Debieron pasar ocho años para que el crimen de la periodista Regina Martínez volviera a ocupar la atención de los medios, solo que esta vez esta trágica historia fue contada con nuevos elementos sobre los posibles motivos del artero asesinato, ocurrido en abril del año 2012, ahora con la mira puesta en las inconsistencias en la investigación que llevó a cabo el gobierno de Veracruz.
Un colectivo de 60 periodistas de 25 medios en 18 países agrupados en torno al proyecto Forbidden Stories, ha dado como resultado The Cartel Project, una investigación sobre el crimen que lo enfoca en el contexto de “las redes globales de los cárteles de la droga mexicanos y sus conexiones políticas alrededor del mundo para demostrar que al matar a trabajadores de la prensa no se mata a la historia”, como lo señaló el periódico español El País.
The Cartel Project reúne el trabajo realizado durante 10 meses por reporteros de medios internacionales como Le Monde, France TV, Radio France, The Star, The Washington Post, The Guardian, OCCRP, Le Soir, KNACK, South China Morning Post, Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR, Die Zeit, Haaretz, Expreso, la radio y televisión de Suiza, y el semanario Proceso, entre otros.
El trabajo de investigación parte de la premisa de que en México 119 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 y la mayoría de estos crímenes siguen impunes y que de entre ellos el de la reportera veracruzana se dio en el entorno de violencia criminal de los grandes carteles del narcotráfico y de corrupción política que se vivieron durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.
Para elaborar los trabajos de este proyecto, los periodistas realizaron decenas de entrevistas a testigos que revelaron cómo algunas autoridades presuntamente boicotearon la investigación y concluyen que Regina Martínez había hecho hallazgos explosivos meses antes de su muerte relacionados con miles de desaparecidos en el Estado.
Con profusión de datos, nuevas revelaciones, e hilvanando parte de las historias ya conocidas sobre la actuación de las autoridades y los presuntos responsables que en su momento detuvieron y sujetaron a proceso, dando por cerrado el caso que oficialmente habría tenido su origen en un robo, las publicaciones de medios internacionales y locales vinieron a poner en el debate público la necesidad de que se cumpla el ofrecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de reabrir la investigación del asesinato de la comunicadora ante el surgimiento de nuevos indicios del posible móvil relacionado con su trabajo periodístico.
Como es lógico, la vuelta a escena de este tema llevó al rápido deslinde de personajes políticos, múltiples opiniones e interpretaciones que reivindican, por un lado, la necesidad de que se haga justicia y el artero crimen no quede impune, y por el otro, las implicaciones que eventualmente se derivarían de la exhibición de supuestos vínculos de personajes del pasado con el crimen organizado, especialmente en el marco del proceso electoral en puerta.
El tema de la corrupción política y las presuntas complicidades entre funcionarios del gobierno y la delincuencia organizada en los años 2010 al 2016 en Veracruz pone en serios aprietos a posibles candidatos de las eventuales alianzas entre PRI-PAN-PRD y la del PVEM con Morena. Porque si al PRI esta revisión pública de los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte los regresa a lo más impresentable de su historia reciente, no menos dañino le es a Morena aliarse con el PVEM, una franquicia que maneja uno de los hijos del ex gobernador Herrera Beltrán. Ya veremos si esto mueve las cosas o el impacto que tendrá, sobre todo cuando es sabido del apoyo y la influencia de personajes ligados al ex mandatario en el actual gobierno estatal. Pronto sabremos si, como suele suceder, se apuesta al olvido y a la amnesia ciudadanas.
No obstante, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que la investigación por el asesinato de la corresponsal de Proceso en el Estado continúa abierta y expresó que se debe de agotar la línea de investigación por su trabajo periodístico. Y esperemos que así sea, solo es cosa de que la Fiscalía General de la República y la del Estado se coordinen y pongan manos a la obra.
Hace ocho años escribí a propósito del crimen de Regina: “Como duele e indigna que la información de su asesinato merezca mayor atención en medios nacionales y extranjeros que en la prensa local. Baste ver como la gran mayoría de medios de la entidad relegaron la nota a sus secciones policiacas y es evidente que les urge sacar el tema de sus ediciones o concretarse a reproducir boletines de prensa. Y los apuros de sus dueños, como de los editores de medios, columnistas o redactores a sueldo, obedecen, a no dudarlo, a la presión de la oficina de comunicación social del gobierno estatal”. Tuvieron que pasar ocho años y la intervención de medios internacionales para que esto alcanzara su justa dimensión y regresara a las primeras planas de medios tan influyentes como The Washington Post, Le Monde o The Guardian.
Que la presión de la prensa libre, de voces independientes, de analistas y formadores de opinión, de todas y todos quienes no se conforman con el deplorable estado de cosas en nuestro estado y con la irracional violencia que hace del periodismo el oficio más peligroso, sirvan para que se haga justicia en este proditorio crimen y en todos los casos que han enlutado hogares de comunicadores y de ciudadanos veracruzanos.
Como la buena reportera que fue, la acuciosa investigadora que conocimos y admiramos, Regina no hubiera descansado hasta revelarnos más detalles de lo sucedido, del curso de las indagatorias, de las contradicciones o silencios de las autoridades, de las inconsistencias del trabajo ministerial. Ella ya no pudo hacerlo.
Nunca es tarde para honrar la memoria de una periodista como fue Regina: seria, profesional, honesta e incorruptible, que supo ganarse el respeto y la admiración de quienes la conocimos
Es lo menos que puede y debe hacerse si de erradicar la impunidad se trata, uno de nuestros mayores males.
