*Desaparecer a INE acto abusivo y dictatorial
*Poder Judicial debe refrendar su autonomía
La dicotomía (división o separación) entre democracia y autoritarismo o, en palabras de Norberto Bobbio, democracia-autocracia es, sin duda, uno de los componentes de la mayoría de los sistemas democráticos. Pero el autoritarismo no es particular o privativo de los regímenes autoritarios, por el contrario, es uno de los componentes de la práctica política y de la masa normativa de una democracia. Y es que las soluciones de tipo autoritario son factibles en las democracias, pues en la medida que la opinión pública se debilite y los grupos opositores también se debiliten, la mayoría en el poder tiende a hacer uso de ese género de soluciones con más frecuencia, sea para imponer políticas fiscales, electorales o para acotar derechos humanos. Está visto que la jurisdicción constitucional fortalecerá a un sistema democrático si el medio ambiente político, las instituciones, y los responsables del régimen actúan con voluntad democrática y sus dilemas están impregnados de ese sentido, sin embargo, si actúan en contrario la jurisdicción constitucional se verá atrapada en el juego de intereses si el medio ambiente político, las instituciones y los responsables del régimen tienen la tentación autoritaria y ambicionan la consolidación de enclaves autoritarios. Lo anterior provocará deslegitimación de la justicia constitucional e impedirá que sea percibida por la oposición, la sociedad civil, y el conjunto institucional como una institución confiable para garantizar la constitucionalidad de las leyes y derechos humanos.
UN REGIMEN democrático es aquel que acata las leyes que emanan de la Constitución, que asumen con respeto la decisión de las instituciones sustentadas en los ordenamientos, y que no incitan a la rebelión o el desorden “pacifista” cuando las cosas le son adversas. Por ello, cuando un aspirante a cierta Gubernatura amenaza con desaparecer al Instituto Nacional Electoral, organismo que se creó con la reforma constitucional publicada el 10 de Febrero de 2014, en sustitución del extinto Instituto Federal Electoral para organizar procesos electorales libres, equitativos y confiables, para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y contribuir al desarrollo de la vida democrática de México, además de ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la consolidación de la cultura y convivencia democrática en México, distinguiéndose por ser una institución moderna, transparente y eficiente en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones equitativas e imparciales, y de paso amenaza veladamente de muerte a su consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello, elegido como su primer Presidente, la ley se violenta y se pone en riesgo a la instituciones, peor aun cuando un Presidente que se dice afectado porque se afecta a un aspirante de su partido por no entregar sus gastos de campaña como lo ordena la ley, y con una visión autoritaria y autócrata decide declarar la guerra al árbitro de la contienda, amenazando reformar la constitución para que el INE sea achicado y acotadas las facultades que ejercen los consejeros, entonces el País está enfermo, porque se encamina al autoritarismo y la dictadura: en pocas palabras, lo que no me sirve lo destruyo o elimino.
LO PEOR es cuando se quiere comprar instancias judiciales o, simple y llanamente se les ordena veladamente desde el ejecutivo que echen abajo los criterios del INE, cuando todas las actividades que desarrolla este último se rigen principalmente por la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales. Y es que según el titular del Ejecutivo Federal, para pretender un organismo a modo ha esparcido la versión de que la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar las candidaturas a Félix Salgado y Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán “es un atentado a la democracia y una expresión de fobia”, cuando antidemocracia es tratar de arrollar con todo el poder presidencial a una institución que sustenta su acuerdo en la ley, y fobia es lo que siente AMLO por el instituto desde que asumió el poder, muy a pesar de que su triunfo fue reconocido inobjetablemente. Con todo y ello ha buscado bajarles el salario y trasladarlos a una sede más barata, en suma, sumirlos en su control absoluto a fin de imponer una dictadura en México.
DICE EL Presidente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrá la última palabra, aunque por lo pronto “sugirió” a los magistrados hacer una encuesta telefónica para conocer si los ciudadanos están de acuerdo en que los morenistas Salgado Macedonio y Morón aparezcan en la boleta. “Estoy seguro que la gente va a decir: ‘que participen’, aun los que no van a votar por ellos porque no se debe de descalificar; en la democracia el pueblo es el que tiene siempre la última palabra”, dice un Presidente que ignora que quien tiene la última palabra en un Estado de Derecho son la Constitución y las leyes que de ella emanan, aun cuando alguna vez mando “al diablo las instituciones”.
EL JURISTA, filósofo y politólogo italiano, Norberto Bobbio, fallecido el 9 de Enero de 2004 en Turín, Italia, solía decir que la creación de un Tribunal Constitucional o, en su caso, la integración de una Suprema Corte con facultades de control constitucional es fundamental para garantizar el pluralismo democrático. El diseño de estas instituciones dependerá de la voluntad democratizadora de los miembros del Congreso y del Poder Ejecutivo, dado que en algunos sistemas los dos poderes deben colaborar para llevar a cabo los nombramientos. La historia política, con sus consecuencias en la estructura política, también juega un papel determinante, puesto que las mentalidades están en la base de la voluntad de las élites y condicionan la eficacia de las instituciones. La institución de la revisión judicial es importante porque frena a las fracciones parlamentarias dominantes que intentan reformar a la Constitución para introducir sus políticas y asegurar legalidad a sus maniobras, a veces autoritarias, que afectan al pluralismo democrático. Pero la revisión judicial, en los casos en que el tribunal constitucional o la Suprema Corte se ha integrado con jueces o ministros afines a la mayoría en el poder, puede convertirse en un instrumento autoritario.
POR ESO ahora que AMLO ha echado la bolita al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que resuelva los casos Salgado Macedonio y Morón, lo indicado sería que esa institución se comporte a la altura y ratifique la cancelación de las aspiraciones mencionadas, pues de lo contrario tenderá a debilitar aún más a un INE en la mira del autoritario Presidente que no tendría mayor pretexto, entonces, para exterminarlo o someterlo. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com
