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La CGCS reconoce deuda por más de 600 millones de pesos
Xalapa, Ver.
No vengo a cubrir a nadie ni a disfrazar errores, afirmó Irma Chesty Viveros titular de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado (CGCS), al comparecer ante diputados de la Comisión de Gobernación de la LXIV Legislatura del Estado, conformada por los legisladores Emiliano López Cruz, presidente; José Kirsch Sánchez, secretario y María Josefina Gamboa Torales, vocal.
Al acudir a esta Soberanía como parte de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno a dar a conocer el trabajo que se realizó en la dependencia, Irma Chesty Viveros informó que a su llegada a la Coordinación firmó bajo reserva de ley las condiciones en las que recibió la dependencia y reveló que la deuda de la misma es de aproximadamente 600 millones de pesos, lo cual supera en mucho el presupuesto 2016 que es de 69 millones de pesos.
Dio a conocer los datos del área que cuenta con 184 profesionales de la información, con amplia experiencia en la comunicación social. Reporteros, camarógrafos, fotógrafos, diseñadores, correctores, productores, monitoristas, publicistas, web masters, editores; gente preparada, innovadora, con amplia experiencia, que se han actualizado para atender las demandas que exige esta nueva era de la comunicación.
La diputada integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), María Josefina Gamboa torales, cuestionó a la funcionaria sobre, ¿Cuáles fueron las condiciones que la llevan a tomar el cargo que hoy representa bajo reserva?, ¿Por qué decide formar parte de la Coordinación General de Comunicación Social aun cuando tenía pendiente la aclaración de su relación con las empresas fantasmas? ¿Es congruente la cantidad destinada a Comunicación Social con las acciones que han emprendido y tiene conocimiento de oficina alterna y nómina secreta destinada a realizar campañas de desprestigio o agresiones a periodistas?
Irma Chesty Viveros respondió que derivado de las inconsistencias detectadas en la Coordinación de Comunicación Social por la Contraloría General del Estado es que asumió el cargo bajo reservas de ley y corresponderá a dicho órgano dar seguimiento a las observaciones; agregó que ella presentó un informe sobre las inconsistencias como lo marca la ley.
Sobre las acusaciones que la relacionan con la denominada públicamente como empresa fantasma y que estaba registrada como proveedor de la administración estatal respondió que cuenta con información que da fe de la legalidad y existencia de esa empresa. De la cual presentó documentación ante los diputados para aclarar el punto y agregó que dicha empresa no facturó un servicio por más 20 mdp.
Además aclaró que la información que consideró sesgada por el medio que la publicó ya que la foto de la nota correspondiente del lote baldío no corresponde al domicilio referido; sobre el tema señaló que esa actividad la realizó en fechas que no era funcionaria pública.
Referente a la tercera pregunta de la diputada Gamboa Torales dijo que el presupuesto asignado al rubro de comunicación social es de 69 mdp que corresponde a los recursos destinados al gasto de operación. Sobre la contratación de los medios de comunicación corresponde a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) hacerlo de manera directa y reconoció que la coordinación a su cargo apoya en el trámite administrativo. Añadió que para contar con un orden administrativo en el gasto en medios de comunicación correspondería al Congreso del Estado aprobar un presupuesto a la Coordinación General de Comunicación Social y una planeación de la utilización de los medios de comunicación en la entidad.
Hoy solo existen lineamientos generales plasmados en la gaceta del 11 de noviembre del 2010 oficial para la contratación de medios, observó.
La coordinadora refirió que para realizar un pago a un medio de comunicación debe de solicitar un DSP o disponibilidad presupuestal y aunque la solicite corresponde a la Sefiplan definir su pago.
Sobre los resultados de la cuenta pública 2015 en la que el Órgano de Fiscalización establece sobre el pago de 1994 mdp destinado al pago de una empresa por servicios de difusión, aclaró que no corresponde a una observación hecha a la CGCS ya que no corresponde al presupuesto asignado a esta dependencia. Este recurso fue aplicado directamente por la Sefiplan y no la Coordinación General de Comunicación Social; por lo que respecta a las observaciones hechas a esta dependencia por el ORFIS dijo que solo habían sido recibidas cuatro y esta no correspondía.
Sobre oficinas alternas, nóminas secretas o campañas negras dijo que desconoce de su existencia, al menos en los treinta días que ha estado al frente de la dependencia no ha tenido conocimiento al respecto y dijo que solo cuentan con una oficina de enlace de comunicación ubicada en el puerto de Veracruz.
Además en el plan de ajuste 2016 – 2022 para contener el gasto, en un convenio de la administración estatal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, redujeron el gasto en un diez por ciento en el rubro de servicios personales a través del retiro voluntario de personal, reducción de sueldos a mandos medios y baja de trabajadores por renuncia voluntaria. Con esto redujeron 4 millones el gasto en el rubro aunque la meta es de 5.6 mdp.
En su intervención, la diputada del grupo legislativo de Morena Daniela Griego Ceballos señaló que lejos de difundir las acciones del gobierno hacia la sociedad con base a el derecho de los ciudadano a estar informados esta dependencia ha sido utilizada como mecanismo de control y financiamiento opaco hacia los medios de comunicación con el fin de crear una opinión pública ficticia, y peguntó,
¿Qué políticas de prevención se realizan desde la CGCS para proteger el ejercicio libre del periodismo, sobre todo a los reporteros que cubren la fuente de Gobierno del Estado? ¿Qué tipo de denuncias o investigaciones hay sobre la contratación de empresas de sus antecesores Gina Domínguez y Alberto Silva por parte de esa dependencia? ¿Cuál es el monto de la deuda con medios de comunicación?
Chesty Viveros respondió que las medidas de protección a periodistas no corresponde a la CGCS pero si a la Comisión Especial de Atención y Protección a Periodistas. Con respecto a las garantías laborales corresponden otorgar a los dueños de comunicación.
Respecto a la contratación de empresas de ex titulares por parte de esa dependencia dijo que el presente año no registraron contratación alguna, ni con esas empresas ni con nadie a falta de recursos. Agregó que existe una investigación del SAT sobre una empresa investigada relacionada a la contratación de servicios de difusión de SEDESO Y PC, pero corresponde a esta dependencia federal otorgar en su momento la información y resultado de la investigación.
Respecto al monto de la deuda de los medios de comunicación señaló que la CGCS reconoce 814 facturas por pagar del 2014 por un monto de 479 mdp y 141 facturas por un monto de 135 mdp, las cuales están contempladas como asunto en trámite y la Contraloría General del Estado tiene conocimiento y corresponderá el proceder.
Durante tres horas de comparecencia, diputados de los diferentes grupos legislativos cuestionaron, la muerte de tantos periodistas, el pésimo desempeño de la dependencia, donde imperó la corrupción, opacidad, falta de ética, represión contra comunicadores, nula transparencia, no cuadran las cifras en el manejo del presupuesto, el cual solo ha sirvió para distorsionar la realidad que vive Veracruz.
Chesty Viveros, de profesión socióloga con maestría en Comunicación, confirmó a la legisladora Mariana Dunyaska García Rojas, que se podría perder la señal de Radio Televisión de Veracruz, en 30 por ciento de la entidad, si la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado no libera 70 millones de pesos para adquirir el quipo requerido para mudar a la señal análoga, hoy solo hay cobertura en 70 por ciento del estado.
La legisladora también cuestionó a que empresas le adeudan en materia de comunicación social y los montos, si hubo transparencia en las licitaciones para contratar medios de comunicación y si denunció a sus antecesores por los presuntos actos de corrupción y mal manejo del presupuesto destinado a la dependencia, pero no la dejaron satisfecha.
Dunyaska García, lamentó la muerte de tanto periodistas, -dijo- La Coordinación de Comunicación Social, escribió la peor historia para Veracruz, los comunicadores, no recibieron apoyo cuando fueron víctimas de amenazas, acoso u obligados a salir de Veracruz por miedo a perder la vida, falto atención para familiares de comunicadores asesinados “lo cual me duele porque tengo muchos amigos periodistas”
En su intervención, el legislador Rogelio Arturo Rodríguez García del partido MORENA, pidió información respecto a los Juegos Paralímpicos Rio 2016, y pregunto si era necesario que Veracruz pagara 20 millones de pesos para la cobertura, cuando la entidad está en ruinas.
Considero que esa acción fue para distraer a los Veracruzanos de los escándalos de corrupción, también cuestionó cuantas personas asistieron, criticó “indicadores vanales” incluidos en el VI Informe de gobierno que tienen que ver con fotografías y videos, y si RTV es agencia de promoción personal.
En respuesta la funcionaria explicó que RTV participó en la gestión de ese evento, junto con la red de televisoras públicas del país y Clarosports televisora, perteneciente América Móvil, esa gestión permitió que las televisoras como RTV trasmitieran por señal abierta y sin costo alguno, por lo que no fue necesario que empleados se desplazara a Río, Brasil.
También le aclaro al representante popular que no existe ninguna intención de privatizar Radio Televisión de Veracruz, y que la televisora cuenta con la única unidad de programación infantil de televisión y radio en medios estatales, y está abierta a la participación para dichos sectores de la población.
Finalmente el diputado, lamentó el sesgo informativo de la dependencia, fueron evidentes los abusos de los ex coordinadores, Gina Domínguez y Alberto Silva Ramos, y tiene que ver con el trágico de influencias, conflicto de intereses represión e intimidación a comunicadores, mismo que quedaran en la historia del fallido gobierno del prófugo Javier Duarte.
En su intervención la diputada Luisa Ángela Soto Maldonado (PRI) hizo una reflexión a los señalamientos hechos durante la comparecencia, como son la inseguridad en que viven los periodistas y sus escasas prestaciones laborales.
Propuso que desde el Congreso del Estado, trabajar para crear el andamiaje que garantice las condiciones necesarias para que los periodistas puedan trabajar, se les respete la libertad de expresión, y tengan las prestaciones laborales establecidas en la Constitución Política para todo ser humano.
