Innumerables quejas se han presentado a través de distintos medios informativos y plataformas, por las supuestas “rifas” que lleva a cabo el dueño de la organización Antorcha Campesina en el estado de Veracruz, Samuel Aguirre Ochoa.
El freno puesto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a Antorcha Campesina, está llevándolos a buscar nuevos mecanismos de desvío de recursos monetarios y han optado por organizar de manera reiterada rifas económicas, violando permisos de la Secretaría de Gobernación y a la misma Ley Federal de juegos y sorteos.
En recientes días emitieron 30 mil boletos por todo el estado de Veracruz, con un costo de 100 pesos cada uno, por una supuesta rifa de 3 premios monetarios: 100 mil pesos, 50 mil y 20 mil pesos. La evasión fiscal dejará 3 millones de pesos de ganancias.
Seguidores de esta organización han denunciado que los líderes han amenazado de suspender apoyos y terrenos a quien no pague boletos.
Este grupo de choque, continúa burlándose y violentando la Ley y engañar a los mexicanos con la bandera de trabajar para los pobres. A pesar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), congeló cuentas de algunos líderes nacionales por irregularidades y malversación de recursos, estos continúan con sus acciones ilegales.
No se descarta que tanto la Secretaría de Gobernación, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), den apertura a una carpeta de investigación en la entidad.
Recordemos que Antorcha Campesina es un grupo político con presencia en varios estados del país que siempre ha estado ligado al Partido Revolucionario Institucional (PRI). En el mercado de la gasolina utilizó los nombres de una AC y de familiares del líder Aquiles Córdova Morán, quien es el Secretario General de dicha organización.
De acuerdo con datos del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) y de la Comisión Reguladora de Energía, Antorcha Campesina tiene concesiones para operar parques vehiculares de transporte a ductos de petrolíferos y varias de franquicias para venta de gasolina de primera mano, algunas vigentes hasta 2045.
El Jefe del Ejecutivo federal ilustra con ese grupo –ligado al Partido Revolucionario Institucional–, a los brazos políticos de partidos que operaban irregularmente parte del dinero de los programas sociales federales y también lo destaca como beneficiario de las concesiones para la venta y transportación de gasolina.