La costumbre de ver sólo en los políticos la corrupción obligaba a tener los ojos vendados a la realidad respecto a los otros gremios que no son puros y castos. No por matar a un perro se es mataperros, así que la deshonestidad es propia de ciertos seres humanos sin importar su oficio o profesión. Se es corrupto o no se es, ya sea político, científico, médico, periodista o catedrático.
Así que no por existir científicos corruptos se puede calificar a todos ellos como deshonestos, tampoco -sería absurdo, pero sucede- puede pensarse que por investigar a un grupo de científicos signifique que hay cacería contra todos ellos, como sucedía en los gobiernos de Francisco Franco o de Adolfo Hitler.
Cualquier señalamiento, investigación o culpa que tiene su origen en administraciones anteriores provoca las críticas de la oposición que carece de propuestas y solo utiliza el dinero de los contribuyentes para criticar al gobierno que les regala dinero por realizar una actividad tal vil e improductiva.
La respuesta de los científicos aludidos como corruptos llegó al extremo, un supuesto médico, Aldo Aldrete, cuya identidad no está definida porque aparece como encargado de una clínica en Zapopan, con logos de la ONU en su perfil, pero ni la clínica ni la ONU lo reconoce, lanzó una agresión contra el presidente y su esposa.
Parte de la campaña de desprestigio de una oposición dispersa, sin proyecto y poco informada de la realidad del país. Esta agresión a través de Twitter, lejos de desgastar la figura presidencial, la fortalece.
A pesar de que todo el poder desgasta, en este caso no le han quitado ni una pluma al gallo de la presidencia. La más reciente encuesta habla de una aceptación popular del 63.9 hasta el domingo 26 de septiembre a través de una de las encuestadoras más serias de México que es la de Roy Campos.
Una aceptación que no existe en ningún país del mundo frente a una oposición no sólo carente de ideas y conocimiento político, sino carente de líderes que puedan perfilarse para competir electoralmente limpiamente, pero anteponen el protagonismo al servicio a la sociedad y la sensibilidad política.
Con esta son ocho las semanas consecutivas creciendo la aceptación de López Obrador, la racha más larga de promedios semanales en el sexenio; la popularidad presidencial es equivalente a la que tenía hace dos años, superando la pandemia y la caída económica mundial. Esto no lo supera nadie.
Hay quienes afirman que la directora de Conacyt, la bióloga María Elena Álvarez-Buylla Roces interpuso una demanda contra los 31 burócratas disfrazados de científicos, ella no fue quien inició la querella, aunque muchos que sólo leen las cabezas de las notas, sin confirmar datos, lo afirmen con tanta ligereza. Se investigaba una empresa y encontraron dinero público, con el mismo método utilizado la estafa maestra, donde está implicada Rosario Robles, y otros funcionarios de alto nivel del sexenio pasado.
Ahora algunos voceros del pasado quieren que lo público permanezca en secreto, a pesar de que se trata de personajes de la vida pública, de dinero del pueblo y de tareas que deben beneficiar a la comunidad.
Se habla de 31 científicos que ni siquiera son la totalidad de los que abriga Conacyt, aunque los mal informados y peor intencionados aseguren que así es. Los implicados crearon una asociación civil, de lo cual hay pruebas, y con el pretexto de coadyuvar a la investigación en la ciencia y la tecnología recibía dinero del Conacyt, el cual usaban para beneficio propio, sin los controles que exige este Consejo, que no son pocos, ya que al conformarse esa asociación civil se establece como una entidad privada, de donde se despachaban con la cuchara grande, sin restricciones ni tener que rendir cuentas a nadie.
Es lo que sucedía con muchas de estas asociaciones que sólo hacían negocios privados con dinero público, es decir de todos los mexicanos. Por eso fueron desaparecidas por el actual gobierno, y por eso el tema es defendido con vestiduras desgarradas y gritos en el cielo.
Lo que hicieron los “científicos” fue evitar las auditorías para hacer con el dinero lo que ellos quisieran y derrocharlo en viajes, restaurantes de lujo, entre otros gastos suntuarios.
La UIF empezó a investigar empresas y en una de ellas encontró dinero público, ese es el origen de la investigación contra los científicos. No eran muy discretos y avezados los científicos porque ese dinero llegó incluso a cuentas bancarias, en cantidades que llamaban la atención.
Los desvíos de los “científicos” en Conacyt no son nuevos, lo nuevo es que se descubren las actividades ilícitas de algunos de ellos. No son todos los malos, ni todos los científicos son investigados.
En este panorama, los panistas se desgarran las vestiduras señalando persecución contra la comunidad científica. Pobre país sería el que cuenta sólo con 31 científicos, porque se persigue a ellos, a ningún otro.
Así, los legisladores del PAN aseguran que hay cacería de brujas y colocan a los 31 científicos como víctimas de la injusticia y muestra de que se persigue a la comunidad científica en el país; sin embargo, ofrecen datos a medias y verdades relativas, y de esto sabe muy bien su correligionario, el diputado plurinominal Juan Carlos Romero Hicks, quien fue director del Conacyt de 2007 a 2011, durante el calderonato. Hicks conoce las normas, las reglas y también las diferencias entre un científico honesto y uno que no lo es, por eso está callado y pidiendo a todos los santos que no se profundice más en ese tema.
En su afán por descalificar al gobierno, esta vez, por lo menos, se descalifican a ellos mismos.
No es una novedad el robo a Conacyt ni a otras instancias donde hay vivales que aprovechan el grado académico para vivir cómodamente prácticamente sin hacer nada y esto implica a muchas instituciones donde, en nombre de la ciencia y la investigación, se organizan convenciones, coloquios, reuniones que sólo buscan pasear en los mejores hoteles a cambio de una conferencia de media hora, para decir algo que ya dijeron en su conferencia anterior.
Tal vez por eso se sintió aludido el rector de la UNAM, Enrique Luis Graue Wiechers, y señaló que las acusaciones contra científicos en general es un despropósito. Nadie estaba señalando la totalidad de la comunidad científica, sólo a 31 de ellos.
En el país hay más de 35 mil investigadores, más otros que están trabajando en el extranjero. Tan sólo en 2017 Conacyt entregó 63 mil 696 becas.
Entre los científicos que forman parte de esa asociación civil que sólo llenaron sus bolsillos está el hermano de la periodista Adela Micha, quien ya había sido un escándalo porque su hijo, Carlos Gotlib Micha, vendió a gobernadores priistas a través de contratos millonarios una app fantasma que no servía para nada.
La comunidad científica estaba fuera de los reflectores de los medios y de las auditorías, y ahora que muestran la parte oscura de sus actividades ilícitas, se sienten ofendidos.
Porque panistas, periodistas, catedráticos, en lugar de ver la realidad de la corrupción en blanco y negro, deben contribuir a limpiar lo sucio y a exaltar lo que en realidad cumple con la función social que eligen.
Si los científicos inculpados son inocentes que exhiban esas pruebas, si son culpables que paguen, de manera ejemplar, sus corruptelas.
La ciencia es una responsabilidad social invaluable, una tarea de la que dependen las futuras generaciones del país y del mundo. Cada acto de deshonestidad dentro de esta comunidad es un factor de retraso para México. PEGA Y CORRE. – Ahora la oposición va a decir que el gobierno federal mantiene una cacería de brujas contra la comunidad deportiva, porque un juez federal del reclusorio Norte de la Ciudad de México, vinculó a proceso al presidente de la federación Mexicana de Natación, Kiril Minchev Todorov, por el delito de peculado. Se concedieron seis meses para la investigación complementaria… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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