*En México no quieren a Vicente, prefieren a Elizabeth
*Corrupción e impunidad tienen a Nahle en el ´sótano´
LOS DISTINTOS gobiernos que han manipulado al País en el siglo pasado y el actual, sean priistas, panistas y ahora morenos, se han dedicado a dividir a la nación en mexicanos de primera y de segunda, porque así conviene a sus intereses “reivindicatorios”. En ese contexto, de pronto sintieron la necesidad de redimir a las mujeres, y crearon direcciones, asociaciones y ahora una secretaria de Estado que sirve para lo mismo, pero lo que realmente las hizo visibles fueron los organismos no gubernamentales, marchas, plantones y huelgas de hambre, lo que obligó a instancias oficiales y a la naturaleza masculina a repensar las políticas de inclusión femenil, a tal grado que ese género ha logrado escalar en posiciones de Gobierno, cargos de dirección en el sector privado, en áreas legislativas, judiciales y en ser garantes de la seguridad, amén de que con la partida de los varones en busca de mejores horizontes en los Estados Unidos, debieron hacerse cargo de negocios familiares, del campo –agricultura, ganadería, apicultura y avicultura, entre otros-, e incluso de las finanzas familiares, demostrando, sobre todo, ser mejores administradoras. Pero ellas se ganaron el respeto y el reconocimiento, y no porque el Gobierno se los haya otorgado, ya que sus derechos están inscritos en la Constitución General de la República que en su artículo primero establece que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, mientras que el Cuarto decreta: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres”. Y si esto está suscrito en la Carta Magna, ¿para que tanta alharaca, cuando lo sustantivo es que el Gobierno, del color e ideología que fuere, debiera respetar a consciencia lo que dice la ley?. En todo caso, más que crear secretarias, direcciones o jefaturas, las instancias oficiales deben aplicar con toda severidad los códigos y reglamentos a quienes se atreven a desafiarlos.
PERO AHORA la moda es ser indígena, esto es, los Gobiernos buscan legitimarse en el indigenismo, cuando en México prevalece el mestizaje y otras razas mescladas que le dan al País ese mosaico multiétnico. Las cifras no se equivocan: en México, según datos de 2023, 39.2 millones de personas se auto identifican como indígenas (aunque no lo sean), pero solo 7.4 millones de tres años o más hablan una lengua autóctona. Los indicadores demuestran una población diversa, concentrada en estados del sur y sureste como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Yucatán, y enfrentan desafíos significativos en cuanto a educación, desarrollo y pobreza, a pesar de que México se reconoce como una nación pluricultural. Y es que, en el País, el indigenismo fue una herramienta ideológica utilizada por el Estado para legitimar el poder posrevolucionario y construir un imaginario social que dotara de identidad nacional a la república, ocultando o al menos minimizando las diferencias, y ahora se les utiliza como comparsa, vistiendo a criollos o mestizos a la usanza indígena, dotados de hierbas, lociones y hasta bastones, dizque de mando, dan limpias a los futuros gobernantes tallándoles un huevo en la frente y en todo el cuerpo (en el buen sentido de la palabra), o invocando a los antiguos dioses como si no fuéramos producto de la evangelización española y de la biblia que prohíbe adorar imágenes en dos de los Diez Mandamientos, específicamente en Éxodo 20:4-5 y Deuteronomio 5:8-9 que ordenan a los creyentes no hacerse ídolos ni ninguna imagen de nada que exista en el cielo, la tierra o el mar, y a no inclinarse ni rendirles culto, ya que Dios es un Dios celoso que no comparte su honra.
EN ESE sentido, el uso del indigenismo con fines políticos (y económicos, porque ahora los falsos chamanes venden caro su amor, aventurera, también en puestos de elección popular o de Gobierno), ha servido históricamente para legitimar el poder, crear una identidad nacional y justificar políticas de integración. Lo cierto es que en México no hay indígenas ni hombres ni mujeres, solo mexicanos –de acuerdo a la constitución- con derechos y obligaciones, y lo que el Estado debe hacer es respetar lo que dicen las leyes, y castigar a quienes no las respeten. Y es que ahora con un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indígena, y una Presidenta del Poder Judicial del Estado y presidente de la JuCoPo dizque, también, indígenas, se sigue usando al indigenismo como moneda de cambio, cuando en realidad se trata de mexicanos, hombres o mujeres, pero nativos del País sin eufemismos y, mucho menos reivindicaciones simuladas o paternalismos controladores. Ya basta de usar al indigenismo, sobre todo porque las políticas indigenistas a menudo o casi siempre son criticadas por su enfoque paternalista y por no lograr erradicar la marginación económica y política de los pueblos originarios. Basta saber que el indigenismo es impulsado por una élite cultural y política que nada tiene que ver con las etnias y sus orígenes, lo que puede hacer que las necesidades reales de las poblaciones queden supeditadas a otros factores.
LA AFIRMACIÓN “todos somos iguales ante la ley” significa que la ley debe aplicarse de manera justa y sin discriminación a todas las personas, independientemente de su raza, sexo, religión o estatus social. Este principio es fundamental en los derechos humanos, como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, la corrupción y la falta de acceso a la justicia pueden crear desigualdades, haciendo que en la práctica no todos los ciudadanos se sientan tratados con la misma equidad. En suma, la ley debe ser la misma para todos, sin distinción de ningún tipo, pues un reciente estudio encontró que, en México, por ejemplo, aproximadamente la mitad de la población está de acuerdo con que somos iguales ante la ley, mientras que la otra mitad está en desacuerdo, especialmente entre las personas con menores ingresos y niveles educativos, por lo que exigen trato justo, esto es, que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera, con las mismas oportunidades y protecciones legales. Así de simple…
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SEGÚN FUENTES confiables en la capital del País, es un hecho que la futura dirigente Estatal del Partido del Trabajo será Elizabeth Morales García, porque la dirigencia nacional ya está cansada del nepotismo de Vicente Aguilar. En todo caso, dicen, sería otro diputado quien lo sustituya, pero ya no Aguilar que resta más que sumar a MoReNa, más aún cuando en la pasada elección municipal decidió separarse de la alianza. A ver que pasa…
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QUE LO reconozca el actual contralor general del Estado, Ramón Santos Navarro, tiene su mérito: dos de los principales problemas estructurales que enfrenta Veracruz, son la corrupción y la impunidad que han limitado la consolidación de un gobierno íntegro, transparente y cercano a la ciudadanía, además de afectar de manera significativa la confianza social a las instituciones públicas. Quizá por ello –y con la ayuda de Cuitláhuac García, el peor ex gobernador de Veracruz-, Roció Nahle sigue ocupando el último lugar en la lista de Gobernadores de MoReNa. Lástima que la señora no se deje ayudar. OPINA carjesus30@hotmail.com
