Por Jorge Viveros Pasquel
El intentar ordenar nuestra frontera sur (además de ser un deber legal) es una condición básica para la Seguridad Nacional que los gobiernos federales habían pospuesto desde hace más de 50 años. La imposibilidad de dicho ordenamiento tenía varias aristas comenzando por la resistencia política que hubiera favorecido a la izquierda de AMLO hasta los acuerdos no escritos de los gobernadores fronterizos con los grupos de la Delincuencia Organizada. Por lo mismo ni PRI ni PAN o ninguno otro partido o coalición hubieran podido generar, en este sexenio, condiciones para el despliegue del ejército, Marina y PF, así como el apoyo de las policías estatales.
Hace algunos años estudié en Guatemala temas relacionados con las pandillas conocidas como Maras, diversos estudios y análisis tanto oficiales como de ONG’s señalaban que a Veracruz diariamente ingresaban una veintena de miembros de dichas organizaciones y que por el contrario solo salían en ese mismo periodo entre 12 y 14 maras, el resto se asentaban en territorio veracruzano algunos para delinquir otros buscaban una forma honesta de vida y otro tanto moría y tristemente al no contar con identificaciones o la desidia de las procuradurías, eran enterrados en fosas comunes o clandestinas.
Internar ordenar la frontera sur no es obedecer a Donald Trump o a algún otro interés extranjero, es establecer un filtro necesario para generar gobernabilidad en los Estados y Ciudades de la República en los cuales el flujo migratorio se ha vuelto un problema de salud, de seguridad y de respeto a los derechos humanos, entre otros, tanto para migrantes como para los ciudadanos mexicanos que habitan desde Arriaga, Chiapas hasta Tijuana, Baja California.
La compleja situación de la porosa frontera sur que separa el territorio mexicano de Guatemala y Belice tiene una extensión de 1,179 kms y está poblada por aproximadamente un millón y medio de habitantes mexicanos sumándose a estos la población extranjera que no es debidamente censada pero ya radica en esa región y por último los migrantes ilegales que de igual manera pueden generar tanto buenos dividendos económicos como problemas de seguridad pública para los habitantes de estas ciudades fronterizas. Algunos cálculos señalaban que en 2017 existía un flujo y población migrante cercana a un millón trescientos mil seres humanos tratando de acceder a servicios de agua potable, servicios médicos o a un techo digno en su camino de mínimo dos meses a los USA y en la gran mayoría de los casos sin conseguirlo.
¿Sería considerable pensar que dadas las circunstancias electorales del vecino país del norte el gobierno mexicano se sirvió de la demanda estadounidense para amortiguar el costo político del envío de militares a la frontera para su control?
¿No sería interesante recordar casi 40 años después a “los marielitos” que el gobierno cubano envío masivamente a los Estados Unidos?
Una obligación irrenunciable de los gobiernos es hacer cumplir las leyes, una obligación moral de los ciudadanos de estos países es ser solidarios con cualquier ser humano, en el caso de la migración los gobiernos deben hacer todo lo posible por ordenarla mientras que los ciudadanos idealmente debemos velar por el respeto a sus derechos humanos y tratar de ayudar su legítima aspiración a un mejor nivel de vida.
