*AMLO decía que no hay negocio jugoso ajeno al ejecutivo
*Caerán más empresarios y funcionarios; Anuar entre estos
ALGUNA VEZ lo dijo el, ahora, ex Presidente Andrés Manuel López Obrador: “en México no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del Presidente. Para que quede claro: si hacen una transa grande, grande es porque el Presidente lo permitió. El Presidente de México se entera de todo”, y por ello repetía intermitentemente: “no somos iguales”. Y por supuesto que no son iguales que sus antecesores, en algunos casos resultaron ser peores, como si tuvieran prisa por asegurar el futuro personal y de sus familias (concubinos o concubinas), y en ese sentido, encubiertos desde la cúpula por la impunidad que decidió MoReNa para sus militantes “distinguidos”, muchos se han dedicado al saqueo, a los negocios turbios, a delinquir abiertamente sabedores del perdón que les dispensan por ser integrantes de la Cuarta Transformación, y conscientes del decálogo obradorista que purifica a los arrepentidos y los beatifica. Quizá por esa razón, muchos se han confiado hasta rebasar los límites de lo tolerable, sin considerar que la Presidenta Claudia Sheinbaum ya no obedece solo al ex mandatario López Obrador, sino que debe plegarse a ciertas normas impuestas por Estados Unidos y su Presidente Donald Trump, como la detención y entrega de narcotraficantes –aunque falta de transferir a ciertos políticos ligados a grupos delincuenciales-, y ahora huachicoleros que ocupaban altos cargos en las fuerzas armadas, como la Marina-Armada de México, empresarios y, por supuesto, funcionarios que aún faltan por atrapar, y todo gracias a que los abrazos y no balazos pasaron a la historia junto con el creador de esa frase zalamera que solo fomentó el resurgimiento de una delincuencia organizada –y autorizada- que se sentía protegida y dueña de gran parte del País. Pero con la llegada de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana las cosas cambiaron, pero no porque Sheinbaum Pardo así lo deseara, sino porque tiene la presión del vecino País del Norte, y acaso por ello fue destruida una compleja red de corrupción dedicada al contrabando de combustible (con la detención de un barco con más de 10 millones de litros de diésel, una refinería clandestina y varios decomisos de gasolinas en operativos conjuntos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México). Además de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreó operaciones financieras inusuales, como depósitos millonarios en efectivo, compra de inmuebles, vehículos de lujo y pólizas de seguro que no correspondían con el perfil económico de los implicados ligados a la 4T. Entre los 14 detenidos se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías, sobrinos políticos del ex Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, xalapeño, por cierto, quienes habrían sido denunciados por un testigo protegido identificado como “Santo” que los identifica como “los primos”, jefes de la operación que les redituó multimillonarias ganancias.
POR CIERTO, entre los aprehendidos por el huachicol fiscal se encuentra, también, Anuar González Hemadi, celebre juez veracruzano que habría sido destituido por irregularidades en el caso de Los Porkys (el grupo de jóvenes que abusaron de una adolescente en el puerto de Veracruz-, quien presuntamente estaría ligado al caso. El ex juzgador porteño es representante legal de la empresa Mefra Fletes, la cual estaría relacionada con la red delictiva de Los Primos. La identidad del testigo protegido (que puso al descubierto la banda) ha sido revelada por el diario Reforma que lo identifica como el Capitán Alejandro Torres Joaquín, quien dirigió la aduana de Tampico entre 2023 y 2025, y de acuerdo a su testimonio ante la FGR, permitió personalmente el desembarco de 14 buques cargados con combustible ilegal entre abril de 2024 y enero de 2025, recibiendo 24 millones 500 mil pesos en sobornos. De esos recursos, Torres Joaquín aseguró quedarse con 1 millón 420 mil pesos por cada embarcación, mientras que solo una fracción era distribuida entre seis subordinados, pese a que el dinero estaba destinado a doce personas. El intermediario en la entrega era el Capitán de Corbeta Retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “NK”, actualmente prófugo. La versión es que el exdirector de aduana decidió colaborar con las autoridades después de sufrir un presunto secuestro, y tras el asesinato, el 8 de noviembre pasado en Manzanillo, Colima, del Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, tras denunciar a los hermanos Farías Laguna -sobrinos políticos del Almirante Rafael Ojeda, Secretario de Marina del sexenio anterior-. En ese sentido, frente al escándalo, que salpica a familiares del exsecretario de Marina, el fiscal Alejandro Gertz Manero asegura que el propio almirante había advertido hace dos años sobre “problemas” en la institución y pidió investigar a fondo, sin solicitar protección para sus parientes.
EL TEMA ha cobrado tal relevancia que, el capitán de navío y titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, decidió quitarse la vida (o al menos eso aseguran las autoridades), en sus oficinas, luego de que fuera mencionado por el exdirector de Aduanas de Tampico por presuntos sobornos en la red de huachicol fiscal. Y esto es solo una parte de la crisis que vive MoReNa con tanta y semejante corrupción y podredumbre que inició en el Gobierno de López Obrador con el caso Segalmex, cuyo titular fue perdonado pese a un fraude que superó al de la estafa maestra.
DICE UN sabio refrán: “Si no te cabe, no repartas”, pero ahora, desde punto de vista del ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, “Morena quiere repartir costo de toda la corrupción”, ya que la Cuarta Transformación ha difundido que Ruffo Appel es socio de la empresa Ingemar, involucrada en el megadecomiso de 15 millones de litros de combustible ilegal en Coahuila, por lo que es requerido por autoridades federales al estar supuestamente implicado en la red de huachicol fiscal. Pero el ex gobernante asegura que el Gobierno Federal lo que busca con esas acusaciones es repartir el costo político de un problema que les ahoga. “Lo que le pasa a este gobierno de Morena es que traen tanta gente involucrada en tanto asunto, que alguien está buscando la compensación como para repartir la mala imagen y salpicarle a otros las mismas broncas internas que traen”, y asume: “yo aquí estoy”, pero asegura que hasta el momento nadie lo ha requerido para información sobre el caso. En fin, muchas cabezas habrán de rodar, pero las principales seguirán gozando de cabal salud.
POR CIERTO, en agosto de este año, el general Eduardo León Trauwitz, exsubdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, dijo haber entregado a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, cuando era secretaria de Energía con López Obrador, una carpeta con más de 300 hojas, gráficas, ubicaciones y nombres sobre el robo de hidrocarburo. Pese a ello, el saqueo de combustibles aumentó, pero la funcionaria calificó como irrelevante la información que él le entregó en 2018. “Yo no la busqué. Me ofrecieron una reunión para entregarle una carpeta con gráficas, ubicaciones y nombres. Era información estratégica sobre robo en refinerías, en ductos, todo…”. La reunión con Nahle duró menos de 30 minutos y fue facilitada por empresarios vinculados a proveedores tecnológicos de Pemex, y los datos provenían de sistemas de monitoreo operados por el Ejército y Fuerza Aérea, en los que se evidenciaban la infiltración del crimen organizado en diversas instalaciones, y el objetivo era crear una estructura de seguridad integral, pero la propuesta fue desechada. “Le dimos información valiosa a Rocío Nahle, pero no se usó para combatir el huachicol. Al contrario, el robo se maximizó. Yo no dije que ella haya utilizado la información para robar; dije que le entregué información con la que pudieron haber solucionado muchas cosas, pero no lo hicieron”, dice el General. OPINA carjesus30@hotmail.com
