Entre lo utópico y lo verdadero
Por Claudia Guerrero Martínez
03 de septiembre del 2019.
Denuncia penal en contra del titular del ORFIS
El 17 de julio del presente, fue interpuesta una denuncia en contra del actual titular del Órgano de Fiscalización Superior, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez ante la Fiscalía General del Estado, por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, con el número de documento 00010786, anexando un disco compacto. En los hechos, hace una narrativa sobre las anomalías de su nombramiento en el 2012, para ser titular del ORFIS, lo que le impide militar en un partido político, no sin antes advertir haber sido Tesorero en el Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz y luego, haberse registrado como militante el 01 de enero del 2014, siendo esto prohibido como se especifica en los términos del Artículo 67 fracción III numeral 8 noveno, párrafo de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave…
Si bien, al comprobarse, bajo investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, haberse inscrito como militante del PRI en el 2014, cuando durante el ejercicio de su cargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia, como se especifica en el Artículo 58 de la Constitución, el cual mandata y ser por eso, que se interpuso la denuncia penal en contra de Lorenzo Antonio Portilla Vázquez en el hecho probable constitutivo del delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, en perjuicio de los intereses fundamentales del Estado y su correcto despacho..
La denuncia completa con la liga:
Y es que en lo dispuesto en el Código Penal para el estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su Título XVII Capítulo I Artículo 315, que a la letra dice: “Comete el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público quien: I. Desempeñe o acepte desempeñarse como servidor público sin cumplir los requisitos que exige la ley; II. Continúe ejerciendo las funciones de su empleo, cargo o comisión habiendo dejado de tener ese carácter conforme a la ley, salvo que por disposición legal o reglamentaria contribuyan en sus funciones hasta ser relevado; III. Ejerza atribuciones que correspondan a un empleo, cargo o comisión del servicio público, distinto para el que fue designado o elegido”…
Cabe mencionar que en el caso de Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, en el Código Penal de Veracruz especifica haber cometido el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público al no cumplir los requisitos que exige la ley, por ser militante del PRI desde el 2014, como se comprobó en la consulta de información pública en la plataforma nacional de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con la liga: www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guestinicio, en el cual, se constata en el Padrón de Afiliados o Militantes de Partidos Políticos, bajo la respuesta consultapublicasipot@inai.org.mx, con fecha del 10 de julio del 2019, confirmando que Lorenzo Antonio Portilla Vázquez forma parte del PRI desde 2014, año en el que ya estaba en funciones en el ORFIS y durante la administración de Javier Duarte de Ochoa…
Además, interesante la narrativa del denunciante, quien asegura en su denuncia penal haberse presentado anomalías en las Cuentas Públicas 2014, 2015, 2016 y 2017, en las cuales, hubo opacidad por parte de Lorenzo Antonio Portilla, al no ejercer objetividad en las auditorías de los años arriba descritos, ni actuar con base a la Ley…
Ante tantas anomalías, Lorenzo Antonio Portilla no debe repetir al cargo como Auditor General del ORFIS, pues violentó la Constitución y ley que rigen en Veracruz. Ya hemos advertido, ser ilegal su reelección por no estar contemplada y hubo complicidad durante las auditorías que se le realizaron a Javier Duarte de Ochoa, durante sus malogradas Cuentas Públicas. Así como la nula intervención del titular del ORFIS para interponer denuncias penales a la antes Procuraduría General de la República, cuando hubo desvíos de recursos de manera vergonzosa. Y ahora, en el Gobierno de MORENA, muestra interponer una denuncia, cuando es el área jurídica quien le corresponde formularla… Además, existen conflictos de intereses en empleados de su dependencia y un halo de enriquecimiento personal, durante su gestión al frente del ORFIS… Se termina su gestión y busca mecanismos, para continuar al frente de un elefante blanco, lleno de opacidades y convertirse en arma ejecutora para sólo “acalambrar” a los Ayuntamientos y Presidentes Municipales….
No hay que perder de vista haber solicitado formalmente y por los debidos canales oficiales, que el ORFIS respondiese quiénes han sido sus proveedores de bienes y servicios entre los años 2012 y 2018 y el importe de pagos efectuados a los mismos, así como los empleados que prestaron servicios y sus afiliaciones al IMSS; se pidió informes por los servicios de alimentación y cafetería contratados para los seminarios y cursos realizados por institución, así como por los servicios de limpieza y por los empleados del ORFIS, que además de mantener relación laboral remunerada con el ORFIS, han participado de alguna forma en servicios de proveeduría. También, conocer los proveedores externos que tienen relaciones de parentesco con servidores públicos del ORFIS y los casos en lo que pudiera presumirse la existencia de un conflicto de intereses. Mediante oficio OFS/UT/11521/07/2019, la Unidad de Transparencia notificó haber solicitado y obtener una prórroga para dar respuesta a dicha solicitud y recomienda al peticionario que, en caso de estar en desacuerdo con la misma, interponga recurso de revisión. Causa profunda extrañeza que la autoridad responsable de garantizar el manejo correcto y honesto de los dineros públicos, así como fiscalizar el adecuado desempeño de todas las dependencias estatales y municipales, no disponga de esa información tan elemental y se excuse en un recurso de carácter jurídico para no entregar, como le ordena la ley, datos con los que debiera contar de manera rápida.
Es obligado preguntarse si se intenta ocultar algo o bien se ocultan evidencias de algunas violaciones a las leyes. Mediante oficio 13193/2019 la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Fiscalía General del Estado, responde a los cuestionamientos que el fueron realizados a dicha dependencia lo siguiente: Que a la fecha sólo se encuentran integradas y en proceso de investigación DOCE carpetas de investigación relativas a denuncias presentadas por el ORFIS, que todas ellas se encuentran en trámite y que a causa de las mismas NINGUNA persona ha sido sancionada ni privada de su libertad.
Y con base a anteriores entregas, recordemos haber expuesto que la información contrasta dramáticamente con las declaraciones a la presa realizadas personalmente por Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, quien el pasado 17 de junio del presente año, aseguró que entre 2017 y 2018, el órgano había presentado 172 denuncias por más de $34 mil 601 millones de pesos ante la Fiscalía General del Estado y ante la Fiscalía General de la República, lo cual es una mentira. La incongruencia entre los datos oficiales de la Fiscalía y las declaraciones del Auditor General, son evidentes…
Y recordamos que mediante oficio signado por el maestro Ricardo Rodríguez Díaz, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación con el número 1269/2019 se informa que los créditos fiscales correspondientes a sanciones impuestas por el ORFIS ascienden a $1, 887 millones 237 mil 654 pesos con 33 centavos. Lo anterior, en la jerga jurídica, vuelve a contrastar dramáticamente con las declaraciones de Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, publicadas por el medio noticioso denominado “e-Consulta” con fecha 21 de mayo del presente año y nunca desmentidas o rectificadas, en el sentido de que “de los años 2012 al 2017, que comprende seis años de trabajo del Auditor General, Lorenzo Antonio Portilla se han tramitado en total 98 denuncias por el desvió de $33 mil 96 millones de pesos”. La incongruencia de los datos es evidente por sí misma, pues los créditos fiscales que la SEFIPLAN tiene registrados, corresponden sólo al 5.7 por ciento del presunto daño patrimonial señalado por el ORFIS; esto sólo puede significar dos cosas: Que las cifras presentadas por Portilla Vázquez son falsas o bien, que se está protegiendo a los responsables de desviar más de $33 mil millones de pesos del patrimonio público… Y esto, alguien lo debe aclarar….
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