Aseguró que no supo expresar su verdadera impotencia y dolor por la violencia que viven las mujeres
La diputada del Distrito XI, Ana Miriam Ferráez Centeno, ofreció una disculpa a las mujeres veracruzanas por su declaración de ayer, “no supe expresar de manera correcta la indignación, la impotencia y el dolor que siento ante esta situación de las cuales somos víctimas las mujeres en nuestro país”.
En la sala de prensa del Congreso del Estado, la legisladora originaria de Xalapa, expresó su solidaridad con todas las mujeres que de cierto modo sufren violencia de género, discriminación, la misoginia y las desigualdades, y que además temen por su vida y la de sus hijas.
La diputada secretaria de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, consideró que la violencia contra las mujeres es una realidad que debe atenderse conjuntamente.
“Mi admiración a todas las mujeres, jefas de familia que trabajan todo el día y hasta altas horas de la noche. Mi intención nunca fue coartar su libertad y tampoco victimizarlas. Es de humanos errar y con humildad les reitero mi ofrecimiento de disculpas a todas las mujeres que se sintieron agredidas por mi declaración”, puntualizó.
Además, dijo sumarse y celebrar que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ponga en marcha a partir del 25 de enero, su programa “Cero Tolerancia a la Violencia”.
Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, recibió una nueva denuncia, ahora ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias.
La denuncia fue interpuesta por el empresario Alejandro Cossío Hernández, quien en su querella incluyó también al exsecretario de Finanzas, Guillermo Moreno Chazzarini, al extitular de Salud en el estado, Arturo Irán Suárez Villa, así como al exdirector administrativo de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel García Ramírez.
La denuncia se presentó ante la PGR porque los denunciados fueron servidores públicos que manejaron recursos económicos federales.
Alejandro Cossio planteó que la denuncia también la interpuso ante la PGR por la desconfianza que tiene hacia el actuar del actual fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, quien siempre ha sido parcial a favor de Miguel Ángel Yunes.
La querella es inicialmente por la falta de pago que tuvo el gobierno de Miguel Ángel Yunes por el servicio subrogado integral de hemodiálisis, para diversas unidades hospitalarias pertenecientes a los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, los cuales fueron plenamente satisfactorios, tanto que el contrato se prorrogó del 1 de enero al 31 de marzo del 2017.
Alejandro Cossio actúa como representante legal de la persona moral IMHOTEP, empresa que a su vez celebró un contrato de asesoría con Grupo NRA, que fue quien ganó la licitación para el servicio subrogado integral de hemodiálisis, la cual tenía suficiencia de recursos federales emanados de la Secretaría de Salud, según la Subdirección de Recursos Financieros de esa instancia, correspondientes al proceso 212016, partida 33901, mediante el oficio DA/SRF/0832/2015.
Con este poder conferido por las instancias empresariales, durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes fue que realizó múltiples gestiones para cobrar el adeudo.
En la denuncia anota que al realizar estas promociones tuvo contacto con otros empresarios a los que también les adeudaba el gobierno del estado de Veracruz diversas cantidad, por lo cual ante la cerrazón de las autoridades del minigobierno decidieron manifestarse el 16 de julio del 2018 en la Plaza Lerdo, de la capital del estado, para reclamar el pago.
Estando ahí, fueron “invitados”a pasar a la sala de espera del gobernador, para “ser atendidos personalmente por él”, según el mensaje que les dio una persona que dijo ser colaborador de Miguel Ángel Yunes en ese entonces.
Después de las 9 de la noche, y de 9 horas de espera, les dijeron que el gobernador no los iba a recibir y les pidieron que salieran de la sala, pero fueron desalojados violentamente del palacio de gobierno, por policías vestidos de civil y de uniforme, quienes además los amenazaron hasta de muerte y les decían: “de esta no te salvas”; “los vamos a matar”, al tiempo que les rompían la ropa.
Además de esto al día siguiente la Fiscalía General del Estado lo citó para el“acto procesal”de informarle la existencia de una carpeta de investigación en su contra. Cuando se presentó, al pedir copia de los registros que integraban la carpeta de investigación, estos le fueron negados, “en franca violación a mis derechos humanos”.
En la denuncia añade que aún con esa inconsistencia presentó su respuesta, demostrando que los señalamientos en su contra carecían de sustento o dato de prueba alguno.
En cambio anotó ante el Ministerio Público, que existían elementos suficientes para investigar a Arturo Irán Suárez Villa y Miguel Ángel García Ramírez, quienes le imputaron hechos falsos para fincarle una responsabilidad. Pero el MP no los investigó y por el contrario hasta ahora no se ha desahogado diligencia alguna.
Cossío Hernández en su denuncia pide a la PGR que los ex funcionarios sean investigados y sancionados:
porque ordenaron y ejecutaron actos ilegales en su perjuicio y de la empresa que representa (configurando el delito de Abuso de Autoridad);
dejaron de cumplir con deberes inherentes a su empleo en perjuicio de sus derechos (configurando el delito de Incumplimiento del Deber Legal);
y promovieron y gestionaron actos oficiales que beneficiaron a terceros, aprovechándose del puesto que ostentaban (configurando el delito de Tráfico de Influencia).
La denuncia fue recibida el 18 de enero, por el Supervisor de la Unidad de Atención Inmediata, en Veracruz.
La legisladora María Josefina Gamboa Torales, del PAN, presenta iniciativa que busca modificar la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado.
Otorgaría certeza al denunciante y al denunciado respecto a los alcances de las autoridades que intervienen.
La diputada María Josefina Gamboa Torales, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz, presentó la iniciativa que busca reformar la Ley número 556 de Juicio Político y Declaración de Procedencia con el propósito de dar certeza al denunciante y al denunciado, de los alcances de las actuaciones de las autoridades intervinientes, les reconoce la posibilidad de hacer uso de mecanismos de defensa ante actos arbitrarios o desapegados a derecho, en el desarrollo de un juicio político o declaración de procedencia.
La legisladora refiere que la Constitución Política Federal ha sido objeto de diversas reformas que han impactado a la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para Veracruz. Por lo que –consideró- se hace necesario realizar una revisión de esta última norma, para poder armonizar y adecuar su texto con la realidad jurídica imperante actual.
Lo anterior, agrega, con la única finalidad de que los servidores públicos que atenten contra los intereses públicos fundamentales y su correcto despacho, sean objeto de un proceso que le exija una rendición de cuentas puntual, pero que no sirva de instrumento meramente mediático, sino que sea un mecanismo más, de control constitucional.
De esta manera, propone que las infracciones de las que se adolezcan las partes (denunciante/denunciado), sean materia de estudio a través del Juicio de Protección de los Derechos Humanos, previsto por la Constitución Política del Estado. Medida que ayudará a reforzar la legitimidad de las actuaciones llevadas a cabo en los Poderes intervinientes de declarar la responsabilidad política, abundó.
Se considera como una medida adecuada, que ciertas previsiones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento para el Gobierno Interior, sean incluidas de una vez en el texto de la Ley de Juicio Político.
Un ejemplo de esto, se tiene en la redacción propuesta para los párrafos 3 y 4 del artículo 3º, en donde se señala de forma puntual la manera en que se tomarán las decisiones dentro de las Comisiones Permanentes, así como, los derechos y obligaciones de los Diputados y las Diputadas involucrados en la deliberación de un asunto objeto de juicio político o declaración de procedencia.
Prevé que tanto el Congreso del Estado, como el Tribunal Superior, deben guardar ciertas actuaciones en similitud, como lo son: a) El guardar reserva de los asuntos puestos a su consideración, tal como se les exige a los jueces actualmente; b) Abstenerse de presentar al denunciado como culpable ante la sociedad, obligación que ya se fija en la fracción primera, del apartado B, del artículo 20 constitucional, así como lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La iniciativa plantea que las sesiones en donde se deban tratar los asuntos de juicio político y declaración de procedencias, sean totalmente públicas, con acceso a todo aquel que desee informarse sobre la tramitación de los mismos. Sin que ello quiera decir, que las actuaciones de los Diputados y Magistrados, no se verán sujetas a la obligación de guardar reserva de la información que manejen.
Por otra parte, se propone que el término que tenga las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales, no sea de tres días, sino de cinco, con la finalidad que el estudio que hagan de la procedencia de la denuncia sea de calidad, exhaustiva, legal y profesional, ya que de la misma ha de depender el inicio de todo un procedimiento legal y que ha de impactar en gran medida a toda la sociedad veracruzana.
De igual forma y a fin de que el servidor público denunciado pueda defenderse, la Secretaría General tendría la obligación de entregarle copias del expediente, el dictamen previo y los votos concurrentes o particulares que hubiere.
También se plantea que la Comisión Permanente Instructora pueda contar con un plazo no de tres, sino de 10 días, para emitir su dictamen, en donde haga un estudio exhaustivo de los argumentos y del material de convicción ofertados por el denunciante y el denunciado.
La iniciativa fue turnada, para su análisis, a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación; de Justicia y Puntos Constitucionales y la Instructora.
Secretario de Gobierno en Veracruz con un pie en la cárcel
***Otros incompetentes sin experiencia en la administración de Cuitláhuac García
El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez sabe que su administración se ha complicado, como bolas en el engrudo… En su Gabinete no hay perfil, ni experiencia o ejercicio gubernamental y la mayoría, están aprendiendo el ABC de la administración estatal, en cada una de las secretarías de despacho… En pocas palabras, es una escuelita de funcionarios, para que aprendan a administrar sus dependencias estatales y hasta el mismo Gobernador de Veracruz, se entrena con pocos aciertos y muchos errores, para gobernar el estado… Algo muy lamentable en esta hermosa entidad federativa… Pero hay alguien quien presiona, coacciona, impone y hasta hace negocios a espaldas del Mandatario Estatal, como es el caso de Eric Patrocinio Cisneros Burgos y fue evidenciado por Alcaldes de varios municipios, quienes están cansados de que este Secretario de Gobierno venga a Veracruz a enriquecerse y además, tener el control absoluto, hasta del mismo Gobernador de Veracruz…
Sabían inteligentes lectoras y lectores, que el actual Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos está involucrado en una investigación por actos de corrupción, en contra de más de 100 municipios… Resulta que en el 2016, más de 100 Alcaldes promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias a que el hoy preso en el Reclusorio Norte, Javier Duarte de Ochoa no entregó las participaciones federales que les correspondían a los Ayuntamientos, porque no le dio la gana al exgobernador y desvió estos recursos depositados en tiempo y forma por la Federación……
Y bueno, ahora, la Suprema Corte les dio la razón a los Municipios y ordenó que de inmediato se les pagaran sus participaciones federales a los Ayuntamientos afectados en Veracruz… Y sin conocer de leyes y sin ápice de ética o vergüenza, el ingeniero agrónomo Eric Cisneros convocó a actuales Alcaldes a que del 100 por ciento de los montos, se les pagaría sólo el 50 por ciento… Se le hizo fácil, imponer su criterio ante un mandato de la Suprema Corte de la Nación. Y eso es un delito, por ser actos de corrupción y no acatar un mandato que es inapelable….
Sabemos que el Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz está integrando la Carpeta de Investigación, pues los Alcaldes afectados serán llamados a declarar en contra de Eric Cisneros Burgos y pende de un hilo su permanencia como Secretario de Gobierno, pues este funcionario estatal no tiene fuero y puede ser llamado a rendir cuentas por actos de corrupción y hasta de acoso en contra de Alcaldes en Veracruz…
Si bien, el Congreso de Veracruz aprobó la cantidad de mil 800 millones de pesos para el pago de Ayuntamientos, el Secretario de Gobierno, sin consultar al Gobernador de Veracruz, ni a otros involucrados, se le hizo fácil y por “sus pistolas”, convocar a los Alcaldes y decirles que sólo se les pagará el 50 por ciento del monto, omitiendo así el mandato de la Suprema Corte e incumpliendo como servidor público, siendo merecedor a una renuncia inmediata…
La FGE está investigando este lamentable acto de abuso de poder y de corrupción… Tiene en sus manos el futuro del Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, quien ya evidenció su necedad de quitar a Winckler del puesto, para violar la ley y ejercer el poder a su antojo, como Secretario de Gobierno… Y lo peor, Alcaldes han declarado que el llamado Bola 8 los presiona para que firmen recibos por el 100 por ciento, pero en la realidad, sólo les pagará el 50 por ciento del monto… Y esto señores, es un robo… Por su parte, Eric Cisneros asegura que los Alcaldes están de acuerdo que les paguen el 50 por ciento, siendo esto una mentira, como muchas otras que ha declarado este ladrón Secretario de Gobierno, quien vino a Veracruz a hacer negocios, como el orquestado en Chinameca, con la compra del terreno para un relleno sanitario, en sociedad con Rocío Nahle García, actual Secretaria de Energía y este proyecto no prosperó, gracias a la negativa de los habitantes, quienes presionaron a Cuitláhuac García para que finalmente lo cancelara…
***Otros incompetentes sin experiencia en la administración de Cuitláhuac García
Otro que viene a aprender en Veracruz es Hugo Gutiérrez Maldonado, actual Secretario de Seguridad Pública, de quien aseguran sabe mucho, pero no conoce Veracruz, ni los antecedentes de los policías, comandantes y hasta colaboradores…. Lo pusieron en el puesto, sin conocer el organigrama de grupos criminales, su ubicación, ni cómo se llama el comandante que vigila la cuadra donde se ubica el domicilio de este funcionario estatal… Y esto, es preocupante…
Y más, cuando su Coordinador de Comunicación Social manda un boletín, en el cual dicta: “Comunicado No 0091… Brinda SSP pláticas contra alcoholismo en 11 CERESOS de Veracruz… Xalapa, Ver., 21 de enero del 2019.- Al inaugurar la XXIV Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos 2019, con el tema “El Alcoholismo en Centro Penitenciarios de la zona norte del Estado” la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través de la Dirección General de Reinserción Social (DGPRS) informó que se realizan prácticas en 11 Centros Penitenciarios”….
Con base este absurdo boletín, se evidencia la entrada de alcohol dentro de las cárceles en Veracruz y la SSP reconoce ser un problema de salud pública, ya que asegura que dentro de los centros penitenciarios, el alcohol se consume en los penales… Un dato revelador e indicativo de que alguien no está realizando su trabajo…
Pero mientras, la Secretaria de Turismo Xóchitl Arbesú Lago se va a pasear a España, sin un protocolo de trabajo y sin fijarse resultados, para beneficio del estado… Y como todos los años, se limitan a pasear y sin verdaderas acciones para promocionar Veracruz, sólo gastar dinero en aviones, hoteles, comidas y sin resultados económicos para esta entidad federativa…
Notita 1: Ana Miriam Ferráez Centeno logró lo que quería: Ser famosa, pero su estrategia fue adversa, ya que las redes sociales la ubican como una mujer torpe y traidora al género, absurda y provocar una inevitable crítica a su persona, físico y hasta cuestionar su inteligencia… Sus comentarios la colocaron en la burla nacional y ante esto, otros quince días de depresión dentro de su casa, como ocurrió cuando subió a tribuna, hace unas semanas… Ella misma se boicotea y deberá pensar muy bien, si pretende seguir como diputada local…
Creación de la Comisión permitiría trabajos a largo plazo y no correría riesgo de desaparecer como las Comisiones Especiales
Para contribuir desde la LXV legislatura del Congreso del Estado en la construcción de una nueva realidad donde se garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos y la inclusión social de las personas con discapacidad, la diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó una iniciativa para crear la Comisión Permanente de Atención a los Derechos e Inclusión de las Personas con Discapacidad.
En la décima tercera sesión ordinaria, la legisladora pidió una reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que permita crear una nueva Comisión Permanente que impulse la debida y oportuna atención a dicho sector de la población.
La propuesta responde a los señalamientos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que el Estado Mexicano adopte todas las medidas legislativas y administrativas para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad.
La diputada recordó que desde su fundación, el PAN ha impulsado el reconocimiento de los derechos humanos a los grupos históricamente discriminados, sin embargo las personas con discapacidad siguen enfrentando desigualdad de oportunidades, falta de inclusión en la sociedad, discriminación y otras violaciones a sus derechos humanos.
Montserrat Ortega recordó que en México alrededor del 7.1% de la población presenta algún tipo de discapacidad, mientras en Veracruz es el 6% de la población.
Abundó que la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, advierte que el 48% de la población con discapacidad en México, considera que sus derechos no se respetan, de ahí la urgencia de generar estrategias que desde todos los poderes y gobiernos, garanticen el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad.
“En la medida que no se logren satisfacer las necesidades de las personas con algún déficit funcional entre sus familias y personas que les rodean, no se alcanzará la plenitud social, debido a que se sesga el proceso de desarrollo que puedan llegar a tener en la comunidad como agentes activos en diversos campos en la sociedad”.
Finalmente, la diputada especificó que la propuesta de creación de la Comisión Permanente de Atención a los Derechos e Inclusión de las Personas con Discapacidad, no implica costos adicionales al Congreso local.
A la iniciativa turnada a las Comisiones de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, y Gobernación, se sumaron los Grupos Legislativos PRI-Verde y “del lado correcto de la historia”.
Mediante operativo conjunto de Fiscalía Especializada con Ejército Mexicano y autoridades del estado de Puebla
POZA RICA, Ver.; enero 21 de 2019.- Como resultado de una investigación realizada por la Fiscalía Cuarta Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra La Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas del séptimo Distrito Judicial y de diversas diligencias realizadas por elementos de la Policía Ministerial, los hermanos identificados como A.P.B., P.P.B., y N.P.B., de14, 12 y 10 años de edad, respectivamente; así como J.A.F.T., de 16 años, fueron ubicados sanos y salvos.
Con base en el resultado de la investigación coordinada por la Fiscalía Especializada, se estableció que los menores de edad, salieron el pasado 16 de enero del año en curso, de sus respectivos domicilios ubicados en el municipio de Poza Rica y se dirigieron al estado de Puebla, sin contar con el consentimiento de sus padres.
La Fiscalía General del Estado (FGE) coordinó las acciones enmarcadas dentro de un protocolo de actuación, en el cual intervino el Ejército Mexicano y autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de Puebla.
Al ser presentados ante la Fiscalía, los menores localizados refirieron que huyeron de sus domicilios por problemas de carácter familiar, cuyas causas y veracidad son investigadas por el órgano especializado; mientras tanto, fueron resguardados en un albergue del DIF municipal con sede en Poza Rica, donde es debidamente salvaguardada su integridad física y psicológica.
Recibe el legislador José Manuel Pozos a integrantes de la Unión de Asociaciones Civiles, Turísticas y de Servicios de Tuxpan
El presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro, sostuvo una reunión con la Unión de Asociaciones Civiles, Turísticas y de Servicios de Tuxpan, encabezados por su presidente, Gabriel Gómez Ruiz, a quienes expresó su respaldo para impulsar, desde el Congreso de Veracruz, las acciones que permitan fortalecer a este sector.
El legislador destacó que actualmente existe coordinación institucional entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, por lo que confía que la administración estatal, a cargo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, apoye la zona norte de la entidad, con mejores vías de comunicación, infraestructura, promoción al lugar y seguridad pública, que permitan atraer más visitantes.
El diputado Pozos Castro, representante del Distrito III, con cabecera en Tuxpan, propuso la realización de Foros Ciudadanos en materia de turismo, a fin que los prestadores de servicios, autoridades del ramo y sociedad en general expongan sus ideas que permitan detonar el turismo en esta región; actividad de la cual viven cientos de familias veracruzanas, abundó.
Gabriel Gómez Ruiz subrayó que la Unión de Asociaciones Civiles, Turísticas y de Servicios de Tuxpan la integran 32 organizaciones que además del turismo, se dedican a las acciones de medio ambiente, gastronomía, animalista, entre otros.
De igual manera, agradeció la apertura y espacio que brinda el diputado Pozos Castro.
Tecnológicos en Veracruz sin rumbo y como botines de guerra
Foto: Las Altas Montañas
Antes de iniciar esta entrega, felicitamos a Jorge Winckler Ortiz por haber ganado el amparo definitivo sobre la remoción del cargo, como facultad del Congreso de Veracruz y esta suspensión fue desahogada en el Juzgado Primero de Distrito, siendo promovido en el Consejo de la Judicatura Federal, quien otorgó el pasado 26 de diciembre un amparo provisional en contra del Congreso de Veracruz, del titular del Ejecutivo y ahora, gana la suspensión definitiva… Lo que nos resta puntualizar, es si a Alejandro Gertz Manero le respetarán su periodo de 9 años de gestión como Fiscal General de la República, como lo marca la ley o vivirá la misma experiencia, de un nuevo gobierno y éste lo querrá quitar, por no convenir a los intereses personales del Gobernador o Presidente en turno, como ocurre actualmente, con el Fiscal Jorge Winckler Ortiz… Es pregunta…
Vaya organigrama de directores y administrativos de diferentes Tecnológicos en Veracruz… Algunos con poca o nula experiencia en el puesto, pero otros, con terribles antecedentes en anteriores cargos… Casos como el de Carlos Mateo Hernández, quien actualmente es Subdirector Académico de la Dirección de Educación Tecnológica (DET) y olvidan cuando se desarrolló como secretario particular de un director de la DET, de extracción priista o la actual Directora de Educación Tecnológica, la Doctora María Luisa Siliceo Rodríguez, a quien en reiteradas ocasiones, fue señalada de vender certificados y títulos, cuando trabajaba en el Tecnológico de Xalapa… Pero hay otros, quienes tienen oscuros antecedentes y hasta laborar con células delincuenciales…Les cuento, inteligentes lectoras y lectores…
En todas estas notas se ha evidenciado la pésima gestión de Miguel Ángel de la Torre Loranca y esto lo hizo merecedor a que sea nombrado como asesor de la Directora del Tecnológico de Martínez de la Torre, Rafaela Mendoza García… Los rumores y hasta comentarios de gente cercana a Zenyazen Escobar aseguran que De la Torre Loranca está extorsionando al Secretario de Educación, por presuntos videos que relacionan a Zenyazen Escobar y Cuitláhuac García… Y quizá esto explica el que se haya colado Miguel Ángel de la Torre Loranca en un puesto de trascendencia en el Tecnológico de Martínez de la Torre…
Lo interesante de esto es que Miguel Ángel de la Torre Loranca cuenta con guardaespaldas armados y es señalado de estar coludido con grupos criminales incrustados en Orizaba. No entendemos por qué la designación de este exdirector del Tecnológico de Zongolica, cuando De la Torre Loranca continúa visitando los bares de Martínez de la Torre, como lo hizo en Orizaba y Córdoba, informando esto, medios de comunicación de esa zona… Y estos escándalos afectan la imagen de los Tecnológicos, que tienen en su haber excelentes y condecorados alumnos…
El directorio del Tecnológico de Martínez de la Torre no está actualizado y la comunidad académica de esta institución docente están indignados por la llegada de Miguel Ángel de la Torre Loranca, quien se siente intocable, bajo la protección del Secretario de Educación, Zenyazen Escobar…
Celebra Jorge Winckler nombramiento de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República “sin duda hará un gran trabajo por su experiencia, nos sumaremos a su lucha contra la impunidad y corrupción”
Obtiene FGE cuatro sentencias por secuestro y homicidio, esclarece feminicidio en menos de 48 horas, procede contra cinco probables secuestradores, dos probables homicidas fueron capturados; así como cuatro probables agresores sexuales, del 13 al 19 de enero
Xalapa, Ver.; enero 21 de 2019.- En su reunión con medios de comunicación, el Fiscal veracruzano dio a conocer que en menos de 24 horas fue esclarecido un feminicidio ocurrido en el municipio de Orizaba, donde el probable autor identificado como Rufino “N” fue detenido e imputado y actualmente se le aplica la medida cautelar de prisión preventiva.
Asimismo, en el periodo comprendido del 13 al 19 de enero del año en curso, fue vinculado a proceso Manuel Francisco “N”, quien fue detenido el pasado día 10 del mes en curso, mediante acciones coordinadas entre la FGE Veracruz, el FBI y la Interpol-México, por la probable comisión de los delitos de secuestro, daños, lesiones y robo agravado, delito por el cual podría alcanzar una condena de 140 años de prisión.
En este lapso, fue detenido por elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), el probable autor del secuestro de al menos ocho víctimas, cinco de las cuales fueron liberadas con vida mediante un operativo realizado en el mes de julio de 2015 y tres más fueron secuestradas en Coatzacoalcos y San Andrés Tuxtla, respectivamente; por estos hechos, Jesús “N”, alias “El Tigre” fue detenido en cumplimiento a tres órdenes de aprehensión.
Un probable secuestrador requerido por el Juez de Control radicado en Jalacingo fue sujeto a la acción de la justicia por elementos adscritos a la UECS; al imputado Juan “N” se le finca probable responsabilidad penal en los hechos ocurridos en el mes de agosto de 2017, en el municipio de Cuichapa.
A su vez, Santiago “N” fue detenido por elementos de la Policía Ministerial, con base en una orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de secuestro agravado, lesiones dolosas calificadas, robo agravado y daños dolosos, por hechos ocurridos en agravio de tres víctimas, en el mes de junio de 2017, en el municipio de Chicontepec; el detenido se encuentra relacionado con los hechos que se imputan a Manuel Francisco “N”.
Marcelo “N” recibió un auto de formal prisión por el delito de secuestro cometido en agravio de una menor de edad, en el año 2013, en la ciudad de Acayucan; el operativo de su captura fue realizado en coordinación con autoridades del estado de Quintana Roo.
Al comprobar de manera contundente la culpabilidad de los secuestradores Luis Alberto “N” y William Edén “N”, la FGE obtuvo sentencias condenatorias superiores a 39 años de prisión, en el Distrito Judicial con sede en Tuxpan; en su momento, con su captura se esclareció un secuestro ocurrido en junio de 2017 y se rescató con vida a la víctima.
Los homicidas identificados como Rubén “N” y Ángel “N” fueron sentenciados al concluir todas las etapas procesales en las cuales la Fiscalía Regional de la zona centro Xalapa demostró su culpabilidad en la comisión del delito de homicidio doloso calificado ocurrido en el año 2008, en el municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, por lo cual les fueron impuestas sanciones privativas de libertad de 15 años.
Se informó que en Veracruz y Poza Rica fueron detenidos los probables homicidas Carlos “N” y Alfredo “N”, respectivamente; asimismo, en Altotonga fue detenido Martín “N” y con la colaboración de autoridades del estado de Oaxaca fue detenido Oswaldo “N”, ambos por la probable comisión del delito de violación en agravio de distintas víctimas; mientras que, en Xalapa fue detenido José “N”, por probable pederastia y en Coatzacoalcos fue vinculado a proceso Moisés “N”, por la probable comisión del mismo delito.
Finalmente, el Fiscal General informó que en este periodo fueron cumplidos 57 mandamientos judiciales en las siete regiones jurisdiccionales con sedes en la zona sur Coatzacoalcos, centro Córdoba, Cosamaloapan, Veracruz y Xalapa y norte Tantoyuca y Tuxpan, respectivamente.
En conferencia de prensa, ante un cuestionamiento expreso, el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz señaló que sería irresponsable promover un toque de queda como medida para evitar feminicidios “todas las autoridades tenemos el deber de diseñar e implementar políticas públicas para que las mujeres tengan una vida libre de violencia, encerrarlas en sus casas no es la solución, lo que debemos lograr es que las mujeres veracruzanas lleven a cabo sus vidas desarrollando libremente su personalidad, que puedan salir a la calle a cualquier hora y a cualquier lugar sin ser víctimas de ningún tipo de violencia”.
Asimismo, el Fiscal veracruzano celebró la designación del jurista Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República y refrendó su disposición para trabajar de manera coordinada con el órgano autónomo “le envío un gran saludo al nuevo Fiscal General de la República, en reunión nacional próxima se lo reiteré; sin duda hará un gran trabajo por su experiencia de muchos años, viene para generar una lucha frontal contra la corrupción y contra la impunidad, a la cual nos vamos a sumar”; finalmente señaló que hay una gran relación de trabajo con la instancia federal.
‘Tenemos una ideología muy clara: garantizar las libertades de las mujeres veracruzanas”, afirmó el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), así como de líder del grupo legislativo de Morena en el Congreso Local.
Lo anterior, en relación a la declaración de su homóloga, Ana Miriam Ferráez Centeno sobre la propuesta de instaurar un ‘toque de queda’ para las mujeres de nuestra entidad, con el objetivo de prevenir los feminicidios en Veracruz; “respeto su ideología, pero no comparto su opinión sobre el tema, dijo Gómez Cazarín.
“En la bancada de Morena existe un respeto total a la libertad de expresión de nuestras y nuestros compañeros, quiero celebrar que hay pluralidad de ideas. Sin embargo, soy claro en este aspecto: tanto mujeres como hombres sin distinción tenemos derecho a la seguridad de transitar libremente en cualquier horario, en paz y tranquilidad”, expresó el representante popular del distrito XXV, con cabecera en San Andrés Tuxtla.
Por lo tanto, Gómez Cazarín celebró el compromiso de las y los legisladores de Morena en impulsar y fortalecer las políticas públicas necesarias para evitar la violencia de género en nuestro estado.
De igual modo, refrendó su solidaridad con las mujeres veracruzanas que han sido víctimas de algún tipo de maltrato y de las familias de aquellas asesinadas cobardemente en razón de género “¡Ni una más! es la exigencia de la ciudadanía y de nosotros como legisladores”.
En este tenor, reconoció el esfuerzo que está llevando a cabo la administración estatal de Cuitláhuac García Jiménez, con la finalidad de poner punto final a la ola de violencia que ha padecido el estado en los últimos años.
