Los partidos políticos deben ser los principales vigilantes de que sus funcionarios públicos cumplan a satisfacción todas y cada una de las propuestas de campaña; y ser la primera instancia que exija a sus correligionarios cumplirle al pueblo.
Finalmente, quien se desprestigia o no es el partido, pero lejos de presionar y coadyuvar para el cumplimiento de las promesas, justifican que no se cumplan. Es a partir de este momento que inicia la impunidad en la clase política del país.
Esta diferencia entre el decir y el hacer divide a la sociedad mexicana y desgasta al partido y los funcionarios. Porque en los últimos años los partidos se han convertido en cómplices de sus malos militantes. La cúpula de los partidos justifica hasta delitos graves y encubre responsabilidades.
Ante estas diferencias surgen los enconos, los resentimientos se vuelven reclamos y estos comienzan a enfrentar a la población. La civilidad de la sociedad madura impide que haya choques físicos, pero no por eso dejan de existir a nivel verbal y, sobre todo, tienen en los medios de información su principal campo de batalla.
En el debate en las cámaras que componen el Congreso se reclaman por lo que no hicieron unos y otros, no exigen explicaciones sobre lo realizado sino por lo cumplido. Es decir, la inactividad se vuelve costumbre y el no hacer tiene más reclamos que el hacer o hacerlo mal.
Los políticos desde las más altas tribunas del país los ven pelear y no hacen nada. Ni cumplen ni reclaman, simplemente se divierten en el pleito entre hermanos. Un ejemplo claro de este tipo de situaciones saturadas de demagogia, como sucedía hace más de 100 años, es el reclamo que cada mañana se le hace al jefe del Ejecutivo sobre diferentes problemas que tienen como origen la división entre los mexicanos. Como el tema del agua, cuando un reportero le comenta al presidente que caciques impiden que llegue el agua a comunidades, sólo dice que lo está viendo.
Así podemos ver que el caso del gobernador de Tamaulipas obliga a los panistas a defender sin conocer siquiera los términos de la demanda; en otro caso, el accidente de la Línea 12 del Metro, vemos como en Morena se cubren sin que las investigaciones arrojen la verdad sobre los hechos.
La militancia de un partido político se asemeja más a la complicidad de un grupo de delincuentes que a una organización democrática. Ante la indiferencia de las más altas autoridades y de las supuestas jerarquías electorales que se la pasan sin hacer nada,
La pasividad del gobierno se muestra claramente en el estado de Oaxaca, donde hay tantos problemas como para choques graves y fatales; sin embargo, la tradición dicta que, en lugar de solucionar el problema, se crea un nuevo municipio y asunto arreglado, por estas y algunas otras causas es que esa entidad cuenta con 570 municipios.
Ha habido una serie de conflictos representados en las conferencias mañaneras, sin que haya uno sólo que se enuncie, en ese mismo foro, como solucionado de manera definitiva.
Es más probable que el reportero insista sobre la atención al conflicto a que haya una explicación pública sobre la tardanza a la solución. En esta situación son los grupos indígenas quienes más sufren y hasta ahora no han visto resultados favorables, a pesar de los anuncios oficiales que aseguran una mejoría en su calidad de vida.
En Chiapas, por ejemplo, los municipios de Honduras de la Sierra, Oxchuc, Venustiano Carranza y Tila, mantienen a las autoridades de los tres niveles de gobierno conciliando el conflicto limítrofe. Incluso el INE se encuentra pendiente de dichas negociaciones, cuyas repercusiones tienen que ver con la gobernabilidad y seguridad del lugar, lo que pondría en riesgo la instalación de casillas. Por otra parte, la candidata del partido Chiapas Unido a la presidencia municipal de Cintalapa, Alejandra Aranda, fue liberada tras 24 horas de haber sido retenida por pobladores de Canaán, por el mismo motivo.
Por si esto fuera poco, la Policía Estatal desalojó a estudiantes normalistas, que mantenían bloqueada una avenida que enlaza a Tuxtla con la costa de Chiapas y Ciudad de México y las casetas de la vía Chiapa de Corzo-San Cristóbal, los estudiantes exigían que los exámenes fueran aplicados de manera presencial y no por internet, ante la duda de que fueran alteradas sus calificaciones, argumentando que eso prueba el desconocimiento de la geografía e historia de la región. Ante esta situación, el EZLN criticó la detención de 91 normalistas de Mactumactzá, en Chiapas, el 18 de mayo.
La cordialidad entre mexicanos es una necesidad urgente, una acción que debe propiciarse de inmediato, pero nunca se hace nada al respecto desde ningún lugar de las autoridades del país y menos aún en las cúpulas de los diferentes partidos políticos que no ven en la contienda electoral a competidores sino enemigos a muerte.
La paz y la concordia pareciera imposible en los tiempos de elecciones donde las diferencias se arreglan o se desarreglan con violencia, una treintena de candidatos ejecutados, casi 100 políticos asesinados, y una aplicación de la justicia de acuerdo con los intereses de los más poderosos.
Las campañas políticas no convocan más a una fiesta cívica donde se defienda la democracia, sino que se prepara un campo de batalla, donde hasta la muerte está implicada, el secuestro, la tortura, la cárcel injustificada y la injusticia.
Quienes deben poner orden y paz tienen que dejar de lado la indiferencia y ponerse a trabajar y hacerse responsables de la unidad social antes, durante y después de las elecciones. No sólo hablar de paz y amor, sino de perdón y olvido. Deben arraigar la concordia entre mexicanos, esa es la prioridad sobre las elecciones y, sobre todo, muy por arriba del triunfo en las urnas. PEGA Y CORRE. – Según un estudio de la UNAM, 94 por ciento de las muertes por Covid-19 se registraron en obreros que no tuvieron la oportunidad de dejar de trabajar, o bien fueron obligados. ¿No se debería multar a las empresas que los contrataron y ver si respondieron con los gastos que les corresponden? Es hora de la justicia… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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