Como todos sabemos, se esperan dos eventos trascendentes para los próximos meses y tal vez años, de carácter traumático que probablemente no se hayan presentado en nuestro país en cien años, salvo en períodos de la Revolución Mexicana, que marcarán la historia de nuestro país y del mundo, pero que dejarán un recuerdo inmarcesible en la mente de todos nosotros; por una parte, la famosa pandemia provocada por la diseminación en todos los rincones del planeta por el virus del COVID-19; en segundo lugar, el ominoso futuro inmediato de la recesión económica global, que dejará una secuela de pobreza y que comienza a causar desempleo por doquier. Estos dos eventos, van a cambiar la manera como se apreciará de ahora en adelante la salud de la raza humana y como dichas secuelas, marcarán la vida económica y social de la misma.
Centrándonos en las repercusiones económicas para México y sus entidades federativas, las perspectivas no parecen ser muy alentadoras; primero, porque las medidas anti cíclicas que se están recomendando a nivel mundial, no parece que se aplicarán a nuestro país; en segundo lugar, porque el freno que sufrió la economía mundial en cuestión de semanas, hace estimar a los principales analistas económicos de México, que de las estimaciones iniciales de antes de la pandemia, cuando se pronosticaba un descenso de entre uno y cinco por ciento del PIB de México, ahora se calcula que este porcentaje puede llegar a ser de entre diez y quince por ciento o más, lo que sin duda establece un escenario muy preocupante.
En tercer lugar, se dice que habrá apoyo de gobierno solo con subsidios para los más pobres y para un millón de empresas micro y pequeñas, con un apoyo de veinticinco mil pesos por cada Mipyme beneficiada, lo que evidentemente no le resolverá al grupo receptor una cantidad tan raquítica, ya que, si tienen que pagar sueldos, prestaciones, proveedores, mantener su capital de trabajo, pagar rentas y otros gastos diversos, a todas luces este apoyo, les va a resultar insuficiente a estas empresas, que generan el grueso de los empleos de México; por lo mismo, estos apoyos solo podrán ser un paliativo de ayuda.
Además, en nuestro país hay más de cinco millones de empresas catalogadas como Mypimes, por lo que habría que auxiliar a las mayorías, ya que, al no haber estímulos para poder hacer frente a sus impuestos, nóminas y prestaciones, ahora que las ventas se les comienzan a caer, el resultado será que estas empresas se verán imposibilitadas para cubrir sus compromisos.
En cuarto lugar, como no se quiere recurrir al endeudamiento público, lo que es entendible por los antecedentes de corrupción en esta materia, se tendrá que recurrir a las limitadas opciones disponibles, ya que es inminente que se deba incrementar la astringencia de los recursos públicos, para que haya mayor liquidez y poder hacerle frente a la pandemia y, a las enormes secuelas económicas que se comienzan a presentar. No prevenirlo y resolverlo, traerá graves consecuencias a la economía mexicana, por lo que no hay tiempo que perder.
Por lo pronto, no se deberá hacer uso de las reservas internacionales en el Banco de México, ya que estas sirven para darle estabilidad al sistema financiero mexicano, avalar su capacidad crediticia y permitir el funcionamiento del sistema de pagos, del comercio internacional de México. Desgraciadamente por ser línea crediticia, la opción más viable e inmediata es utilizar una Línea de Crédito Flexible, abierta desde hace siete años, por casi setenta mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que precisamente es para situaciones de crisis como la presente, al hacerlo se dejarán intactos los recursos presupuestados de inversión y para el desarrollo social.
Con el cincuenta por ciento de esta línea de crédito (50%), se pueden obtener alrededor de 800 mil millones de pesos que, bajo un esquema de austeridad presupuestaria, se podría llegar al billón de pesos. De estos recursos, se puede emplear el 5% para pagar y liquidar, por ejemplo, a las empresas, proveedores y contratistas, para rescatar los empleos perdidos y crear nuevos empleos, que éstas miles de empresas ya tradicionalmente generaban, pero son a las que los gobiernos corruptos de anteriores administraciones, les quedaron a deber causándoles enormes pérdidas, que en la mayoría de los casos y después de varios años, aún no se les paga.
El 80% de la mitad del préstamo del FMI restante, sería para prestarle a las tres cuartas partes de las 5.5 millones de MYPYMES de México, la mitad como subsidio y la mitad como préstamo temporal, para resolverle sus problemas de liquidez, salvar las fuentes de trabajo hasta por ocho meses y, mantener el sistema de producción operando, mientras se logra estabilizar la economía de México. El 15% restante, alrededor de un poco más de cien mil millones de pesos, se canalizarían al INSABI e IMSS, para aplicarlo a las entidades federativas, para aplicarlas al sistema de salud, de manera urgente y salvar muchas vidas.
Por último, mezclar razones de carácter ideológico no resulta conveniente, ya que se suscitará un debate estéril, de qué es lo más conveniente para los mexicanos; en nuestro sistema de gobierno, el sentido político actualmente atiende a las mayorías de los pobres, lo que sin duda es loable, pero eso no tiene nada que ver con que las empresas que producen el mayor volumen de empleos en México y el mundo, requieran de ayuda urgente, so pena que de no hacerlo con premura, se pueda colapsar el sistema económico mexicano, con graves repercusiones sociales.
Ojalá avancemos como país y como tal, nadie desea la quiebra de gran parte de las MIPYMES mexicanas. Las propuestas que se han mencionado, no pretenden endeudar a México, pero si contribuir a sacarlo del atolladero temporalmente, la idea es que a nuestras empresas se les pueda ayudar con financiamiento para defender las fuentes de empleo ya establecidas, en una emergencia económica que amerita que sean los gobiernos y los técnicos financieros, los que resuelvan esta debacle económica.
Comentarios: linopereaf@yahoo.com (*) Maestro en Ciencias y Doctor en Economía por la London School of Economics and Political Science, de la Universidad de Brunel y la Universidad de Londres, Inglaterra.
