Por: Redacción
Alvarado, Veracruz. – Ciudadanos preocupados por la legalidad y el correcto uso del erario municipal han presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de Alberto Ángel Cobos Márquez, actual regidor y presunto candidato a la presidencia municipal de Alvarado, así como contra Lizzette Álvarez Vera, presidenta municipal en funciones y Jaime Abel Tiburcio Herrera, síndico único municipal.
La denuncia señala el presunto desvío de recursos públicos con fines claramente electorales, en un esquema que beneficiaría directamente a Cobos Márquez, utilizando la estructura, personal y recursos del Ayuntamiento de Alvarado para su promoción política. El señalamiento, respaldado con pruebas documentales, sostiene que esta red de complicidades ha operado con la complacencia y posible participación directa de la alcaldesa Álvarez Vera.
El documento fue enviado vía correo electrónico, debido a fallas técnicas en el portal oficial para denuncias anónimas. En él se especifica que los señalados pueden ser notificados directamente en el Palacio Municipal de Alvarado o en el caso de Cobos, también ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV), dado que presuntamente ya se encuentra registrado como candidato.
Los denunciantes advierten que se trata de un probable delito electoral por el uso indebido de recursos públicos para favorecer una candidatura, lo que podría configurar responsabilidades administrativas, penales y electorales.
Este nuevo escándalo pone en el ojo del huracán a la administración municipal de Alvarado, que en lugar de enfocarse en atender las necesidades urgentes de la ciudadanía, estaría operando una campaña política financiada desde el propio ayuntamiento. La denuncia busca frenar el uso impune de los recursos del pueblo y dejar un precedente ante las autoridades electorales y de justicia.
La Fiscalía Anticorrupción ya tiene en su poder los elementos probatorios. Se espera que actúe con firmeza, investigue a fondo y, de comprobarse los hechos, proceda contra quienes han traicionado la confianza de la ciudadanía utilizando el poder público como trampolín electoral.
