Para el año 1952, las mexicanas, percibían que era ineludible el obtener el otorgamiento del voto universal, y ese fue uno de los temas prioritarios de la agenda de la Secretaría de Acción Femenil del PRI nacional, encabezada por Margarita García Flores.
Adolfo Ruiz Cortines había emergido como candidato, y en diferentes actos este mencionaba con frecuencia: “es impostergable que la mujer sea incorporada a la vida política”. Y frente a esa señal tan clara, las mujeres organizadas, dentro y fuera del partido oficial, mostraron una gran simpatía por su propuesta formándose así el Comité Femenil pro-Ruiz Cortines. Este comité no solo incluía a dirigentes femeniles del PRI, si no también liderazgos de agrupaciones diversas de obreras, maestras, artistas, periodistas, universitarias, empresarias, etc., que se unieron en el mismo objetivo, para hacerle la petición formal al candidato. Margarita, lo recuerda así:
“… Me reuní con María Dolores Heduan Virués de la CNOP; Alberta Moreno de la CNC; Graciela Becerril de Beltrán, Carmen María Araíza por la CTM, Esther Villaliz por la CROC y Martha Andrade del Rosal, por las mujeres del DF y otras distinguidas lideres civiles, y definimos la estrategia. Lo hicimos en el mes de marzo de 1952 y ya frente a Don Adolfo, muy respetuosamente le hice el planteamiento: “Sr. Candidato Ruiz Cortines, las mujeres mexicanas queremos el voto para ayer, no para ahora… No podemos esperar más. ¿Usted cree que es justo que nos discriminen porque nacimos con un sexo diferente, del cual estamos orgullosas?, “¿acaso, es justo que esa sea la diferencia para no obtener los derechos plenos”?… “El candidato nos miró seriamente y fue parco en su respuesta y sin decir sí o no, sólo se concretó a decirnos que ése era un asunto muy importante y aceptó la invitación de reunirse con nosotras en la Magna Asamblea Nacional Femenil a celebrarse el 6 de abril de ese año en el Estadio 18 de marzo, oportunidad que aprovecharíamos para que conviviera con nosotras y donde todas le demostraríamos el respaldo a su candidatura. Nosotras sabíamos que de ahí dependía todo” (García, 2005, C en Lladó, Z (2010). [1]
Ya estando, el candidato Adolfo Ruiz Cortines, en la histórica Asamblea Nacional frente a veinte mil mujeres, expresó su discurso. Y después de enaltecer en su retórica el valor de la mujer mexicana y su aportación a las causas más nobles compartiendo responsabilidades por igual con el hombre, concluyó su elocución con lo siguiente: “Si el voto me favorece, promoveré, el segundo día de mi mandato, las reformas constitucionales necesarias para otorgar los derechos universales a la mujer mexicana”. (Treviño, 1992:71). Al escucharse esa frase el estadio se desbordó en júbilo.
Ya siendo Presidente Ruiz Cortines (1952-1958), hace realidad ese compromiso, enviando a las Cámaras, el 2 de diciembre de 1952, la iniciativa de reforma a los artículos 34 y 115 constitucional siendo aprobada y publicada el 17 de octubre de 1953. Y a partir de ese momento las mexicanas fueron ciudadanas, con derechos plenos. Y así mismo, por primera ocasión éstas emitieron su voto en la elección federal del 3 de julio de 1955.
De ahí en adelante, la lucha ya no se detendría. Llegaron así las primeras Senadoras, Diputadas Federales y Locales, Presidentas Municipales y regidoras, Ministras, Magistradas, Juezas, Gobernadoras, etc. Igualmente, en los liderazgos campesinos, obreros, magisteriales, civiles, etc., destacaban ya mujeres de gran fortaleza y carácter, y se incrementó la presencia de estas, en los cargos de la administración pública tanto federal, estatal y municipal.
Otro aspecto que ayudó mucho al avance de las mexicanas fue el de impulsar políticas públicas de Estado con visión de género. En 1973, se incorporó la primera política pública en el gobierno federal denominada, Comisión Nacional de la Mujer, dependiente del Consejo Nacional de Población (CONAPO), mismo espacio que cambia de nombre en 1980 a Programa Nacional de la Mujer. Para 1995, el Programa Nacional de la Mujer (1995-2000): Alianza para la Igualdad, pasó a depender de la Secretaría de Gobernación y para el año 2000, dicho espacio se convirtió en el Instituto Nacional de la Mujer, como se le conoce hasta la fecha.
Desde el Congreso, las legisladoras de todos los partidos han hecho lo propio para impulsar, por una parte, las cuotas de género, logrando modificar el 22 de noviembre de 1996, la Frac. XXII Transitoria del COFIPE, para dar cabida al sistema de cuotas y con ello aumentar la presencia de las mujeres en esos cuerpos legislativos, quedando así: “los partidos políticos nacionales considerarán en sus Estatutos que las candidaturas por ambos principios a diputados y senadores no exceden del 70 % para un mismo género. Así mismo promoverán la mayor participación política de la mujer”; por otra parte, en 1997 se inicia la etapa de las Comisiones de Equidad y Género, iniciándose en la Cámara de Diputados con carácter especial, y cambiando en 1999, a una Comisión con carácter ordinario. Dichas comisiones se integrarían también en los congresos locales.
En 2005, se da un paso importante al interior de un partido político. El PRI modificó el art. 42 de sus estatutos y otorgó la paridad a sus militantes mujeres, quedando el texto: “en los cargos de elección y de partido, las oportunidades deben ser en un 50% para cada género”, siendo el primer partido mexicano que concedió la paridad política en su norma interna. Sin embargo, había de pasar mucho tiempo para que la norma electoral nacional lo considerara.
En 2002, se realizaron nuevamente modificaciones al COFIPE, para hacer válida la obligatoriedad de que los partidos garantizaran el cumplimiento de las cuotas (70-30%). Para 2008, la cuota cambia al modificarse el art. 219 para establecer la proporción 60-40% quedando exceptuada de esta disposición, las candidaturas que surgieran de procesos electivos internos y se establecía la amonestación pública en caso de incumplimiento.
Pero, la ansiada paridad estaba muy cerca. La iniciativa presidencial enviada al Congreso en diciembre de 2013, reforma el Art. 41 Constitucional para establecer: “Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida política y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas , principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto, y directo, así como, las REGLAS PARA GARANTIZAR LA PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS, en candidaturas a legisladores federales y locales”. Misma que fue aprobada y promulgada en enero de 2014.
Sin duda, este logro plasmado en la Constitución fue trascendental en la historia de la lucha por los derechos políticos de las mexicanas, ya que a partir de esa reforma fue posible que después de la elección de 2018, el Congreso de la Unión tuviera, en la Cámara de Diputados la presencia de 241 mujeres de un total de 500 (el 48.2%) y en la de Senadores, 63 de un total de 128 (49.2%). Continuándose esa inercia con la reforma constitucional del 5 de junio de 2019, en que se extiende esa paridad[2], haciéndola obligatoria en los diversos órdenes de gobierno y organismos autónomos.
Tales declaratorias, representaron la culminación de una lucha intensa emprendida a través de décadas y dichos logros y conquistas obtenidas habían de llevar siempre el reconocimiento a todas aquellas mujeres valiosas y valientes, que en el pasado lejano y reciente, dieron su esfuerzo y su vida por esos objetivos, mismos que en adelante, las nuevas generaciones de políticas, habrán de defender, para no dar un paso atrás a lo ya conquistado.
Pero ¿con la obtención de los derechos políticos, las mujeres han logrado ser “ricas en ciudadanía”? La respuesta es un SÍ relativo. Porque las mexicanas pudimos alcanzar la ciudadanía civil en su momento, que ampara los derechos plenos y obligaciones frente a la ley; igualmente, se ha logrado mucho respecto a la ciudadanía política, gracias a la voluntad de los gobiernos y de las instituciones electorales que han dado certeza a la democracia en nuestro país, pero, aún existen deudas muy altas y áreas no resueltas particularmente en temas , tales como, la violencia contra las mujeres, los atentados, secuestros y feminicidios, en donde se percibe en muchas partes del país, la falta de voluntad de los sistema de procuración de justicia y los encargados de garantizar la seguridad ciudadana, para actuar de manera eficiente.
Hoy la violencia contra las mujeres alcanza magnitudes alarmantes en el país, pues el 70.1 % de las mujeres de 15 años o más, han vivido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o de discriminación en cualquier ámbito, como igualmente, los riesgos de sufrir atentados y agresiones (acosos, feminicidios, violaciones, etc.) es cada vez más alto. Y esa violencia, ha impacto los escenarios políticos con mayor severidad. La peor demostración fue el proceso electoral de 2021, en el que la violencia política prevaleció en muchas partes del país. De 35 crímenes cometidos a candidatos, 21 fueron contra mujeres que competían a un puesto de elección popular. El 80% de los casos de violencia política contra las mujeres ocurrieron a nivel municipal, 15 % a nivel estatal y 5% a nivel federal[3]. Luego entonces ese es un rubro que requiere atención urgente para evitar que el problema continúe creciendo.
Respecto a la ciudadanía social, mientras existan grupos femeninos viviendo en la marginación y la discriminación en el territorio nacional, o inmersos en estándares mínimos o nulos en su calidad de vida y en su bienestar económico; mientras las estadísticas sigan colocando a las mujeres como las receptoras principales de la pobreza, mientras sigan dándose casos en que se vulneran sus derechos, mientras sigan aumentando los números en feminicidios, se ejerza violencia por motivos de género y sean excluidas en su garantía de recibir justicia pronta y expedita, la deuda está latente. Especialmente en el presente, en que la crisis económica y de inseguridad en todo el territorio nacional, hace que la sociedad sienta impotencia e incertidumbre, al ver que el problema no se resuelve o se reduzca.
Luego entonces, hoy las demandas no resueltas son las nuevas causas por las que las mexicanas debemos seguir luchando y a 69 años de haber obtenido la ciudadanía, obliga a hacer un alto en el camino, para reflexionar sobre la agenda de género del presente y futuro, definiendo la prioritario y estableciendo compromisos con nosotras mismas y con la sociedad, para continuar siendo útiles a México. Y entre esos compromisos están:
1.-Seguir preparándonos, fortaleciendo valores y capacidades, para que la misión-cualquiera que una mujer elija-, la cumpla con creces en la vida, vigorice su confianza y la proyecte en su propio crecimiento. 2) Que las mujeres nunca apaguen la voz en el objetivo de lograr y exigir el respeto y defensa de sus derechos, sociales, culturales, económicos y políticos por lo mucho que representa su contribución en la familia, el trabajo, el desarrollo y el equilibrio en la sociedad. 3) Que mujeres y hombres mexicanos, incidamos en la cultura social y política de nuestro medio, para que la igualdad y la paridad, que fue una lucha por siglos, no genere diferencias irreconciliables entre sí, por el contrario, que en la madurez y el respeto mutuo, podamos juntos construir el país que merecemos, mismo que hoy nos convoca a la unidad, al trabajo y a la responsabilidad compartida, para hacer que México resurja, recupere las grandes oportunidades, y sea garante del desarrollo permanente, de la justicia y de la paz.
Gracias y hasta la próxima
[1] Ibid. Lladó C. Zaida Alicia, (2010). Entrevista personal a Margarita García Flores, en su domicilio (2006)
[2] Proyecto de Decreto que reforma los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
[3] Observatoria Ciudadana Todas MX
