Cuando la legalidad se convierte en coartada, y la firma de un notario certifica no la justicia, sino la opacidad, entonces no estamos ante un simple trámite notarial: estamos frente a una arquitectura de impunidad. Y si quien extiende esa firma es el actual coordinador de la bancada oficialista en el Senado y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, la historia adquiere un tinte aún más grave. Porque lo que está en juego ya no es una sospecha aislada, sino una presunta participación institucionalizada en la consolidación de un entramado criminal.
Documentos oficiales revelan que la Notaría Pública Número 27 de Tabasco, encabezada por Adán Augusto, participó en la creación y modificación de al menos cinco empresas relacionadas con el clan Bermúdez, dirigido por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública del estado y actualmente buscado por la Interpol en 196 países por sus presuntos vínculos con el grupo delictivo conocido como “La Barredora”.
No se trata de un hecho menor ni de una coincidencia administrativa. De acuerdo con los registros, desde 1993 hasta al menos 2006, el entonces notario López Hernández intervino directamente en operaciones clave para formalizar el crecimiento empresarial de los Bermúdez: ratificaciones de apoderados, cambios de objeto social, fusiones, ampliaciones. Una participación sostenida en el tiempo, que coincide —curiosamente— con el ascenso político y económico del clan.
Uno de los casos más ilustrativos es el de la empresa Rager de Tabasco S.A., surgida de la fusión de dos compañías y convertida, con ayuda notarial, en contratista de Petróleos Mexicanos desde 2003. En 2006, fue el propio López quien validó su cambio de giro para operar en el sector energético. Hoy sabemos que al menos dos de las empresas registradas por la Notaría 27 firmaron contratos con Pemex.
No hay que ser abogado para entender que detrás de una red de 28 empresas, en rubros tan diversos como construcción, casinos, manejo de residuos, seguridad privada o videojuegos, no hay una familia de emprendedores entusiastas. Hay una estructura pensada para diversificar negocios, evadir controles, mover capitales y proteger intereses. El modelo recuerda a las muñecas rusas: una capa oculta a otra, y así sucesivamente. La legalidad, en este caso, fue la máscara de la ilegalidad.
El cerco se ha ido cerrando. Hernán Bermúdez, el llamado “Comandante H”, tiene ficha roja de la Interpol. Su sobrino, Raúl Bermúdez Arreola —exfuncionario federal en Fonatur— fue destituido por arrendar propiedades del Estado en plataformas digitales. Las investigaciones del Centro Regional de Fusión e Inteligencia Sureste (CERFI) documentan intentos del grupo por suministrar diésel robado a obras del Tren Maya. Y mientras tanto, la red empresarial que los respalda sigue operando, con huellas que llevan al despacho de un notario que hoy despacha desde el Senado.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que el caso se investigará sin proteger a nadie. Está por verse. Porque en este país la justicia camina despacio y los privilegios corren con escolta. Lo que ya no puede negarse es que el círculo de poder, dinero y crimen ha dejado marcas documentadas. Y que esas marcas llevan la rúbrica de quienes se suponía debían proteger la ley, no burlar su espíritu.
Adán Augusto López Hernández tiene mucho que explicar. Y no a los medios —que ya bastante hacemos con documentar y exhibir—, sino a la justicia y a la ciudadanía. No basta con decir que fue un trámite notarial de rutina. Nadie extiende cinco actas, en momentos clave, a una red delictiva sin saber a quién está beneficiando. Y si lo sabía, es peor.
Aquí no se trata de adelantar condenas, pero sí de exigir cuentas. Porque el deterioro del Estado de Derecho empieza cuando los guardianes de la legalidad se convierten en facilitadores del delito. La justicia no solo debe alcanzarlos; debe exhibirlos. Y la ciudadanía no solo debe indignarse; debe recordarlo cuando llegue la hora de votar.
Lo que se ha descubierto no es un caso aislado, es una fotografía del país real: donde el crimen organiza empresas, las empresas financian campañas, y los notarios las legitiman.
Una cadena perfecta. Una democracia rota.
Y ante eso, callar no es prudente: es complicidad.
