El infame crimen de un periodista y la negligencia del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

El asesinato del periodista Pablo Morrugares, en el estado de Guerrero, puso en evidencia la ineficacia, la ineficiencia y el incumplimiento de un deber legal de funcionarios del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que desafortunadamente se ha convertido en una oficina de burócratas, en cuyas manos se ha decidido la vida de periodistas.

Pablo era director del portal PM Noticias e irónicamente él cubrió el asesinato de 9 periodistas ocurridos en Guerrero. Su crimen no debió ocurrir, más porque contaba con medidas previstas en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Su muerte fue una cadena de errores, omisiones y negligencia de parte de este Mecanismo, dependiente de la SEGOB.

Desde el primero de octubre de 2019, la SEGOB y la SSPC acordaron que el Servicio de Protección Federal (SPF), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sería el encargado de atender al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ya que en sus filas se encuentran elementos federales debidamente entrenados y capacitados bajo estándares internacionales.

El comisionado ejecutivo nacional del Mecanismo, Aarón Mastache Mondragón el 2 de enero del 2020 informó a Aristegui Noticias que el 20 % de los beneficiarios ya contaban con escoltas federales y se comprometió a que en el primer trimestre del año la totalidad estarían protegidos por agentes federales.

Sin embargo, el asesinato de Pablo Morrugares sacó a la luz que el Mecanismo de Protección no le había asignado los elementos del Servicio de Protección Federal, la víctima tenía de acompañante un elemento de la policía estatal de Guerrero, sin la debida capacitación y mal armado.

El periodista y el policía que lo “protegía” fueron víctimas de las omisiones, insensibilidad y malas decisiones del Mecanismo de Protección a cargo de Aaron Mastache, más porque sabían que Pablo Morrugares estaba en peligro mortal, porque el crimen organizado ya lo había vuelto a amenazar a través de una narcomanta. A Pablo lo dejaron morir prácticamente solo bajo una lluvia de balas de R-15.

A principios de este año el Mecanismo tenía bajo su protección a 769 defensores de derechos humanos y 383 periodistas.  Llama la atención el gran número de “defensores de derechos humanos” y esto nos lleva a hacernos la pregunta: cuántos realmente sí necesitan la protección y cuántos solo piden escoltas para alardear.

Entre los casos que deben revisarse a fondo está el de Augusto César Sandino Rivero Espinosa, fundador de Defensa Estratégica en Derechos Humanos A. C. y muchos otros que caminan en la delgada línea de la defensoría, el activismo y la política.

Las personas que están dentro del Mecanismo reciben un sinfín de apoyos, como cámaras de vigilancia, chalecos antibalas, detectores de metales, autos y demás elementos que requieran, pues incluso, hay personas a las que les cuidan a sus hijos. Pero también hay periodistas a los que ayudan a regañadientes y los vehículos que les entregan están destartalados.

El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ha fallado y sigue avanzando sin dirección. La mejor prueba de ello es que quienes cuidaban a los beneficiarios eran escoltas privados contratados por SEGOB y ahora se supone que son agentes del Servicio de Protección Federal, pero alguien olvidó asignarlos a los periodistas en peligro.

Aun con estas deficiencias, el comisionado ejecutivo Aaron Mastache se atrevió a pedir 187 millones de pesos adicionales de presupuesto, porque los 227.6 millones de pesos asignados para 2020, le son insuficiente.

Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Mario Delgado Carrillo, anunció que se va a analizar si el Fideicomiso del Mecanismo de Protección es la mejor manera de Administrar los apoyos a periodistas y defensores. También reconoció que hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

Como era de esperarse, esto no le gustó a Aaron Mastache, a quien le habrán de aplicar una mayor fiscalización de los gastos. Lo cierto es que en el Mecanismo hay una predisposición a negar apoyos a periodistas realmente amenazados, pero tienen sus consentidos y estos son los que se hacen llamar defensores de derechos humanos.

Hay un caso documentado que involucra al periodista veracruzano Ángel “N”, a quien Aaron Mastache y su Mecanismo le negaron la seguridad, aun cuando fue víctima de un atentado directo por el ejercicio de su profesión.  Ángel tuvo que recurrir a tribunales federales y un juez le concedió la protección de la justicia federal. ¿Por qué llegar a este extremo?

El gobierno federal no ha entendido que el mecanismo de protección tiene una función preventiva, no para enviar esquelas a familiares de periodistas muertos. Los comunicadores se juegan la vida todos los días y están solos.

En estos momentos hay compañeros periodistas que están en peligro en Guerrero y la respuesta del Mecanismo de Protección ha sido nula.  Hace unas horas un comando armado atacó las instalaciones del Diario de Iguala, lo que refleja la vulnerabilidad del gremio reporteril y la amenaza constante sobre los periodistas.

Urge que el Congreso intervenga de inmediato y haga valer el propósito para el que fue creado el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. PEGA Y CORRE. – Ahora cada detención de delincuentes, sean de cuello blanco o comunes tienen mucho que decir a las autoridades. La captura de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, puede dar muchas pistas sobre complicidades de autoridades en Guanajuato… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

 

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