El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez estaría repitiendo la práctica del de Javier Duarte de Ochoa de utilizar empresas con domicilios fiscales falsos para asignarles millonarios contratos de obras. Podría estarse ante un nuevo caso de empresas fantasma como el que tiene en prisión al exgobernador priista.
Lo anterior quedó evidenciado ayer durante la comparecencia del secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández Gutiérrez, ante los diputados de la LXVI Legislatura, para glosar el cuarto informe de gobierno.
El diputado priista Marlon Ramírez Marín, vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia, presentó imágenes de modestas viviendas de Xalapa, supuestos domicilios fiscales de dos empresas donde nunca han existido.
Las imágenes hacen recordar las que documentaron y exhibieron en 2016 los reporteros Arturo Ángel y Víctor Hugo Arteaga en el portal ANIMAL POLITICO que detonaron el escándalo que dio pie a la investigación que llevó a la cárcel a Duarte.
Las supuestas empresas son LMN Constructores Asociados, S.A. de C. V., constituida en Coatzacoalcos, inscrita apenas el 9 de junio de 2020 en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, y PBA & Civiles y Asociados, S.A. de C.V., constituida el 2 de marzo de 2019 en Coatzacoalcos e inscrita en el Registro Público de Comercio el 19 de marzo de 2019 en Minatitlán.
Pero, además, registraron un domicilio fiscal para recibir notificaciones en Xalapa, en Andador 1, Casa 2, de la colonia José María Morelos (El Sumidero) donde, de acuerdo a información obtenida por el columnista, habita una adulta mayor (ronda los 80 años) que asegura que en su casa nunca ha funcionado ninguna empresa y no tiene la menor idea del tema.
En su intervención, el también dirigente estatal del PRI denunció que en la SIOP se han entregado contratos de obras por 320 millones de pesos a empresas de reciente creación (habló de 12), monto de los cuales 56 millones fueron observados como presunto daño patrimonial por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
Además, mostró un contrato de obra por 11.5 millones de pesos que la dependencia le entregó a una persona física de nombre Víctor Manuel López Sandria, de 27 años, quien a su vez nombró a un apoderado legal de nombre José Octavio Méndez Morales, y recordó que de acuerdo a la Ley de Obras Públicas del Estado, se requiere experiencia suficiente para llevar a cabo las obras.
El diputado expuso que las empresas de nueva creación a las que se les entregaron contratos no son de administraciones pasadas, sino de la actual, creadas a partir de 2019. “Hay domicilios que coinciden, empresas que tiene el mismo domicilio, y son situaciones que debe aclarar no a mí, sino a la Auditoría Superior de la Federación y al Órgano de Fiscalización Superior, que es el que lo tiene observado”.
Por otra parte, denunció que este año no se ejercieron mil 200 millones de pesos, cifra que aparece registrada en el Informe Trimestral del Gasto de la Secretaría de Finanzas y Planeación y que el propio funcionario reconoció en su pasada comparecencia.
“¿Cuántas obras pudo hacer su dependencia con ese dinero que se dejó de gastar?, ¿por qué se dejaron de gastar mil 200 millones de pesos?, ¿por qué es práctica reiterada en su dependencia entregar a empresas de nueva creación contratos que ascienden a 320 millones de pesos?, ¿por qué a una persona física con un representante legal le entregan un contrato por 11.5 millones de pesos?”, preguntó.
Marlon recordó que en la Cuenta Pública 2021 existe una observación por anticipos a contratistas por obras públicas a corto plazo con un saldo, al 31 de diciembre del año pasado, de 1,213 millones 349 mil 169 pesos, por obras que no se ejecutaron y sobre lo cual, dijo, la SIOP no ha proporcionado evidencia de acción alguna para recuperar el dinero.
Mencionó que el secretario había asegurado que los anticipos eran de administraciones pasadas, pero puntualizó que, sin embargo, están observadas en la cuenta de 2021 y además los contratos están firmados por él.
Dijo que con ello se demostraba que no son buenos para gastar o invertir y que además se los han llevado al baile con los adelantos o, “peor aún, a nosotros los diputados nos dicen que ese dinero se los van a regresar, pero en realidad solo se lo han cambiado de bolsa entre ustedes”.
Sobre la adjudicación de contratos a nuevas empresas y las evidencias gráficas de que han usado como fachada casas humildes como domicilios fiscales, aludió a lo que dicen el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con Ellas del Estado de Veracruz.
El primero señala que son empresas fachadas las que simulan operaciones y con ello defraudan al erario público; que el contratante tiene la obligación de validar y verificar que las empresas no se encuentren en los supuestos del:
Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.
En cuanto a la segunda, registra que se debe observar que las empresas contratadas deben demostrar capacidad jurídica, técnica y financiera, lo que no cumplen las empresas de nueva creación denunciadas.
Al respecto, dijo que el Artículo 26 señala que la Sefiplan integrará el Padrón de Contratistas de Obras Públicas y Servicios Relacionados, fijará los criterios y procedimientos para clasificar a las personas inscritas en él, de acuerdo con su especialidad, actividad, datos generales, nacionalidad, experiencia, capacidad técnica, económica y financiera, e historial respecto de contratos celebrados con las dependencias y entidades de la administración pública estatal, y en su caso, los municipios, a los cuales les asignará un número de registro, lo que tampoco se cumple.
El titular de la SIOP acepta las irregularidades
En su respuesta, el secretario Gutiérrez Hernández de hecho aceptó la seria irregularidad, que puede ser constitutiva de un delito, arguyendo que en los gobiernos de Javier Duarte y Fidel Herrera ya se entregaban contratos a empresas recién creadas, aunque se desviaban recursos y, según él, ahora no.
También aceptó la concesión de un contrato a un joven veinteañero diciendo que eso no tenía “nada que ver”, sino que la cuestión eran las condiciones de la obra o si ya estaban concluidas o no.
Él solo se autoevidenció admitiendo que sí han entregado obras a empresas de reciente creación. “Son veintitantas empresas de reciente creación, tenemos más de 600 obras, entonces creo que no es un porcentaje muy alto, lo importante es que se haga la obra”.
Asimismo, también tratando de justificarse admitió las irregularidades en los domicilios fiscales que no corresponden a una empresa con experiencia. “Las empresas a veces tienen sus domicilios así, no precisamente tienen que estar en la Torre Ánimas o en la JV, no le veo ningún problema”.
Anoche, una fuente del Comité Estatal del PRI le comentó al columnista que están documentando toda la serie de irregularidades para presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, ya que los recursos son federales y por lo tanto, hay delitos del orden federal.
