“Mi conciencia tiene para mi más peso que la opinión de todo el mundo.” – Marco Tulio Cicerón.
Cuando este domingo 15 de noviembre el gobernador Cuitláhuac García Jiménez envió su Segundo Informe de Labores al frente de la administración pública estatal, esperábamos que la o el responsable de entregarlo, actuará de manera profesional y bastante apegado a la verdad.
Por el contrario, los responsables de ponerlo en manos de los integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura, otrora poderosos funcionarios, con la confianza plena del Ejecutivo, actuaron contrariamente a lo esperado.
En un alarde de soberbia, jactanciosos de una realidad que pretenden imponer, hicieron gala de un discurso demagógico, muy alejado de la verdadera situación que enfrenta Veracruz.
El cinismo con el que el secretario de Gobierno, E. Patrocinio Cisneros Burgos se dirigió a los legisladores, emula su intentona por erigirse en el verdadero titular del Poder Ejecutivo, pretencioso y enfermo de poder.
Afirmar que “Veracruz avanzó con austeridad, estrategia, planeación y honestidad hasta ser ejemplo nacional de acciones que reflejan eficiencia, eficacia y transparencia en atención a la población y dotación de servicios públicos”, resultan más falsas que una moneda de tres pesos.
Hablar de que en la entidad existe una transformación real entre la sociedad, es tanto como decirnos que, el sol sale de noche y la luna ahora ilumina nuestras mañanas.
El obsesivo personaje apuntó: “Nuestros pueblos originarios, adultos mayores, madres solteras, jóvenes estudiantes, campesinos, ganaderos, emprendedores y trabajadores están comprobando que la transformación es real; atrás han quedado los informes de simulación que encubrían corrupción e ineficacia gubernamental. Hoy, con verdad y transparencia, se cambia el rostro de Veracruz”.
Pero contrario a ese informe lleno de mentiras, porque esa es la palabra que se debe emplear, la realidad es otra.
El mismo gobernador Cuitláhuac García Jiménez precisó el pasado 03 de noviembre, que hay observaciones financieras en la Secretaría de Salud por mil 963 millones de pesos correspondiente al informe de resultados de la Cuenta Pública federalizada de su primer año de gobierno (2019).
Tan solo por ese detalle, el discurso mareador de la transparencia y el cambio de rostro de Veracruz, se cae, sin mayor sustento que un castillo de naipes.
Aunado a ello, es importante recordar que de acuerdo al informe de resultados de la Cuenta Pública Federalizada de 2019 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela que tan solo, la Secretaría de Salud de Veracruz, presenta un presunto daño patrimonial a la Tesorería de la Federación por mil 963 millones 566 mil 675 pesos.
La misma ASF, ha referido que, entre sus promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, los auditores hacen hincapié en más de mil trabajadores “aviadores” matriculados en nómina que no fueron encontrados en su centro de trabajo, traslados irregulares en cuentas bancarias –la famosa Licuadora, y no es Osterizer-, así como inconsistencias en los contratos para la compra de medicamentos a un empresario jalisciense (corrupción en adjudicaciones directas).
El pasado 06 de noviembre, el mismo coordinador parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Gonzalo Guizar Valladares afirmó que según los informes hay una clara opacidad en el manejo de recursos federales, por lo que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y la Contraloría General del Estado no deben convertirse en órganos de trámite para certificar la ineficiencia y la ineficacia en el manejo del gasto público.
Guizar Valladares afirmó: “No hemos visto a esos órganos internos de fiscalización que vayan señalando lo que la Auditoría Superior de la Federación ya hizo en cuanto a recursos federales”.
Para el legislador veracruzano, “los entes fiscalizadores locales deben ser órganos de prevención y no de corrección, ya que en la medida que existe corrupción es porque la prevención falló y los mecanismos de control interno están siendo deficientes”.
El cuatro veces diputado, consideró necesario fortalecer a la Contraloría General del Estado en la aplicación de la ley para que la impunidad no exista en el ejercicio del gasto público.
Gonzalo Guizar advertía: “Lo que lastima es la impunidad porque se gasta el dinero, no se da la transparencia adecuada y a los funcionarios no los sancionan ni se les señala, hasta los premian y eso es lo que molesta”.
La sentencia realizada por el ex legislador del PAN, deja claro que, si la ASF detectó que el Gobierno de Veracruz incurrió en irregularidades en la aplicación de recursos federales, ahora la interrogante es cómo estará el uso de los recursos estatales.
Con esa puntualidad en la revisión de la cuenta pública, el contenido y las loas lanzadas durante su entrega, simplemente dan risa.
¡Pobre Veracruz, tan lejos de Dios y tan cerca de estos corruptos!
Al tiempo.
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