Aparte la fiesta política (según como la considere uno) que vive Veracruz, este viernes inicia en Xalapa otra gran fiesta: la Feria Internacional del Libro Universitario 2024, en el foro Miguel Vélez Arceo de la Casa del Lago. La inauguración será a partir de las 5 de la tarde.
Este año tiene una característica especial: también se desarrollarán actividades en las subsedes: Veracruz-Boca del Río, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán. Les dejo el enlace del programa de actividades: https://www.uv.mx/filu/programa-de-actividades-filu-2024/
Hace 20 años, a solo 13 días de la toma de posesión del nuevo gobernador, el 17 de noviembre de 2004, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la declaratoria de validez de la elección de gobernador que daba el triunfo a Fidel Herrera Beltrán.
En aquel año, Fidel estaba tan seguro de que iba a ganar que anunció que enseguida al día de la elección recorrería de nuevo el estado para dar las gracias al electorado. No contaba con que el PAN y la coalición Unidos por Veracruz iban a impugnar el resultado y a presentar juicios de revisión constitucionales. Nunca hizo el recorrido que había anunciado y apenas si le dio tiempo de llegar corriendo a rendir protesta.
El candidato opositor entonces, Gerardo Buganza Salmerón, estaba seguro que había ganado. Con el paso de los años me lo dijo en forma personal y me mostró los voluminosos expedientes que tiene con las que asegura son las pruebas de su triunfo. Finalmente, el presidente Felipe Calderón habría negociado su derrota con el dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo Pintado, y solo así ganó Fidel.
Lo que quiero significar es la relevancia que tiene la autoridad electoral federal, que este año puede tener otra resolución decisiva que determine quién es el nuevo gobernador del estado.
En el frente opositor, sin caer en triunfalismos anticipados, hasta donde el columnista tiene información, están seguros que van a ganar y no ven que vaya haber necesidad de llegar a los tribunales electorales para defender su victoria, pero tampoco lo descartan.
En el caso del estado, desde la precampaña, y ya ni se diga en la campaña, es decir, en los tiempos legales, Morena y sus candidatos violan un día sí y otro también la ley electoral y lo hacen en forma abierta, sin ningún recato, seguramente porque están seguros que van a ganar y que los va a cubrir un manto de impunidad.
En la oposición ya ha habido una que otra denuncia por la intromisión del gobierno del estado y de algunos ayuntamientos, pero nada parece preocupar a los morenistas. Las violaciones todo mundo las ha visto y las ve. Hay videos, fotos, audios, testimonios personales, documentos que, llegado el momento, van a sepultar a la candidata a gobernadora, aun si ganara la elección en las urnas.
Ahora está tan cerrada la competencia y aunque la oposición ve venir el triunfo, si no gana por un amplio margen, el gobierno y su candidata van a impugnar. Caso contrario, también. Con todas las pruebas que existen y la condenan, no se ve cómo van a retener la gubernatura.
Creo que el más cuidadoso es el presidente López Obrador. Viene a hacer campaña con el pretexto de supervisar obras. El gobernador ha sido menos aseado, pero, además, es responsable porque ha permitido que funcionarios de su gobierno se metan en forma directa y además despilfarren recursos.
El columnista tiene un dato, en poder de la oposición, que habla de la desfachatez con que el gobierno está actuando porque cree que nadie se da cuenta. Por ejemplo, hasta ayer tenían pintadas 17,000 mil bardas en todo el estado con las leyendas Vota todo Morena y Rocío Nahle gobernadora. El OPLE cuantifica cada barda en 700 pesos, por lo que se está hablando de propaganda por 11 millones 900 mil pesos. Los opositores tienen los datos de la ubicación de cada barda y testimonios de que las mandó pintar la agrupación Unidos Todos, del exsubsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez. Se deberán de sumar a los gastos de campaña de Nahle.
Ayer circularon también ampliamente en las redes sociales fotografías del secretario de Gobierno, Carlos Alberto Juárez Gil, enfundado en un chaleco de Morena, operando con brigadas de ese partido, haciendo campaña con simpatizantes de la candidata Guadalupe Tapia, de Boca del Río. Pero lo mismo circulan imágenes de otros funcionarios.
En los medios y en las redes sociales se han publicado videos y fotografías de camionetas y personal de los ayuntamientos apoyando campañas de Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle, así como a alcaldes y regidores en actos de campaña en horarios y días laborales. Está documentado que personal educativo deja de dar clases para asistir a mítines, pero lo mismo pasa con empleados de varias dependencias del gobierno. Son muchas las irregularidades.
Hay la creencia de que los funcionarios hacen campaña en forma abierta porque están desesperados, ya que ven venir la derrota de su partido.
Sin duda, desestiman a los órganos electorales. Habría motivo para ello, porque hay la terrible sospecha, casi llegando a la seguridad, de que lo mismo en el OPLE que en el Tribunal Electoral de Veracruz, la mayoría de sus integrantes están al servicio del gobierno. Tampoco es una novedad que siempre que hay impugnaciones fallan a favor de los candidatos oficiales. Gozan, en forma merecida, de un gran descrédito.
Por eso es que la oposición recurre luego a los tribunales federales, donde son decentes o más decentes. Luego de que el presidente López Obrador los quiere desaparecer como organismos autónomos, no creo que sus integrantes vayan a tener alguna consideración con Nahle, si el resultado de la elección llega a su instancia. El panorama entonces, por donde se le vea, lo tienen complicado.
Con tiempo, Marlon advierte: saquen las manos del proceso
Pero pasa luego que los jefes embarcan a sus subalternos o a sus empleados, esto es, que hacen firmar a ellos documentos con órdenes o instrucciones para llevar acciones que violan la ley electoral, y al final son los que pagan las consecuencias. Como dice el dicho, la reata se revienta por lo más delgado.
Por eso me llamó la atención una declaración que hizo el diputado local Marlon Ramírez Marín al medio Sigüenza Comunica, del compañero Luis Sigüenza, en donde está recomendando a funcionarios menores, del gobierno estatal y del federal, que se deslinden a tiempo y no dejen que los utilicen como carne de cañón para realizar actividades, que saquen las manos del proceso electoral, porque si gana la oposición pueden sufrir sanciones hasta de tipo penal.
Comentó que personal del gobierno le ha llamado, o que le han enviado mensajes con información, o bien que lo han buscado para entregársela, personas que, dijo, no están de acuerdo con lo que se está haciendo, y aprovechó para recordarles que al cambio de gobierno hay un proceso de entrega-recepción, cuando se piden y rinden cuentas y se hace una compulsa de documentos oficiales con los que la oposición reúne y tiene ahora, y no deben salir dañados.
Expresó que están a tiempo de denunciar las malas acciones a las que los obligan, que incluso se deben asesorar con abogados, contadores, personal administrativo con experiencia, para no ponerse en riesgo.
Tiene razón. Los jefes luego se lavan las manos y se van tranquilamente. Durante muchos sexenios, viví adentro cambios de gobierno y sé que Marlon está en lo correcto. Tan está en lo correcto que, por ejemplo, ya tuve el testimonio directo de que en Tránsito del Estado andan como locos porque no saben cómo van a cuadrar sus cifras, ya que sus jefes además de desviar recursos para las campañas, han robado mucho.
Del domingo que viene en tres más, estaremos ante las urnas. Tiempo suficiente para determinar, sin alguna duda, el sentido de nuestro voto.
