*Caja china o no deben pagar atropellos
*Toño Tarek: el ejecutor de sus amigos
QUIZÁ LA “Cortina de humo” o “caja china” que mayor aceptación tendrá al interior de los gobernados -aun cuando sea orquestada por el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, experto en esas artimañas para embaucar a la población cuando los problemas agobian a su administración-, es, sin duda, la detención de ocho ex funcionarios del gobierno duartista, concretamente del DIF Estatal que presidía su, ahora, ex esposa –por así convenir a sus intereses- Karime Macías de Duarte, en un hecho inusitado que no habría logrado ni siquiera Miguel Ángel Yunes Linares –que ya es mucho decir- cuando declaró la guerra al duartismo. Y es que la aprehensión del exdirector de la dependencia en el último tramo del Duhartazgo, Julián Alberto Rubín Sandoval, y de otros 7 ex funcionarios menores como Víctor Manuel Carrizo Yoval, Emilia Yasbe Azamar Hernández, Claudia Moreno Pérez, Teodosio Montalvo Uscanga, César Álvarez Alegría, Francisco Fernández Sánchez y Pedro Francisco Corona Montes, dio pauta a dos hechos. 1.-La solicitud y obtención de una suspensión provisional –que no definitiva- por parte del exgobernador Javier Duarte de Ochoa para impedir que la Fiscalía General de la República pudiera ejecutar cualquier nueva orden de aprehensión emitida en su contra en los últimos días, y 2.-Que Karime Macías denunciara al tesorero duartista, amigo personal de la familia y cercanísimo a la ex primera dama, Antonio Tarek Abdalá Saad por falsedad de declaraciones ante una autoridad judicial, pues no hay que olvidar que Tarek funge como testigo colaborador en la investigación que se realiza contra Duarte de Ochoa y Macías Tubilla por el desvío de dinero del erario veracruzano, y que gracias a sus aportaciones se ha logrado fortalecer acusaciones contra ambos, uno ya en el reclusorio Norte de la Ciudad de México y, la otra, con un proceso abierto que la tiene en libertad bajo fianza en Londres, con fines de extradición, para que responda por un supuesto fraude por 112 millones de pesos, pero con la denuncia penal contra Abdalá los abogados defensores buscan deslegitimar las declaraciones del ex tesorero a fin de evitar la extradición de la mujer y su internamiento en el Penal de Pacho Viejo.
TAREK ABDALÁ como bien se sabe, fue designado en 2010 director administrativo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cargo que ocupó hasta 2012 cuando fue nombrado tesorero del Estado, pero desde allí siguió manejando las finanzas de la dependencia a petición de la propia Karime Macías, entonces, de Duarte. Renunció a la tesorería en 2015 al ser postulado candidato del PRI a diputado federal –como parte de la estrategia duartista para salvar a sus amigos de la hecatombe que se avecinaba ante el inminente triunfo de Miguel Ángel Yunes Linares-, pero la entonces Procuraduría General de la República le encontró responsabilidad en los malos manejos de los dineros del Estado y abrió una carpeta en su contra, por lo que el cuenqueño apeló a la figura de testigo colaborador y fue gracias a sus acusaciones que un juez pudo vincular a proceso a Javier Duarte, mientras que a Karime le abrieron una carpeta por presunto fraude que supera los 112 millones cuando se desempeñó como Presidenta del DIF Estatal.
NO ES secreto que Antonio Tarek recurrió a la “colaboración” con la FGR –o a lo que en el bajo mundo se le conoce como “sapo”- debido a que en 2016 fue señalado como presunto cómplice de un supuesto jefe del narcotráfico en la región de Tierra Blanca, razón por la cual se demandó su desafuero. Por ello, cuando iniciaron las acusaciones de corrupción y desvío de recursos en contra del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y miembros de su gobierno, y al ser señalado como responsable de varios movimientos irregulares durante su función como tesorero del Estado, lo que provocó que fuera inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos, decidió acogerse a la figura de testigo protegido o colaborador, con lo que evitó ser detenido e ir a prisión, pero a cambio tuvo que empinar a sus antiguos compinches, algo que su otrora amiga Karime Macías Tubilla no le perdona, y por ello sus abogados presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por falsedad de declaraciones, denuncia con la que buscan deslegitimar las declaraciones del ex tesorero y facilitar las cosas para su clienta.
SIN DUDA, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se sacó de la manga las aprehensiones de los ocho ex colaboradores de Karime, algo que, sin embargo, se agradece, pero ojalá que las cosas no queden ahí: es necesario que se obligue a quienes causaron tanto daño al Estado a devolver los recursos timados –en caso de resultar culpables-, que se extradite a Karime Macías y se le haga pagar los atropellos a la sociedad, y que se emitan las órdenes de aprehensión pendientes contra Javier Duarte de Ochoa, incluso, por desaparición forzada, para que se le haga pagar en Veracruz las atrocidades cometidas a la sombra del poder. El émulo de Nerón, al que solo le faltó mandar quemar a Veracruz –aunque lo hizo al permitir la incursión de la delincuencia-, no puede ser liberado tras un amañado proceso que lo dejaría libre el próximo año. Hay pendientes que los veracruzanos no olvidamos, y que el exmandatario debe pagar y, no solo eso: devolver lo saqueado, porque tal parece que saldrá de prisión a disfrutar de muchos bienes actualmente a nombre de su familia más cercana y amigos.
ABDALÁ SAAD ha declarado en diversas ocasiones que Macías Tubilla asistía a las reuniones del gabinete, y que era ella la que decidía a qué empresas se entregaban contratos. El 26 de Enero de 2017, el ex fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, pidió a la Cámara Federal de Diputados el inicio del proceso de desafuero de Tarek Abdalá, entonces legislador federal, señalándolo de ser responsable de un presunto desvío de recursos por 23 mil 150 millones de pesos. El 3 de Octubre de ese año, el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, anunció la presentación del dictamen final de la solicitud de desafuero pero, ohh sorpresa: el dictamen negaba el desafuero del legislador, lo que provocó el rechazo de los miembros del PAN y PRD en la Sección Instructora que finalmente se vio impedida de sesionar. El 7 de Octubre los diputados del PAN y PRD anunciaron la presentación de otro proyecto de dictamen que aprobaba el desafuero del legislador, pero el 14 de Enero de 2019 se dio a conocer que el 30 de Noviembre de 2018, Antonio Tarek Abdalá Saad llegó a un acuerdo con la, entonces, Procuraduría General de la República para no ser acusado por el presunto desvío de 55 mil millones de pesos del que era señalado, a cambio de declarar en cada uno de los juicios abiertos contra Javier Duarte y otros funcionarios, entre estos Karime Macías, y eso es lo que ha venido haciendo: aportar pruebas contra el ex matrimonio y otros ex servidores con tal de salvarse, y acaso por ello se debe llegar a fondo, aun cuando el caso revivido sea solo una “Caja China” del gobierno “Cuitlahueco”. OPINA carjesus30@hotmail.com
