“Cuando la situación es adversa y la esperanza poca, las determinaciones drásticas son las más seguras.” – Tito Livio.
A partir del 1 de enero de este 2023 comenzó el calvario para los partidos políticos de oposición en Veracruz. La reforma electoral aprobada por el Congreso Local, garantizó el recorte presupuestal de 50% a las prerrogativas que recibían los institutos políticos.
Literalmente desarmados, sin capacidad económica los entes encargados de conformar la oposición en Veracruz enfrentarán en franca desventaja el próximo proceso electoral, toda vez, que el partido gobernante, mantiene por principio la mayor cantidad de recursos públicos, aunado al hecho de tener todo el aparato de estado a su servicio para garantizarse el respaldo de los que menos tienen en las urnas.
Fue el pasado 4 de enero, cuando durante su comparecencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con los pobres “se va a la segura”, no como con los sectores de clase media, los de arriba o la “intelectualidad”. https://www.animalpolitico.com/2023/01/ayudar-pobres-estrategia-politica-amlo-gobierno/
Desprovisto de sus expresiones cortadas, en una actitud relajada, el mandatario nacional fue claro al afirmar “ayudar a los pobres es parte de su estrategia política”, porque ellos regresan el apoyo respaldando a la Cuarta Transformación.
Basado en ello, el esquema que se avecina para los partidos políticos es la muerte por inanición, sin dinero para hacer política, los partidos quedan en franca desventaja, al no competir en equidad y equilibrio frente al partido de estado.
La periodista Isabel Ortega público recientemente una nota titulada “Partidos políticos, así impactará el recorte del 50% a su presupuesto” en el portal de la Agencia AVC Noticias, en el que describe pormenorizadamente la relación en como habrían de quedar los partidos políticos en cuanto a la ministración del dinero público para 2023. https://avcnoticias.com.mx/reportaje-especial-veracruz/especiales-avc/337805/partidos-politicos-asi-impactara-el-recorte-del-50-percentage-a-su-presupuesto.html
En dicha nota explica que para 2023 la bolsa a distribuir es de 221 millones 694 mil 144 pesos entre 8 partidos políticos.
Morena, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Fuerza por México tendrían que repartirse la bolsa de más de 204 millones 285 mil 914 pesos bajo el criterio 70/30. El 70 por ciento, se distribuye en base a la votación que obtuvieron en la elección del 2021 y, el otro 30 por ciento, de forma equitativa.
Según refiere la reportera Ortega, Morena recibirá 63 millones 464 mil pesos; el PAN 30 millones 482 mil pesos; Fuerza por México, que compitió por primera vez en 2021, recibirá 23 millones 934 mil pesos; al PRI, 23 millones 2 mil pesos; MC, 18 millones 215 mil pesos; el Verde 16 millones 403 mil; al PRD 16 millones 12 mil pesos; y al PT, 12 millones 770 mil pesos.
El resto de los recursos, poco más de 17 millones de pesos, se entregan para otro tipo de actividades, como el pago de los representantes de los partidos ante el Consejo del Organismo Público Local Electoral (OPLE), las franquicias postales, y el financiamiento de las 12 asociaciones políticas estatales.
Cierto es que los mexicanos han siempre abrazado el deseo de que los partidos políticos le cuesten menos a la sociedad, solo que, bajo este esquema, la propia ciudadanía –atrapada en el garlito- renuncia a su representación democrática y acaba de golpe y porrazo con toda posible oposición real al actual régimen.
Asfixiados en su capacidad para competir, los partidos políticos abrirán la puerta a la posible entrada de dineros provenientes de fuentes anónimas que pudieran en determinado momento alterar el marco legal, pero, sobre todo, de dudosa procedencia.
Las formas y modos para esconder la llegada de dinero externo habrán de quedar en la capacidad de muchos partidos y posibles grupos de interés que pudieran financiar campañas para llegado el momento poder dar batalla a la fuerza gobernante.
Y aunque evidentemente las leyes electorales sancionarían el hecho, las recientes reformas aplicadas por el Plan B presidencial en su afán de acabar con el órgano garante de las elecciones, dejarían en el limbo la posibilidad de sancionar a quienes se les demostrará el presunto financiamiento ilegal.
La puerta a las narco campañas se abre de par en par, sin que nadie advierta los riesgos que ello conlleva.
Al tiempo.
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