* “Vengan por mí”, decía * Y cuando la vio de frente, huyó a EU * A media audiencia, dictan orden de aprehensión * La tragedia de los siete jóvenes * Mueren ahogados en río Calzadas * La hija de Juan Carlos Fong, implicada * Fiscalía resolverá si es homicidio culposo * Todo apunta a negligencia criminal
MUSSIO CÁRDENAS ARELLANO
Publicada en mussiocardenas.com
15 de julio de 2024
“Les voy a facilitar mi detención”, retaba Chiquiyunes en campaña. “Vengan a por mí”, decía, muy echador. Y apenas sintió al aparato de justicia encima, se peló a Estados Unidos y se escondió entre las sábanas de un hospital.
“Les enviaré mi agenda –decía el gallo– para que acudan a cualquier evento y entre la gente traten de hacerlo. Nunca hemos sido temerosos ni blandos. Hoy menos que nunca. Adelante, Cuitláhuac, aquí te estamos esperando”.
Pues temeroso sí resultó. Y aduce problemas de salud, un accidente, una dolencia, un cuello afectado, hernia en la cervical, otra hernia lumbar, todo para no acudir al tribunal.
Y ahí, a media audiencia, entre sábanas de su aposento, el juez le dictó orden de aprehensión.
El circo es de primera, mitad comedia, mitad tragedia. Miguel Ángel Yunes Márquez se halla a las puertas de la cárcel, lejos del Senado que le daría fuero, inmunidad;cerca de Pacho Viejo, el célebre reclusorio de Veracruz por el que han pasado ex gobernadores, ex funcionarios y es fiscales, y lo que comenzó como un alarde, un desdén, un reto al gobernador Cuitláhuac García, se tradujo en victimización.
Chiquiyunes se metió en un brete de los mil demonios por usar un documento presuntamente falso, su constancia de residencia, con la que acreditaría que vivió cinco años efectivos en el puerto, requisito para ser candidato del Partido Acción Nacional a alcalde de Veracruz, en 2021, ya que él no nació en el puerto sino en Xalapa.
Se metió él y, de paso, ocho funcionarios del ayuntamiento porteño, los que elaboraron la constancia de residencia, los que corroboraron hechos que no pudieron sostener. Y de paso implicó a su hermano Fernando, entonces presidente municipal de Veracruz al que le atribuyen delito electoral. Y todos terminaron denunciados. Y se las van a aplicar.
La tragedia de los Yunes azules cuadra como para un guión de Scorsese, algo así como Goodfellas o Departed, donde la sagacidad del gángster se topa con la ley y la ley sucumbe al capricho del poder. O los malosos sin control se despedazan entre ellos.
Chiquiyunes enfrenta tres imputaciones: uso de documento falso, falsedad de declaración a la autoridad y fraude procesal. Y luego de un repertorio de maromas y piruetas, terminó prófugo de la ley.
La osadía del primogénito del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, de usar la carta de residencia cuestionada, en 2021, topó con el Poder Judicial de la Federación. Se quedó sin candidatura. Fue reemplazado por su esposa, Patricia Lobeira Rodríguez –Paty Yunes–, quien a duras penas ganó la elección.
Aquella tormenta se disipó. Pero, como aquí, en INFORME ROJO, se apuntó, tarde o temprano se la iban a revivir. Y así ocurrió.
Chiquiyunes es senador electo. Fue masacrado en la elección del 2 de junio, barrido al son de dos a uno por Morena, pero llegará al Senado como primera minoría. Morena, léase Rocío Nahle, la gobernadora electa, y Cuitláhuac García, el gobernador saliente, reactivaron la denuncia y lo tienen a milímetros de ser vinculado a proceso.
Yunes Márquez arguye persecución política. Y lo es. Lo legal es el pretexto para impedir que llegue al Senado y que en 2025 pueda aspirar a la alcaldía de Veracruz.
Es persecución política, auspiciada por Rocío Nahle y sus secuaces –Cuitláhuac, la fiscal Verónica Hernández Giadáns, el mismo Andrés Manuel López Obrador, el aparato judicial–, que no buscan justicia sino pulverizar al clan de los Yunes azules.
Les urgía la vinculación a proceso que impida que pueda rendir protesta como senador, que tenga fuero, que sea un ariete contra Morena desde el Congreso federal.
Los pataleos de Chiquiyunes se dieron en plena campaña. El 5 de mayo, sin decir agua va, citó a conferencia de prensa. Soltó que había iniciado una persecución política contra ocho panistas, él incluido. Y fanfarrón, como es, dijo que miedo no tenía, que no iba a correr, que pretendían quitarle la candidatura, que no lo iban a callar.
“Cuando menos ocho de quiénes somos candidatas y candidatos enfrentamos hoy la amenaza de que seremos detenidos en los próximos días para impedir que les ganemos las elecciones”, sentenció.
Ni idea tenía de la paliza que le esperaba en las urnas. Morena lo vapuleó. Ni en su feudo, Veracruz-Boca del Río, pudo ganar. Ni llevando a su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, como suplente, impidió la felpa electoral.
Aquel día, Chiquiyunes soltó más bravatas. Encaró al gobernador y aludió a la entonces candidata de Morena, la zacatecana Rocío Nahle García, la que ordenó la persecución.
“Desde aquí –dijo Yunes Márquez– les mandamos un mensaje a Cuitláhuac y a quien le ordenó esta persecución con nosotros se equivocan no les tenemos miedo a sus amenazas, a su persecución y a la cárcel. Aquí, en esta coalición, hay mujeres y hombres limpios y dignos que seguiremos en la lucha desde cualquier sitio hasta sacar a los del gobierno. Que escuchen bien los autores y ejecutores de la amenaza: sabemos bien quiénes son y qué quieren hacer”.
Y se ufanó:
“Nos defenderemos con todo y en su momento les revertiremos lo que hoy están haciendo y entonces los perseguidos serán ustedes”.
Pues no. El perseguido y asediado es él. El que rehuye al tribunal es él. El que corre, vuela y se acelera es él.
Tres veces desoyó el llamado del juez Oscar Luis Lozada Hernández. Desdeñó los citatorios. Vio venir la maquinaria judicial y adujo problemas de salud, un accidente ocurrido en 2022, una operación de columna en 2023, una hernia en las vértebras cervicales, daño en el cuello, otra hernia en la región lumbar, un tratamiento en la Clínica Mayo, en Jacksonville, Florida, donde finalmente fue a parar.
Tras el tercer citatorio a acudir al penal, en el reclusorio de Pacho Viejo, el juez ordenó una audiencia virtual. Notificado por Chiquiyunes que se hallaba en Estados Unidos, el juez solicitó a la embajada de México que certificara que el senador electo se encontraba en un hotel cercano al Hospital Mayo.
Mientras, el juzgado o la Fiscalía de Veracruz filtraba el exhorto. Violaba el debido proceso. Inducía la versión de que se trataba de una ficha roja para localización por parte de la Interpol. No era así. Ni siquiera hubo alerta migratoria.
Yunes Márquez denunció que el juez retrasó el envío de la liga y código para acceder a la audiencia virtual. Minutos después, se la hicieron llegar.
Chiquiyunes resultó todo un histrión. En campaña se mostraba ágil, despreocupado, sin acusar signos de daño en su salud. Pero durante la audiencia permaneció postrado en una cama. Se quejaba. Provocó recesos. Así hasta que el juez suspendió la audiencia. Y cuando lo vio ausente, dictó la orden de aprehensión.
De aquel Yunes Márquez echador, soberbio, que retaba, que enfrentaba, ni sombra. Terminó eludiendo a sus verdugos, huyendo, ganando tiempo para rendir protesta como senador y gozar de fuero constitucional. Impunidad, pues.
“Les voy a facilitar mi detención”, retaba. Y apenas pudo, se peló.
POSDATA
En mala hora, siete vidas se perdieron. Siete vidas de jóvenes que alentaban sueños. Una tragedia, la noche del sábado 13, sacudió a Coatzacoalcos, a Veracruz, al país. A bordo de una camioneta blindada, cayeron al río Calzadas en condiciones por demás extrañas, sospechosas, quizá un homicidio imprudencial. Ellos y otros jóvenes más habían convivido desde el mediodía en la propiedad del constructor Juan Carlos Fong Cortés, prominente miembro del Clan Nahle-Peña-Hayek. Según una de las versiones que corren, a eso de las 8:30 de la noche, abordaron la unidad motora, una Suburban blanca, por demás lujosa, placas YOY-786. Su conductora, Ana Fong Carrillo, habría descendido del vehículo porque algo olvidó en el interior de la vivienda. La camioneta se deslizó precipitándose al afluente. No hubo manera de romper los cristales, dado el blindaje. Trabadas las puertas, fue imposible que pudieran salir y salvar sus vidas. Pasaban los minutos y quienes observaban el drama, desesperados solicitaban los servicios de auxilio. Arribaron grúas y unidades de Bomberos. Dado el peso de la camioneta, por el blindaje, la Suburban fue rescatada por una grúa industrial. Ya nada se pudo hacer. Segunda versión: Ana Fong Carrillo descendió de la camioneta y dejó la palanca de velocidades en “neutral”. Tercera versión: remolcaba, con los jóvenes en su interior, remolcaba una lancha que se hallaba en el río para ponerla en tierra y que sólo Ana Fong pudo saltar de la unidad cuando vio que se precipitaba al afluente. Julio, Paulina, Mayra, María, Kateline, Pablo y Perla, estudiantes universitarios algunos, ya egresados de sus carreras otros, se habían reencontrado en Coatzacoalcos y decidieron convivir sin advertir el terrible final. La tragedia enluta a sus familias y amigos, y consterna y sacude a la sociedad. Arranca palabras de solidaridad y sentimientos de tristeza. Los siete despertaban a la vida y construían un futuro, integrantes de círculos familiares por demás apreciados. Hoy son ángeles que volvieron a su Creador. Quedan por saberse las causas del siniestro, si hubo o no homicidio culposo, no intencional; si es real o no la versión de que la camioneta había remolcado una lancha y realizaba maniobras para sacarla del río; si el vehículo se hallaba sobre una rampa con la palanca de velocidades en “neutral”, lo que habría provocado el deslizamiento. Por tratarse de un hecho en que se perdieron vidas, habrá de recogerse la versión ministerial de la joven Ana Fong, a quien se señala como la conductora que bajó de la Suburban minutos antes de que ésta se precipitara al río y de quien se señala en redes sociales que fue sacada del país. De haber testigos, tendrá que confrontarse lo que cada quien vio. Habrá que conocerse qué reporta el dictamen pericial sobre la camioneta, la posición de la palanca de velocidades, la computadora del vehículo, lo que pudieran revelar las cámaras de video del sistema de seguridad, si es que las hay. Y algo más: el tráfico de influencias. El percance ocurrió en la propiedad de Juan Carlos Fong Cortés, una casa de veraneo y de reuniones de fin de semana. Fong Cortés es cercanísimo a Arturo Quintanilla Hayek, compadre de la gobernadora electa de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, quien siendo secretaria de Energía otorgó el primer contrato en la refinería de Dos Bocas por 5 mil millones de pesos al consorcio Huerta Madre, del que es integrante Juan Carlos Fong, el que a su vez es uña y mugre de José Luis Peña Peña, esposo de la zacatecana Nahle. O sea, huele a impunidad y a injusticia, a burla a la ley mientras siete familias lloran a sus amados hijos fallecidos. Habrá que ponerle lupa a la carpeta de investigación que integra la Fiscalía. Es, como dice el manual, cuestión de responsabilidades y culpas. No hay que soltar el caso. Los siete jóvenes merecen justicia; sus familias también. Que hablen las evidencias…
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