Entre lo utópico y lo verdadero
Por Claudia Guerrero Martínez
22 de octubre del 2018.
Cartas a la Dirección
**Mujer acusada injustamente por evasión de presos
** Trabajadores del Sindicato de AFECUV denuncian a su líder
-Primera carta:
La suscrita Esther Alejandra Ortiz Rodríguez, soy madre soltera, quien por necesidades de tener un ingreso para sostener a mi hija, ingresé a laborar a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado, hoy Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, el día 1o de octubre del 2003, con la categoría de Custodia adscrita al CERESO “La Toma” de Amatlán de los Reyes, Veracruz.
Durante nueve años, realicé mi labor de manera responsable, honesta y proba, tanto en el ámbito público como privado; tan es así, que no existe en mi contra, algún procedimiento administrativo de responsabilidad en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado o en la Contraloría General del Estado, por alguna queja de alguna persona por mi actividad; como tampoco, se presentó queja alguna por mi desempeño en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Por necesidades del servicio, fui comisionada a otros Centros Penitenciarios, sin que nunca la suscrita, se haya opuesto a cambio alguno; como cuando en fecha 13 de junio del 2010, fui comisionada al CERESO “Zona Norte” de Tuxpan, Veracruz, en donde prestando mis servicios como custodia y en virtud de que el día 9 de diciembre del 2012, un interno se fugó del Reclusorio; se me incriminó injustamente y fui privada de la libertad el 13 de diciembre del 2012, procesada en la Causa Penal número 188/2012 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxpan, Veracruz, por el delito de evasión de presos. Permanecí privada de mi libertad en el Centro Penitenciario de Tuxpan, Veracruz, hasta el día 11 de junio del 2013, dado que por un amparo que promoví, me fue concedida mi libertad provisional bajo fianza. Durante todo este tiempo, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, me dejó a mi suerte, no me apoyó en nada, como tampoco me apoyó alguna institución de protección a los derechos humanos y de las mujeres. Posteriormente, fue hasta la apelación en donde se me absolvió de todo cargo, siendo notificada y entregada mí boleta de libertad en fecha 30 de enero del 2015.
Por tal motivo, solicité mi reincorporación a mi actividad laboral, debido a que no tenía trabajo y por haber estado privada de la libertad, se me hacía más difícil encontrar trabajo, además que por la edad, ya no es fácil que te contraten; sin embargo, me fue negado el trabajo tanto por la Secretaría de Seguridad Pública, como por la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, argumentando que la contratación de mis servicios fue por tiempo determinado, y que mi contrato terminó el 31 de diciembre del 2012, a pesar de que cada año, firmábamos una renovación de contrato.
En virtud de lo anterior, promoví el juicio contencioso administrativo número 160/2015 en la entonces Sala Regional Zona Centro del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, en donde en fecha 26 de abril del 2016, obtuve sentencia favorable.
Desde esa fecha he pretendido ejecutar la sentencia correspondiente, sin embargo, a pesar de todos los trámites que he realizado y de que reiteradamente, tanto la Secretaría de Seguridad Pública como por la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, argumentan que la Secretaría de Finanzas del Estado no les autoriza pagar mi indemnización, la Sala Superior del actual Tribunal de Justicia Administrativa, se niega a iniciar el procedimiento de inejecución de sentencia, y decretar la destitución de los servidores públicos responsables, en este caso, el Secretario de Seguridad Pública y el Director de Prevención y Reinserción Social del Estado, pues mi asunto se inició y tramitó cuando estaba vigente el artículo 332 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado, que lo permitía.
Por esa razón, acudo a Usted, con la finalidad de que a través de su importante Portal de Noticias, el Gobernador del Estado conozca de mi problema, e intervenga para que se cumpla con una sentencia que me dio la razón, y de esta manera pueda atenderme de un problema de salud que me aqueja, y pueda apoyar a hija con la manutención de mis nietos. Por su atención, muchas gracias. Firma: Esther Alejandra Ortiz Rodríguez.
-Segunda carta:
Respetable Maestra, reciba un cordial y respetuoso saludo, por parte de unos miembros de la comunidad Universitaria, verdaderos trabajadores de confianza y asimilables de la Universidad Veracruzana. Y sobre todo le agradecemos que cuando esta comunidad se dirige a usted, siempre ha tenido una respuesta positiva.
En esta ocasión, le externamos nuestra indignación y hastío por el comportamiento deshonesto, cínico y traidor de la dirigente de la asociación que integramos AFECUV Martha Herrera Hernández.
Durante más de quince años ha venido sirviéndose de todo tipo de privilegios, gracias al apoyo de las autoridades de nuestra Institución, por las prebendas que otorga a funcionarios para seguir sosteniéndose como “Secretaria General del AFECUV”.
Ha dispuesto de nuestro dinero, por concepto de cuotas y caja de ahorro, para otorgar “prestamos” que nunca son devueltos, sobre todo nunca son requeridos por ella a autoridades que se encuentran lo más arriba, Funcionarios, Académicos y su dirigente sindical para sostenerse en el poder y seguir robándonos. Y que la sigan respaldando en contubernio con ella
De la manera más atenta y si usted decide hacerlo, verifique lo siguiente:
Desde hace mucho tiempo es un secreto a voces que la Señora Martha Herrera es dueña, socia o participa en una empresa de créditos, llamada REFACIL, el dinero que presta es de los miembros de la asociación, fondea nuestro dinero, también ha adquirido algunos inmuebles en el centro de la ciudad y en algunos fraccionamientos, con prestanombres, estamos hablando desde desfalco a nuestra asociación, robo, y evasión de impuestos.
Se hace rodear de un sequito de paleras y paleros, alcahuetes, chivatos, soplones, que al igual que ella saquean nuestra asociación, disfrutan de privilegios con categorías máximas sin hacer absolutamente nada.
En cada zona tiene gente comprada que se dedica a reventar las “asambleas” cuando alguna vez las hubo.
Esperamos poder contar con su atención ya que si empieza a desenredar esta madeja verá lo lejos y arriba que llega y qué funcionarios están involucrados en esto. Gracias.
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