- Congreso de Veracruz aprobó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, resalta el diputado Jesús Alberto Velázquez Flores.
Xalapa, Ver., a 14 de octubre del 2016.
La LXIII Legislatura de Veracruz obtuvo logros significativos en materia de protección de la infancia, al aprobar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y la creación de la Comisión Permanente de la Niñez, informó el diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, por lo que ahora el reto es dar seguimiento, evaluar y medir los resultados de este ordenamiento legal.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Humano y Regional destacó que faltan muchas cosas por hacer para abatir los serios problemas que enfrenta la niñez en Veracruz, pero la LXIII Legislatura ya dio un paso importante con la aprobación de la citada legislación.
El diputado explicó que toda política pública requiere recursos para su implementación y en este caso lo urgente es tener un censo real del número de niños que trabaja en las calles, cómo viven, y analizar los riesgos que enfrentan, a fin de diseñar políticas o programas que permitan sacarlos de su situación de vulnerabilidad.
También urge saber cuántas casas asistenciales operan en Veracruz, número de menores que albergan y en qué condiciones, porque están expuestos a diversos peligros, entre ellos el abuso sexual, maltrato psicológico y explotación laboral.
“Buscaremos la posibilidad de que con la llegada del nuevo gobierno sean implementadas esas políticas públicas y sacar de las calles a los niños que trabajan para llevarlos a las aulas”, agregó.
El diputado Jesús Alberto Velázquez Flores destacó que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz es un marco jurídico que los reconoce como titulares de derechos y les garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos.
Finalmente, confió que los ayuntamientos de Veracruz tengan integrado su Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), dado que la responsabilidad no compete solo al Estado; involucra a los distintos órdenes de gobierno y a la sociedad.