“No neguemos nada; no afirmemos nada; esperemos.” – Arthur Schopenhauer.
Con un control pleno del Poder Legislativo, la actual administración estatal encabezada por Cuitláhuac García Jiménez, emprendió a partir de este 14 de junio una nueva etapa legislativa.
El impulso a los verdaderos temas que ocupan y preocupan a la sociedad habrán de comenzar abordados, estudiados, analizados y discutidos por los legisladores, que servirán en suerte de una especie de gran catapulta para reposicionar al movimiento Lópezobradorista, que desgastado como es natural en su acción de gobierno necesita un reencuentro con la sociedad.
La misión nuevamente la enfunda y asume el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín sabedor que es desde ahí donde se puede empezar a evidenciar un verdadero cambio social.
En paralelo, los integrantes del gabinete estatal que no comulgan con las belicosas prácticas del secretario de Gobierno –todólogo de la nada- quien ahora en redes sociales se anuncia como boxeador y activo practicante del deporte del pancracio, han comenzado a cerrar filas entorno al mandatario estatal, comenzando por darle los mejores resultados reactivando la imagen de un Gobierno que parecía paralizado.
Así explotando temas como las Finanzas, la Educación, el Turismo, el Desarrollo Económico se ha emprendido un plan para borrar todo vestigio de la política indolente y barbarie que el segundo al mando ha practicado a lo largo de los últimos 4 años de presencia en el gobierno.
Así pues, desde el Congreso, este martes se anunciaron un par de temas de suma relevancia por su inmediata capitalización política.
Primero lo anunciado por el Diputado Presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Fernando Arteaga Aponte en el sentido de que el Congreso habrá de practicar una auditoría estatal a fondo a la operación del Grupo MAS, responsable de la operación y explotación del servicio de agua potable en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río – Medellín.
Para ello habrá de intervenir el sabueso de presa del Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, que con Sergio Rodríguez Cortes algo habrán de encontrar para fundar como suficiente y necesaria la cancelación de la concesión que el ladrón de Javier Duarte y sus secuaces otorgaron a la empresa brasileña Odebrecht junto a la filial de Aguas de Barcelona.
Por otro lado, el anuncio realizado por el coordinador parlamentario del PT, Ramón Díaz Ávila, para que este Congreso exhorte, respetuosamente, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, magistrada Isabel Inés Romero Cruz, informe a este Poder sobre el estado actual y jurídico que guardan los expedientes de ciudadanos veracruzanos procesados por el delito de ultrajes a la autoridad.
Tema sensible y de alto impacto político, el cual, fue ejecutado y llevado a la práctica con las patas por el propio boxeador de peso completo y por su siempre bien amada compinche la Fiscal General, Verónica Hernández Giandáns, quienes han puesto no en vergüenza, sino en el ridículo nacional, la procuración de justicia en la entidad, cosa que tiene al mismo Gobernador García Jiménez, que trina de enfado por las que le han hecho pasar.
Dice bien el refrán popular “No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista” y al parecer, al gobierno estatal ya le comienza a pesar y mucho la serie de errores cometidos por este par de personajes, que poco a poco se van quedando solos de cara al futuro de Veracruz.
Al tiempo.
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