El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado muchas decisiones polémicas desde que asumió el cargo, ha hecho declaraciones que han encendido a diversos sectores de la población, ha realizado acciones que le han valido muchas críticas (como haber ido a saludar a la mamá del Chapo Guzmán), pero, que se sepa, nunca ha ido a la Cámara de Diputados a reunirse con la bancada de Morena incluyendo al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, para “tirarles” línea.
Tiene muchas cosas criticables, pero hasta ahora ha guardado las formas y ha mantenido el respeto a la división de poderes, al menos en forma pública, porque no se duda que en privado, en el Palacio Nacional (porque ahí vive), se ha reunido tanto con Mier Velazco como con Ricardo Monreal Ávila, el presidente de la Jucopo en el Senado. Al titular del Poder Judicial, Arturo Zaldívar, lo hemos visto en diversas imágenes llegar al Palacio Nacional a recibir línea, aunque no tendría por qué.
Del Sistema de Información Legislativa, de la Secretaría de Gobernación, copio lo que dice sobre la división de poderes:
“Procedimiento de ordenación del poder de autoridad que busca el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. La división tradicional se ha basado en la existencia de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control. Además, en los sistemas democráticos se concibe como un complemento a la regla de la mayoría, ya que gracias a él se protegen mejor las libertades individuales. Los formuladores de la teoría de la división de poderes son John Locke y Charles Louis de Secondat (Montesquieu). Ambos parten de las necesidades de que las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios”.
Por todo lo anterior, extraña que en cambio en Veracruz no solo no se guarden las formas por respeto a la división de poderes, sino que incluso se difunda oficialmente, con boletín y fotos, en forma abierta, el sometimiento del Poder Legislativo al del Ejecutivo.
El jueves pasado, el boletín de prensa 1792 de la Coordinación de Comunicación del Congreso del Estado informó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez acudió al edificio legislativo en la calle Encanto a tirar línea –con otras palabras, obvio.
“La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, recibieron, en el Palacio Legislativo, la visita del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez.
En presencia del secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá, el mandatario y los representantes populares dialogaron acerca de la conclusión de la agenda legislativa correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional en curso.
Los titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como legisladoras y legisladores asistentes a esta reunión, consignaron el compromiso de colaboración entre sí y con las próximas administraciones municipales en esta nueva etapa de la vida política del estado.
Participaron también en la reunión, el diputado local Raymundo Andrade Rivera, y la diputada local Margarita Corro Mendoza, entre otros funcionarios estatales” (el subrayado es mío). ¡Caramba! El mismo boletín de la Legislatura considera a los diputados “funcionarios estatales”, o sea, en los hechos, empleados del gobernador. Ya se sabe que lo son, pero debieran tener tantito recato en guardar las formas.
No que el gobernador no se pueda y no se deba reunir con los diputados de su partido. Hacerlo es una vieja práctica de la política. Todos los gobernadores anteriores lo han hecho, y también con los de oposición que se someten, pero lo han realizado en privado, en los últimos años normalmente en la Casa Veracruz, lejos de los medios y siempre cuidando que no trascienda lo que ahí se dice y trata y menos que se saque y se difunda una imagen que revele quiénes asisten.
Las formas son las formas, diría Perogrullo. La forma es fondo, dijo para la posteridad política el ilustre tuxpeño Jesús Reyes Heroles. ¿Acaso haber arrasado Morena en la pasada elección en el Estado le dio patente al cuitlahuismo para hacer de la división de poderes un simple enunciado? ¿No hay nadie que sepa tanto en el Palacio de Gobierno como en el Congreso que eso no se debe hacer, que se deben guardar las formas, que se debe respetar la división de poderes, y alertar al gobernador? ¿¡Al diablo con las instituciones!? ¿¡Al diablo con las formas!? Ya están casi a la mitad de su sexenio y siguen igual. Definitivamente, como dicen en el beisbol (el deporte oficial favorito), contra la base por bolas no hay defensa.
Rafael Vela, regionalista aspirante a Rector
Una mañana de 2017 coincidimos, sin proponérnoslo, en el restaurante del hotel Kinakú de Acayucan. Rafael Vela Martínez, investigador académico de la Universidad Veracruzana se disponía a internarse en la Sierra de Soteapan para implementar programas de desarrollo regional del Gobierno del Estado. Con mucho entusiasmo me platicó todo lo que se proponía y, por lo que le escuché entonces, me quedó claro que tenía un conocimiento real de la región que iba a trabajar. Me obsequió entonces un ejemplar de su libro Crecimiento y generación de empleo en Veracruz.
Esto lo recordé ayer cuando platicamos sobre su aspiración a ser rector de la Universidad Veracruzana, me compartió otra de sus publicaciones, Veracruz Siglo XXI: Retos y perspectivas económicas, y me llamó la atención cómo amalgama su formación académica con el conocimiento de todas las regiones del estado, tema en el que se ha especializado para buscar el crecimiento económico de Veracruz, la generación de empleo, el combate a la pobreza y la marginación, objetivos que va a incorporar también a su plan de trabajo si llega a la rectoría. Su currículum es impresionante y tiene mucha obra publicada. Enriquece la lista de aspirantes, sin duda alguna.
Morena, ahora sí quiere la revocación de mandato
Seguramente con la seguridad que le dio el resultado favorable de la pasada elección, el Grupo Legislativo de Morena presentó ayer una iniciativa de reforma para incorporar a la Constitución Política local la figura de revocación de mandato para el cargo de Gobernador “y su ejecución como un derecho y una obligación ciudadana”.
La propuesta se turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. En ella se establece que el proceso podrá realizarse en una sola ocasión durante cada periodo constitucional. La reforma que se propone diría que el o la titular del Ejecutivo estatal durará en su cargo seis años, con excepción del caso en que sea declarada procedente la revocación de mandato.
La iniciativa especifica que durante el mes anterior a la conclusión del tercer año de ejercicio constitucional, la ciudadanía con derecho de votar en un proceso electoral local que esté interesada en promoverlo podrá comenzar a reunir una cantidad mínima equivalente al diez por ciento de las personas inscritas en el padrón electoral de cuando menos la mitad más uno de los municipios.
En realidad, esa figura ya existe pues se pensó en eliminarla en la Reforma Electoral que Morena promovió el año pasado pero que echó abajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal forma que la oposición, que ha sido la interesada, puede solicitar la consulta para diciembre próximo y reunir el número suficiente de firmas. Se realizaría en marzo del próximo año.
