El problema surge desde el momento en que se dan de alta gubernaturas por dos años y no se legisla con puntualidad y precisión al respecto. Esto deja huecos legislativos que se prestan a interpretaciones ilegales.
Los diputados locales de Morena aprovecharon huecos para tratar de extender el mandato a cinco años, en lugar de dos. La lógica lo descartó, pero, según los diputados locales, encontraron vacíos que podían extender el mandato del empresario Jaime Bonilla. Incluso, sólo una parte de Morena apoyó.
Para darle consistencia al plan, Bonilla y el Congreso local de Baja California convocaron a una consulta popular para el domingo 13 de octubre de 2019, para decidir si se ampliaba el mandato.
El PAN se pronunció en desacuerdo ante este absurdo legaloide que impedía una competencia electoral dentro de dos años y alargar a cinco un régimen totalmente antagónico, a Acción Nacional le beneficiaba más que perjudicarle; sin embargo, la cúpula de ese partido se dio cuenta que en dos años no tendría listo a un candidato competitivo, por dos razones fundamentales: la primera, que la salida del panista Francisco Vega de Lamadrid de la gubernatura había dejado un mal sabor de boca entre la población, de ahí el triunfo de Jaime Bonilla, quien dos días antes de que el fallo de la Suprema Corte se diera a conocer mandó catear la casa del exgobernador panista. Está acusado de abuso de autoridad, cohecho, peculado y falsificación de documentos.
La segunda, debía reconstruir sus bases en Baja California y sacar un candidato que pudiera regresarle al PAN el bastión político que había mantenido como propio desde hace más de 30 años. Entonces, ese partido redujo considerablemente su beligerancia sin dejar de apoyar la reducción a dos años.
Como se observa, el panorama de la Suprema Corte de Justicia no estaba fácil. Había muchos intereses que confluían en Baja California.
Por otro lado, las posibilidades de poner orden en la vida electoral del país eran una urgencia vital para el desarrollo de la vida pública en México, que los magistrados se encargaron de poner en su lugar. El triunfo electoral de Bonilla no estaba en duda, lo que debía erradicarse, de una vez y para siempre, era la ampliación arbitraria del mandato. Y la Suprema Corte debía actuar con precisión quirúrgica y con el equilibrio que mandata la ley.
El asunto se complicaba porque desde un principio el problema era más político que legal. La decisión de la Suprema Corte arrojaría no sólo justicia sino ganadores y perdedores, y esto les acarrearía críticas y descalificaciones a sus magistrados, cualquiera que fuera el fallo; sin embargo, el sustento del fallo no sólo no era discutible sino tan pulcro jurídicamente que no dejó duda de la decisión.
Así, el lunes 11 de mayo, la Suprema Corte de Justicia dio su fallo por unanimidad: echó para atrás las acciones de inconstitucionalidad con las que se impugnó la reforma a la Constitución de Baja California, con la que se buscaba ampliar de 2 a 5 años el periodo de gobierno.
Según el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, se trataba de “una “maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular” con la que se cometió “un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático”. En lo que llamó un fraude postelectoral.
“Bajo la apariencia de que estaba actuando en uso de su facultad legislativa y en ejercicio de su competencia para legislar sobre su organización política, el Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido al decretar por ley que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco”, afirmó el ministro presidente.
En entrevista televisiva el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, añadió elementos jurídicos a un histórico discurso que acompañó del fallo en este caso: “Es un precedente muy importante y relevante de que se tiene que respetar el voto público, que se tienen que respetar las instituciones en fondo y forma y de que no se puede utilizar la Constitución para violar la Constitución, los instrumentos de la democracia para violar la democracia y de que la Suprema Corte, como tribunal constitucional del Estado Mexicano, estará siempre para salvaguardar la integridad del sistema democrático como lo hizo el día de ayer”.
Respecto al fallo, el INE se pronunció a través de su consejero presidente Lorenzo Córdova, quien señaló: “Reconozco la decisión unánime de la SCJN en favor de declarar inconstitucional la denominada Ley Bonilla en Baja California”.
La precisión de los argumentos de los ministros, y en especial de su presidente, Arturo Zaldívar, desactivó toda pretensión de ampliar mandatos sin la aprobación de la gente, por lo que también se fortaleció la democracia.
Al politizar este caso, la oposición se considera triunfadora con la decisión de la Suprema Corte, cuando en realidad lo que triunfó fueron la legalidad y la justicia.
La Suprema Corte no determina con sus fallos ganadores políticos, sino que trabaja para que prevalezca la ley. El único lugar que otorga triunfos o derrotas políticas son las urnas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio a conocer a través de su presidente, que actuó no sólo conforme a la Ley, sino que reivindicó su autonomía del resto de los poderes y se proclamó como defensora de las instituciones de México. PEGA Y CORRE. – La mayor concentración de armas ilegales se ubica en estados gobernados por la oposición, a excepción de la Ciudad de México. Después de ésta están, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas y el Estado de México, lugares donde operan los cárteles más poderosos del país…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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