Por: Proceso
Foto: E-Consulta
XALAPA, Ver. (apro).– “No tengo dudas, este nuevo gobierno es aliado de criminales”, dijo Efraín Martiz Aguirre, padre de Gibrán Martiz, cantante de “La Voz México” que fue levantado y asesinado por policías estatales de Veracruz en diciembre del 2013.
El crimen generó incluso una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra siete policías, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, conocido como Capitán Tormenta y liberado ayer de prisión, y el propio gobierno de Veracruz, encabezado por el priista Javier Duarte.
Efraín Martiz Aguirre, quien se exilió del país y vive ahora en un país caribeño tras recibir amenazas por investigar y ventilar el caso, se escucha molesto al otro lado del teléfono.
Asegura que “hubo negociaciones” entre Bermúdez Zurita y el nuevo gobierno, encabezado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, del partido Morena.
“Antes de ver el tema de justicia legal, vieron el tema político. Se repartieron el botín del estado de Veracruz nuevamente. Bermúdez Zurita, me queda claro que es un aliado hoy del nuevo gobierno. Que lástima, pensamos que habíamos avanzado en Veracruz en este tipo de temas”, fustiga.”
“Hoy, que por fin Bermúdez estaba en prisión, vemos que está aprendiendo a negociar con este nuevo gobierno. Los otros padres que están pendientes por las desapariciones de sus hijos verán que no van a avanzar con este gobierno. Ya vemos problemas entre el fiscal (Jorge Winckler y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, así no se van a dejar trabajar. Va a repercutir en los pocos avances que había”.
Levantados y asesinados
Gibrán Martiz Díaz, de 22 años, y Sergio Luis Hernández, de 17, así como otro joven que sigue desaparecido, fueron privados de su libertad por policías que los sacaron con lujo de violencia de su domicilio en Xalapa.
Gibrán y Sergio fueron hallados muertos en el interior de un vehículo conducido por presuntos sicarios en un paraje de Huatusco, a 60 kilómetros del puerto de Veracruz.
Los cuerpos presentaban signos de descargas eléctricas, golpes en el torso y las extremidades, así como el tiro de gracia.
Desde entonces, Efraín Martiz inició una lucha para dar con los responsables de la desaparición y asesinato de su hijo. En el camino denunció el “tortuguismo” de la Fiscalía General del Estado, a cargo en ese entonces de Luis Ángel Bravo, quien estaría por salir de prisión gracias a un amparo.
También denunció conflictos cuando se debía investigar al entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, también conocido como el Capitán Tormenta.
En la casa de Bermúdez
Apenas el 23 de mayo del 2017, Martiz amplió su denuncia en la Fiscalía, luego de que el teléfono de su hijo permitiera conocer las coordenadas de tres direcciones entre el 7 y el 12 de enero, fecha en que la Fiscalía de Veracruz confirmó el hallazgo de los cuerpos de Gibrán y su amigo.
Uno es el lugar donde fueron secuestrados; otro, cerca del Congreso local, en el conjunto residencial Las Ánimas, donde “sé que ahí vive el extitular de la SSP, Arturo Bermúdez”, y la Academia de Policía de El Lencero.
“Telcel entregó, a petición del Ministerio Público, la sábana de llamadas y localización de datos de internet (del teléfono) de mi hijo. Yo me apoyé con gente externa que conoce de cartografía, de coordenadas y de aparatos sofisticados para obtener dónde habían tenido a mi hijo, y los resultados me dejaron helado”, expone.
Al entregar la copia de los mapas con las coordenadas, que coinciden con los datos revelados por Telcel, añadió: “Seguramente a mi hijo lo torturaron, lo golpearon y probablemente lo mataron en la propia Academia de Policía, pero antes lo llevaron o reportaron su detención con el titular de Seguridad Pública, de otra forma cómo te explicas los vaivenes de su teléfono, que nunca me regresaron”.
Efraín Martiz recrimina que cuando solicitó al Ministerio Público entregar las pruebas al Poder Judicial e incluso llamar a cuentas a los policías de la SSP y al propio Bermúdez, sólo dieron evasivas.
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