Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, recibió una nueva denuncia, ahora ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias.
La denuncia fue interpuesta por el empresario Alejandro Cossío Hernández, quien en su querella incluyó también al exsecretario de Finanzas, Guillermo Moreno Chazzarini, al extitular de Salud en el estado, Arturo Irán Suárez Villa, así como al exdirector administrativo de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel García Ramírez.
La denuncia se presentó ante la PGR porque los denunciados fueron servidores públicos que manejaron recursos económicos federales.
Alejandro Cossio planteó que la denuncia también la interpuso ante la PGR por la desconfianza que tiene hacia el actuar del actual fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, quien siempre ha sido parcial a favor de Miguel Ángel Yunes.
La querella es inicialmente por la falta de pago que tuvo el gobierno de Miguel Ángel Yunes por el servicio subrogado integral de hemodiálisis, para diversas unidades hospitalarias pertenecientes a los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, los cuales fueron plenamente satisfactorios, tanto que el contrato se prorrogó del 1 de enero al 31 de marzo del 2017.
Alejandro Cossio actúa como representante legal de la persona moral IMHOTEP, empresa que a su vez celebró un contrato de asesoría con Grupo NRA, que fue quien ganó la licitación para el servicio subrogado integral de hemodiálisis, la cual tenía suficiencia de recursos federales emanados de la Secretaría de Salud, según la Subdirección de Recursos Financieros de esa instancia, correspondientes al proceso 212016, partida 33901, mediante el oficio DA/SRF/0832/2015.
Con este poder conferido por las instancias empresariales, durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes fue que realizó múltiples gestiones para cobrar el adeudo.
En la denuncia anota que al realizar estas promociones tuvo contacto con otros empresarios a los que también les adeudaba el gobierno del estado de Veracruz diversas cantidad, por lo cual ante la cerrazón de las autoridades del minigobierno decidieron manifestarse el 16 de julio del 2018 en la Plaza Lerdo, de la capital del estado, para reclamar el pago.
Estando ahí, fueron “invitados”a pasar a la sala de espera del gobernador, para “ser atendidos personalmente por él”, según el mensaje que les dio una persona que dijo ser colaborador de Miguel Ángel Yunes en ese entonces.
Después de las 9 de la noche, y de 9 horas de espera, les dijeron que el gobernador no los iba a recibir y les pidieron que salieran de la sala, pero fueron desalojados violentamente del palacio de gobierno, por policías vestidos de civil y de uniforme, quienes además los amenazaron hasta de muerte y les decían: “de esta no te salvas”; “los vamos a matar”, al tiempo que les rompían la ropa.
Además de esto al día siguiente la Fiscalía General del Estado lo citó para el“acto procesal”de informarle la existencia de una carpeta de investigación en su contra. Cuando se presentó, al pedir copia de los registros que integraban la carpeta de investigación, estos le fueron negados, “en franca violación a mis derechos humanos”.
En la denuncia añade que aún con esa inconsistencia presentó su respuesta, demostrando que los señalamientos en su contra carecían de sustento o dato de prueba alguno.
En cambio anotó ante el Ministerio Público, que existían elementos suficientes para investigar a Arturo Irán Suárez Villa y Miguel Ángel García Ramírez, quienes le imputaron hechos falsos para fincarle una responsabilidad. Pero el MP no los investigó y por el contrario hasta ahora no se ha desahogado diligencia alguna.
Cossío Hernández en su denuncia pide a la PGR que los ex funcionarios sean investigados y sancionados:
- porque ordenaron y ejecutaron actos ilegales en su perjuicio y de la empresa que representa (configurando el delito de Abuso de Autoridad);
- dejaron de cumplir con deberes inherentes a su empleo en perjuicio de sus derechos (configurando el delito de Incumplimiento del Deber Legal);
- y promovieron y gestionaron actos oficiales que beneficiaron a terceros, aprovechándose del puesto que ostentaban (configurando el delito de Tráfico de Influencia).
La denuncia fue recibida el 18 de enero, por el Supervisor de la Unidad de Atención Inmediata, en Veracruz.
