en los municipios de Córdoba, La Antigua y Veracruz.
En 2019, continuó la Presidenta, la CEDH atendió solicitudes de intervención planteadas por personas privadas de su libertad. Destacan: 168 para conocer su situación jurídica, 83 sobre trámites de liberaciones anticipadas, 47 para interponer amparos y 43 para gestionar traslados.
La Comisión visitó los 17 ceresos del estado, un módulo preventivo de 72 horas y el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA). En estos recorridos, la Dirección de Asuntos Penitenciarios emitió 119 observaciones, de éstas, 75 fueron solventadas y 44 se encuentran en trámite.
Del mismo modo, mencionó la presencia del organismo en 198 cárceles municipales a través de 335 visitas a sus instalaciones y 549 observaciones, de las cuales 21 se subsanaron y 528 se encuentran en proceso de atención.
También informó que en enero y febrero, la CEDH dio acompañamiento a las caravanas que ingresaron a territorio veracruzano. Personal de las delegaciones de Coatzacoalcos, Acayucan, Veracruz y Córdoba tuvieron presencia en los puntos de reunión y verificaron que durante el traslado por la entidad fueran respetados los derechos humanos de las personas migrantes.
A partir de una estrecha coordinación con los consulados en el estado –añadió la servidora pública-, se ha dado acompañamiento en los casos de migrantes en situación de riesgo o en los casos más graves en que las personas migrantes han perdido la vida.
Además, la Comisión atendió 280 solicitudes de intervención de personas migrantes, registrando 126 gestorías, 103 orientaciones y 11 quejas; se iniciaron dos quejas de oficio y se emitieron 162 constancias de vulnerabilidad a nacionales de 10 países.
Por otra parte, la capacitación ofrecida durante 2019 alcanzó un registro de ocho mil 613 personas a través de 494 cursos, y en la vinculación con el orden municipal, se llevaron a cabo Jornadas de Capacitación de Derechos Humanos para Autoridades Municipales. Se visitaron 12 diferentes sedes, con 264 personas que participaron representando a 75 municipios. Igualmente, se capacitó a 549 elementos de la SSP.
Igualmente, recibieron atención 63 organizaciones que año se acercaron a la CEDH, que, a su vez, estableció vínculos con autoridades de 43 entidades, organismos y dependencias de los tres órdenes de gobierno, mediante la celebración de 59 reuniones de coordinación ejecutiva y tuvo presencia en 158 actividades a las que fue convocado.
La Presidenta de la Comisión Estatal, concluyó destacando el trabajo realizado con 11 organizaciones internacionales y representaciones diplomáticas de distintos países, que derivaron en el fortalecimiento de acciones de protección a derechos humanos, junto con las nueve firmas de convenio realizadas a solicitud de ayuntamientos, organismos públicos y/u organizaciones de la sociedad civil.
