ALMA GRANDE
Por: Ángel Álvaro Peña
A menos de 24 horas de que Partido Revolucionario Institucional inicie el proceso que pretende dejar sin derechos partidistas al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y en medio de un ola de apoyos de sus incondicionales, surge la voz de quien ha sido señalado como uno de los gobernadores más corruptos en la historia de México para aclarar que no quiere dividir al partido.
En unas horas más, la Comisión de Justicia Partidaria del PRI se reunirá para analizar la situación de Javier Duarte de Ochoa dentro del partido.
Las muestras de apoyo a las que se refirió el gobernador veracruzano fueron coordinadas por el vocero de su gobierno Alberto Silva, quien desde hace tiempo tiene en las cartas abiertas en los diarios de circulación nacional su mejor trinchera para que su jefe pueda alcanzarla impunidad leugo de que deje el cargo.
Las críticas que desde dentro y fuera de México se han vertidos públicamente contra Duarte, crearon una fuerte presión contra el PRI, que se ve obligado a actuar en consecuencia. Sobre todo si quiere llegar sin ese peso a las elecciones del próximo año donde están de por medio las gubernaturas del Estado de México, Nayarit y Coahuila.
Mientras tanto, luego de la más reciente carta abierta publicada el sábado 24 de septiembre por los duartistas, donde se dice que son desproporcionadas las razones por las cuales se le quiere expulsar a Duarte del PRI, y pide a las autoridades judiciales actúen contra el gobernador electo de esa entidad, Miguel ángel Yunes Linares, debido a que es muy corrupto, y contra quien nadie actúa.
Así, con la batería pesada de las cartas abiertas Alberto Silva recibió sus primeros reveses, cuando afirmaba en dicho documento que los diputados del Partido Verde Ecologista de México apoyaban esta postura, los aludidos de inmediato rechazaron tal afirmación y contundentes manifestaron que nunca habían sido consultados para firmar esa misiva. Por su parte, la cúpula de ese partido desmarcó a sus cuatro legisladores de dicha postura.
Agradezco las muestras de apoyo de mis compañeros de partido, mi postura es muy clara, acataré sin reservas lo que mi partido determine”, había dicho Javier Duarte, a través de su cuenta en Twitter.
En cuanto a los senadores que Alberto Silva implicó en dicha carta, fue el propio vocero de estos legisladores, el senador Carlos Alberto Puente Salas, quien aseguró que solicitará a sus compañeros un extrañamiento a sus correligionarios por actuar fuera de lugar y por su cuenta. Es decir, el Partido Verde no está de acuerdo con la intención de un grupo de cada vez menos incondicionales de Javier Duarte que quieren llevarlo por el camino de la impunidad a través de baños de pureza.
Ahora, si en realidad quiere Javier Duarte no dividir a su partido, la mejor forma de demostrarlo es renunciando. Una renuncia que viene exigiendo la opinión pública veracruzana y del resto del país ante la barbarie que ha impuesto desde la silla de la gubernatura.
Su dimisión agilizaría las investigaciones y permitiría que mucho de lo que ahora se desconoce, tanto en favor como en contra del gobernador, pueda darse a conocer públicamente.
Javier Duarte toma los micrófonos como parte de una batalla personal contra su detención y dice que se encuentra a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, cuando ha sido la Auditoría Superior de la Federación que le ha exigido desde hace años, aclare una serie de faltantes que suman cientos de millones de pesos en su ejercicio de gobierno, durante varios años.
Lo mismo sucede con la deuda que incrementó desproporcionadamente del estado, la suspensión de pagos a la Universidad Veracruzana, la desaparición de los impuestos de Hoteles y Restaurantes, así como la adjudicación de los fondos de pensionados que todo hace suponer terminaron en su bolsa, entre otros muchos ilícitos.
Esto en cuanto a lo económicos, en relación a la libertad de expresión, suman 19 periodistas muertos durante su gestión y una serie de actos de represión a lo largo y ancho del territorio veracruzano.
Lo que se determine en unas horas marcará el destino de Javier Duarte, porque al quitarle sus derechos partidistas, se anuncia la desaparición próxima del fuero como gobernador y de ahí un juicio que puede llevarlo a la cárcel muchos años. Duarte lo sabe, de ahí que solicite benevolencia a través de una aparente muestra de respeto por el líder de su partido al decir que reconoce el liderazgo de Enrique Ochoa Reza y manifiesta que está totalmente de acuerdo con él en lo referente a la transparencia y rendición de cuentas. Pero todos sabemos que no es verdad.
La investigación que atrajo la PGR contra Javier Duarte es para determinar si cometió delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. Delitos en los que están implicados un par de gobernadores priístas; sin embargo, a éstos no se les ha citado en el PRI.
En días anteriores, el gobernador veracruzano sostuvo que el hecho de que las autoridades federales atrajeran la investigación, podría dar mayor certeza a la sociedad de los resultados que se obtengan de la misma.
Al respecto abundó que todos los integrantes del gobierno de Veracruz tienen la instrucción de contribuir con las autoridades federales para facilitar su labor de investigación en torno a su patrimonio y actuación durante su mandato en la función pública.
Alberto Silva Ramos señaló que para determinar sanciones el PRI debe esperar a los que determine la autoridad competente y no adelantar “juicios sumarios”. Pareciera que este oscuro personaje desconoce que cualquier partido político es autónomo para tomar las determinaciones que sus instancias juzguen necesarias, sin intervención de dependencias ajenas al instituto político.
Con esta aseveración Silva Ramos supedita las decisiones de su partido a las investigaciones de la PGR, lo cual mercería un proceso similar al de su amo, por restar importancia al partido al que pertenece y faltarle al respeto la institución que lo ha llevado a cargos que en su vida pensó ocupar.
Isabel Arvide es su libro Entre Políticos y Rufianes, de próxima aparición habla así de Alberto Silva: “Su relación perversa y enferma con la prensa ha estado en manos de un personaje espeluznante, Alberto Silva, que en un momento pretendió ser candidato a gobernador…”.
La Comisión de Justicia Partidaria del PRI puede quitarle los derechos partidistas a cualquier militante que no haya cumplido con la transparencia y rendición de cuentas, sin que esto implique que forzosamente la decisión partidista obedezca a los fallos de investigación alguna en cualquier de las corporaciones que realizan pesquisas para comprobar los delitos de los servidores públicos.
