El costo de la negligencia criminal

Este lunes 25 de enero, en medio de la histeria mediática y en redes sociales por el contagio por covid-19 del presidente Andrés Manuel López Obrador, México superó oficialmente los 150 mil muertos a causa de la pandemia.

El escenario se torna dantesco si tomamos en consideración que el número real de fallecimientos superaría los 450 mil. Pero tan solo las cifras oficiales revelan la magnitud de una tragedia que tiene responsables muy claros.

De minimizar la peligrosidad de la enfermedad a privilegiar la política por encima de la salud y la vida de los ciudadanos, el gobierno federal, incluidos López Obrador mismo y el subsecretario que se creyó “rockstar” y hasta “presidenciable”, Hugo López Gatell, cargan sobre sus hombros –y sus conciencias- con el peso principal de una gestión desastrosa, sin rumbo, sin una estrategia consistente y, lo más ruin y miserable, dominada por los intereses y cálculos electorales.

Tan solo valgan dos botones de muestra: la decisión de abrir las actividades a mitad de 2020 a una supuesta “nueva normalidad” cuando los contagios y muertes seguían en ascenso, bajo el argumento de que no se podía sacrificar la economía y al sector productivo… para el cual no existió –a diferencia de otros países- apoyo alguno del gobierno para que soportara el vendaval, pues el presupuesto público está concentrado en programas clientelares y en obras faraónicas superfluas.

Por las mismas razones –y he aquí el otro ejemplo- es que tras un número ínfimo de vacunas que llegaron a finales de 2020 y principios de 2021, de buenas a primeras México se quedó prácticamente sin más dosis del biológico –lo cual intentó justificar el presidente con una mentira que no soportó ni un día-, lo que ahora desesperadamente buscan cubrir con un producto ruso del cual no hay pruebas suficientes de su efectividad.

Pero para no ir muy lejos, en el estado de Veracruz se registró en fechas recientes un caso que diáfanamente explica lo que la actual administración federal ha provocado en los servicios públicos de salud por su incompetencia, ignorancia e indolencia, lo cual, hablando de la gestión gubernamental, es sinónimo irrefutable de corrupción.

El pasado viernes 22 de enero, en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Orizaba del Instituto Mexicano del Seguro Social –que atiende a pacientes de covid-19- se registró una crisis de falta de oxígeno, de la que se supo primero a través de las versiones de los familiares de los internados y que un día después fue confirmada por la propia Oficina de Representación en Veracruz Sur del IMSS, a cargo de Célida Duque Molina.

El organismo dio a conocer que “se registró una variación en la presión de oxígeno, por lo que de manera inmediata se habilitaron los tanques criogénicos de reserva, así como de los tanques T con los que cuenta la unidad”. Pero “pese a los esfuerzos médicos, lamentablemente ayer se registraron tres fallecimientos de pacientes en estado grave de salud” (sic). Aunque versiones recabadas entre los afectados apuntan a que las víctimas ascienden a por los menos 16.

A pesar de lo que indudablemente se trata de una irresponsabilidad mayúscula en ese nosocomio que directamente les costó la vida a esas personas, la delegación sur del IMSS todavía señaló que “se investiga si los decesos están relacionados con este incidente” y que “se inició una evaluación técnico-médica exhaustiva para el deslinde de responsabilidades”.

La absoluta ausencia de empatía de la “4t” con el dolor de miles y miles de mexicanos tiene como exponente máximo al propio López Obrador. Durante toda la pandemia se negó sistemáticamente a usar cubrebocas en sus giras y actos públicos y entre él y el “doctor Muerte” desalentaron su uso. Además, con sus decisiones, dejaron a la gente sin más alternativa que salir a la calle a enfrentar al virus para no morir de hambre.

Incluso, a sabiendas de que desde el pasado sábado presentó síntomas de covid-19, el presidente todavía salió de gira el domingo, anduvo sin protección en los actos públicos a los que asistió y abordó dos vuelos comerciales. Y este mismo lunes, durante la llamada que asegura haber sostenido con el presidente ruso Vladimir Putin, tampoco usó mascarilla y por lo menos debieron estar unas dos o tres personas acompañándolo en su oficina en palacio nacional.

El costo de esa negligencia criminal es altísimo.

 

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