*A Valentín ya no lo toman en cuenta; podría renunciar
*Ponen piedras a Rosalba Hernández; le amarran manos
ESTA SEMANA será crucial para la Secretaría de Salud. Hay versiones –confirmadas- de que vendrán renuncias obligadas en distintas áreas de ese sector, como la ocurrida en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (mejor conocido como Hospital Regional), donde fueron cesados sin ser notificados previamente, Fermín Martínez de Jesús, director general y ahora ex titular, y Marcela Yáñez Tapia, administradora del nosocomio, ambos con solo tres meses de haber sido nombrados. El despido no fue decisión del Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Veracruz, cardiólogo Valentina Herrera Alarcón, sino de la Gobernadora Rocío Nahle García que ni siquiera tomó parecer al galeno que los había designado, simple y llanamente, decretó el despido y nombró ipso facto a la doctora Imelda Victoria Pérez Prior, quien se desempeñaba como titular del Hospital General de Tarimoya en el puerto de Veracruz, mientras que Hugo Eduardo Serrano Trinidad, estará a cargo de la administración. Pero no han sido los únicos ceses fulminantes, ya que la semana que concluye fue testigo de los despidos de al menos cuatro funcionarios de la dependencia sin previo aviso: simple y llanamente fueron notificados cuando se presentaron a laborar y ya no los dejaron entrar a desempeñar sus funciones. Unos dicen que las renuncias obligadas son parte del programa de austeridad, aunque, a decir verdad, nada de eso ocurre puesto que los espacios vacantes están siendo cubiertos por recomendados de personas muy allegadas a la mandataria, lo que tiene con el Jesús en la boca a cientos de trabajadores de contrato sobre cuyas testas pende la guadaña, pues se ha corrido la versión de que serán despedidos para dar espacios a gente cercana a MoReNa, tengan o no experiencia laboral en la materia, lo que sería un duro golpe, en caso de proceder, para cientos, miles de familia que ya tienen tiempo trabajando en la Secretaria. Hay versiones de que el Secretario de Salud, Valentín Herrara ya no es tomado en cuenta por el alto mando, y que la renuncia la tiene firmada y lista para ser entregada a Rocío Nahle, decepcionado de que no fue lo que esperaba, pues programas de gran valía y ayuda para la población que requiere de un trasplante u órgano vital, no están siendo respaldados como se esperaba, más aun cuando en el Estado aproximadamente 9 mil personas se encuentran en lista de espera para ser beneficiados por un riñón, hígado, pulmones, corneas e, incluso, corazón. Se comenta que el despido de los funcionarios del Hospital de Alta Especialidad se da tras las denuncias y quejas que acumularon tanto por parte del personal hospitalario como de pacientes, aunque al interior de la dependencia se tienen otros datos.
EL TEMOR de los trabajadores a despidos, sobre todo de aquellos que laboran por contrato, no es fortuito, si se considera que la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto que modifica la conformación de Servicios de Salud IMSS-Bienestar, cuya Junta de Gobierno pasa a control de la Secretaría de Salud, unificando las finanzas, entre otros cambios. Y es que el pasado 15 de agosto, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto presidencial para reformar diversos artículos del decreto del 2022, cuando López Obrador estableció la creación de IMSS-Bienestar como organismo público descentralizado que, dizque, brinda atención médica a quienes no tienen seguridad social, lo que es reportado como un fracaso. Los cambios modifican la Junta de Gobierno, que es el organismo rector del IMSS-Bienestar, y ahora el presidente será el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, pues antes era el Director General del IMSS Zoé Robledo quien ostentaba el cargo, y lo mismo ocurrirá en los Estados. Y es que anteriormente ambos sistemas de salud funcionan totalmente independientes, con presupuestos distintos, pero ahora el IMSS-Bienestar en los Entidades dependerá de la Secretaría de Salud, lo que representará un gasto adicional que los Gobernadores buscan menguar despidiendo personal, como ya está ocurriendo en el solar jarocho.
ANTAÑO LAS finanzas eran mediante transferencias libres entre el IMSS-Bienestar y los gobiernos de las entidades federativas. Ahora todo se unificará en el “Fondo de Salud para el Bienestar”, además de que se le autoriza a generar convenios con instituciones de todo nivel de gobierno e incluso organizaciones no gubernamentales, incluyendo acuerdos de pago y reintegro con instituciones públicas que pertenecen al Sistema Nacional de Salud. Los cambios por decreto será una causal para que los Estados decidan ajustar sus plantillas, despidiendo a personal de salud dizque para achicar el gasto corriente, cuando en realidad será para beneficiar a los recomendados. Lo que viene podría ser otro foco de protestas. Al tiempo…
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DONDE LAS cosas tampoco pintan bien es en el Poder Judicial del Estado, ya que la magistrada Presidenta, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre ha decidido poner piedras en el camino a quien la sustituirá inevitablemente, en este caso la abogada indígena, Rosalba Hernández, quien ganó la mayoría de votos en las recientes elecciones judiciales. Y es que Aurelia Jiménez, malora, como suele ser, decidió integrar el nuevo Órgano de Administración Judicial, responsable del manejo de recursos humanos, materiales y financieros de todo el sistema judicial Estatal, a excepción del Tribunal Superior de Justicia, con aspirantes que perdieron en las urnas que, por supuesto, responderán a las instrucciones de Aurelia, apelando a la frase de AMLO: favor con favor se paga (¿o no era así?). El agandaye ha provocado malestar, pues de acuerdo con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el órgano está compuesto por cinco integrantes designados por los tres poderes, y lea usted qué clase de genios estarán al frente del manejo de recursos humanos, materiales y financieros de todo el sistema judicial: Por parte del Ejecutivo, María del Socorro Hernández Cadena, magistrada en funciones designada por la gobernadora por un periodo de seis años, y quien resultó ser la menos votada en su materia, con solo 29 mil 460 votos. Por parte del legislativo entra Alma Rosa Flores Ceballos, también magistrada en funciones, y quien quedó en séptimo lugar, con 46 mil 534 votos, lejos del primer lugar que obtuvo 106 mil 338 votos. Por parte del Congreso entra Antonio Sobrevilla Castillo, exconsejero de la Judicatura y magistrado del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, derrotado por Luz María López Aburto con una diferencia de 467 mil 945 votos. Por otra parte, Víctor Luis Priego López, secretario del Consejo de la Judicatura seguirá en el cargo, lo mismo que Diana Adiveth Cruz Villegas, directora general de Administración del Poder Judicial.
AHORA QUE, no obstante haberle colocado a quienes manejarán realmente el poder judicial Estatal, desde la Presidencia se ha esparcido el rumor de que Rosalba Hernández llegará a la titularidad del PJE con el apoyo de Manuel Huerta, todo porque la magistrada cuenta con un pull de fiscalizadores que tienen la instrucción de realizar una auditoría a la administración aún en funciones, lo que generó mucho temor de que se ventilen irregularidades en el manejo de los recursos de la institución. En ese tenor, no solo la presidenta en funciones dejó de dirigirle la palabra y negarle cualquier acercamiento a la electa, sino que pidió a Palacio apoyo para proceder a dar el albazo con el Comité de administración que limite las funciones de la que llegará el 1 de septiembre. Y es que el comité habrá de autorizar sueldos, contratación de su equipo de trabajo y supervisará su operación y desempeño de actividades. En palabras llanas, le cerrará la llave para que desarrolle su encomienda con eficiencia y efectividad. Mucha pus podría brotar si Rosalba decide investigar a su antecesora. Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com
