“Nadie es desgraciado sino por su propia culpa.” – Lucio Anneo Séneca.
Fue un 5 de junio de 2009 cuando la tragedia enlutó a los mexicanos, el incendio de la Guardería ABC ocurrido en Hermosillo, Sonora, evidenciaba las cadenas de corrupción que desde el Gobierno se construyen en favor de los amigos y los cuates.
El saldo de la tragedia fue de 49 niños fallecidos y 106 resultaron heridos, todos de entre cinco meses y cinco años de edad. La tragedia comenzó cuando un incendio se propagó de una bodega contigua –perteneciente al Gobierno del Estado de Sonora- hacía la guardería.
El escándalo internacional empañó al gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, al del Estado presidido en ese momento por Eduardo Bours Castelo y al municipal que entonces encabezaba Ernesto Gándara Camou.
Cabe recordar que aquella estancia infantil privada funcionaba por el modelo de subrogación por el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el 6 de agosto de 2001.
Uno de los principales críticos de la tragedia fue el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador que en diversos momentos advirtió que en dicha tragedia habría prosperado la corrupción y la protección a los poderosos integrantes del Gobierno en todos sus niveles. https://lopezobrador.org.mx/2019/06/06/presidente-se-reune-con-madres-y-padres-de-guarderia-abc/
Lamentablemente las desgracias ocurren y parecen alcanzar aquellos que en su momento festinaron el asunto desde el punto de vista político.
La noche de este 27 de marzo esa realidad alcanzó al presidente Andrés Manuel López Obrador, y en una instalación del Instituto Nacional de Migración (INM) se consumó la tragedia en donde la muerte de 39 migrantes y 29 lesionados en estado delicado y grave al interior de la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, evidenció que su política migratoria está totalmente rebasada por ineptitud e insensatez, al pretender hacerle al cadenero de los Estados Unidos en la frontera norte de nuestro país.
El ABC del presidente AMLO se da en momentos que la crisis migratoria es ya un escándalo de orden internacional, pues la reciente detención de Ofelia Hernández Salas, “La Güera” o “La Lupe”, quien presuntamente contrabandeaba personas desde hace mucho tiempo, se suma a la tragedia.
La mujer de aproximadamente 60 años formaba parte de la lista de objetivos prioritarios para el gobierno estadounidense. Según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, “La Lupe”—junto con su supuesto cómplice Raúl Saucedo Huipio, de 48 años– presuntamente han operado en la frontera entre Estados Unidos y México durante varios años, dejando ganancias para ella y sus cómplices multimillonarias.
Ofelia Hernández y su presunto cómplice Raúl Saucedo fueron arrestados en nuestro país a petición de Estados Unidos, en atención a los cargos presentados previamente en el Distrito de Arizona.
La Güera y su compinche presuntamente conspiraron con otros contrabandistas para facilitar el viaje de un gran número de migrantes desde y a través de Bangladesh, Yemen, Pakistán, Eritrea, India, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia, Egipto, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México y, en última instancia, a Estados Unidos.
Pero ahora la pregunta es saber ¿quién se beneficia del tráfico de venezolanos exclusivamente a México? Porque se habla de una red operada desde hace años en el mismo INM y del cual es pleno responsable el presidente López Obrador.
O será que casualmente ocurre está tragedia en medio de la polémica que se genera por la implementación del Plan C con el que se pretende tomar por asalto al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en donde el tamal armado por el mismo Gobierno Federal es la razón de crear una nueva caja china para distracción de los miopes mexicanos.
Al tiempo.
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