*Alfonso Romo y otros investigados por ´narcoterrorismo´
*Se avecinan fuertes protestas en campus universitarios-UV
CON EL correr de los días, a la Cuarta Transformación se le sigue cayendo el “teatrito” de la honestidad, la banderita blanca anticorrupción que solía exhibir el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras enarbolaba su trillado: “no mentir, no robar y no traicionar”, discurso que, paralelamente, imita la Presidenta Claudia Sheinbaum, muy a pesar de la purulencia que sigue brotando del aparato oficial gracias a las indagaciones del Gobierno de Estados Unidos, porque en México “no pasa nada” aunque pase, y acaso por ello necesitan un Poder Judicial Federal que tape las trapacerías del pasado, presente y futuro, en tanto siguen culpando a la oposición de todos los males habidos y por haber sin reconocer los suyos. Es como ver la paja en el ojo ajeno sin sentir la viga en el propio. En ese tenor, ha sido el vecino País del Norte quien puso el dedo en la llaga de tres instituciones fiduciarias que sirvieron a López Obrador, CIBanco, Intercam y Vector, esta última desde adentro, vinculándolas con operaciones de lavado de dinero para diferentes cárteles y, en particular para Joaquín “El Chapo” Guzmán (a cuya madre solía visitar el oriundo de Macuspana), y en ese tenor, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó la intervención gerencial temporal de esas instancias, sobre todo de Vector Casa de Bolsa, propiedad del exjefe de la Oficina de la Presidencia de AMLO, Alfonso Romo Garza, en tanto la mandataria nacional sigue exigiendo pruebas a la Unión Americana, como solía hacerlo su jefe, defendiendo lo indefendible. Ya EU le respondió que Vector, de Poncho Romo, facilitó el pago de sobornos del Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna, el ex secretario de seguridad pública de Felipe Calderón, trasmutado por la 4T en el enemigo número uno de México. La resolución de la CNBV fue emitida la noche del 26 de junio por la Junta de Gobierno del organismo regulador, citando el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores, la cual permite la sustitución de los órganos administrativos y representantes legales de una entidad financiera cuando se compromete la protección del público inversionista, dadas las implicaciones que en la citada institución financiera pueden tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América.
TODO INDICA, tal como lo dijo alguna vez Beatriz Gutiérrez Müller (¿la esposa o ex esposa?), que los “gringos” van contra AMLO y Morena, y acaso por ello el ex Presidente decidió separarse, incluso, de su hijo menor, pues como bien señala Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, aunque Sheinbaum se desgarre las vestiduras: “…Bajo los preceptos del Acta Patriótica, el Tesoro y el gobierno estadounidense NO están obligados a mostrar prueba alguna y mucho menos al gobierno mexicano, y les basta la “sospecha” que ya documentaron en el informe del FinCen, para considerar al empresario mexicano Alfonso Romo como “colaborador del terrorismo” e investigar todos sus movimientos financieros y actividades para descubrirle vínculos con otras organizaciones. Y es ahí de donde viene el peligro para Morena, López Obrador y para la 4T en su conjunto: Si se llega a probar o a encontrar que Alfonso Romo, a través de alguna de sus empresas o él mismo desde sus cuentas personales realizó algún tipo de aportación, depósito o transferencia de recursos al partido Morena durante la campaña presidencial de 2018, o en cualquier otro momento, eso bastaría para que el partido gobernante en México, hoy todo poderoso, pudiera ser señalado también por el gobierno de los Estados Unidos como “colaborador del narcoterrorismo”, con el que ya se vincula al empresario, amigo y exjefe de la Oficina de la Presidencia de López Obrador, refiere García Soto.
Y ES que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN), concluyó que existen fundamentos razonables para determinar que Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, facilitó operaciones de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa, y las transacciones señaladas ocurrieron entre 2019 y 2023, periodo que coincide con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que casi prendía veladoras a Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”. Romo se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia, y fue figura clave en la toma de decisiones desde el arranque del sexenio hasta el 2 de diciembre de 2020 cuando renunció, aunque ese día, el mandatario macuspano aclaró que, aunque ya no desempeñara el cargo que ejercía, seguiría siendo su principal enlace con el sector privado. “Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo. Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando”, expresó el mandatario ese día, al recordar que el empresario de Nuevo León fue el primero de su sector en adherirse al “movimiento de transformación” y lo reconoció como su amigo, “un hombre independiente, honesto y comprometido con las causas justas” (aunque EU tiene otros datos). El semanario Proceso indica que, aunque el reporte no menciona explícitamente vínculos políticos, los años en los que ocurrieron las operaciones que involucran a Vector -incluyendo transferencias millonarias a empresas chinas utilizadas para traficar precursores químicos del fentanilo-, se ubican bajo la administración de la llamada “Cuarta Transformación”, aunque la Presidenta siga negándolo. Estados Unidos ya destapó la cloaca, y acaso muchos políticos y empresarios ligados al oficialismo tengan que rendir cuentas muy pronto. Vaya caso…
*****
AUN CUANDO la junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana ya otorgó una prorroga al rector de esa casa de estudios superiores del Estado, Martín Gerardo Aguilar Sánchez para que continúe al frente por un periodo más que comprendería del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2029, las protestas no cesan y quienes aspiran a sucederlo han decidido entregar sus respectivas solicitudes de aspirantes a la Rectoría, bajo el argumento de que las universidades públicas deben ser ejemplo de legalidad, de respeto a las normas y de apertura democrática, por lo que, cuando una autoridad se perpetúa en el poder sin el respaldo de un proceso participativo, se compromete seriamente la legitimidad institucional. Por ello tanto el doctor Rafael Vela Martínez y el, también, doctor Jorge Manzo Denes han acudido a las oficinas de la Junta de Gobierno para entregar un escrito en el que expresan su manifiesto deseo de contender por este cargo. Ambos advierten que vendrán una serie de protestas en los Campus Universitarios en contra del Rector y su camarilla de amigos que no quieren dejar el poder, lo que consideran un atropello en contra de la comunidad universitaria. El asunto, invariablemente se irá a los Tribunales, por lo que Martin Aguilar no debería cantar victoria aun. OPINA carjesus30@hotmail.com
