Ante la esperanza de que se inicie una profunda limpia en Seguridad Pública del Estado con el arribo del nuevo titular Alfonso Reyes Garces, en la propia dependencia circulan denuncias de corruptelas contra el saliente Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, quien presuntamente de la noche a la mañana se hizo de una propiedad en Boca del Río valuada en 18 millones.
La propia policía de la SSP, área administrativa, hizo circular un documento en donde se exige investigar la “inexplicable” fortuna de Zúñiga Bonilla.
Entre ellas su residencia en Costa de Oro en Boca del Río.
Ello que podría no ser mas que un libelo mueve, sin embargo, a la sospecha, al reclamo de una investigación, a una obligada auditoría de parte del Contralmirante de Infantería Marina, Reyes Garcés quien llega con una imagen de honesto a asumir la SSP en menos de dos semanas.
Y es que Zúñiga, sospechoso personaje que se ostenta como capitán de Marina, no solo se dedicó a exigir moche a tránsito, patrullas y policías de a pie vía extorsión ciudadana, sino que pactó con el “Cártel de las Grúas” quien le entrega millonarias cantidades a través de Ulises Rodríguez Landa.
Ulises es lacayo del hoy diputado Federal Eleazar Guerrero, exsubsecretario de Finanzas y primo del Gobernador Cuitláhuac y curiosamente suplente del legislador con fuero.
En la propia dependencia y entramado corrupto se mueve Eleazar Guerrero hijo quien es director de Vinculación de la SSP.
Ulises es jefe de la Unidad Administrativa de la SSP misma que lleva el registro y control de dichos contratos con los grueros.
Las evidencias se extienden a las denuncias ciudadanas, algunas de ellas documentadas ante el IVAI, la Fiscalía General del Estado y ante la opinión pública que exhibe a la propia banca privada de esta coludida.
En anterior entrega dábamos cuenta de como operaban la policía y los grueros.
Hoy, sin embargo, llama la atención un caso puesto a la luz pública, las “mordidas por transferencia” de Tránsito de Estado que atiende carretera Veracruz-Manlio Fabio- Soledad de Doblado.
En alianza con “BanCoppel” corren ríos de dinero que quitan a transportistas y conductores de vehículos particulares.
Ciudadanos que utilizan la carretera estatal Veracruz-Soledad de Doblado, denunciaron los actos de extorsión por parte de elementos de tránsito, apostados en el tramo entre Manlio Fabio y el entronque de la población de Oluta, exigiendo transferencias a cambio de no “meterle grúa y arrastre” por supuestas multas.
En al menos dos testimonios recabados, los agraviados señalan el modus operandi que consiste en detener a los automovilistas por infracciones menores, pero en lugar de dar los motivos de la intervención y aplicar la multa, comienzan a buscar con gran escrutinio cualquier detalle que presente la unidad.
En las denuncias, se señala a la patrulla con número económico TE01-588 de Tránsito del Estado, cuyos elementos operan en esta zona en total impunidad, uno de los afectados explicó que fue detenido por tener una placa no era visible.
El conductor mostró sus documentos y pidió que lo infraccionaran, los elementos le dijeron que era motivo de arrastre y corralón, que iba a salirle más caro, que mejor con un equivalente de 10 mil pesos, salvaría los tramites, dándole incluso la facilidad de una cuenta de BanCoppel para realizar la transferencia para dejarlo ir sin problema.
El afectado pagó a BanCoppel, que a su vez cobra el 8% por cada transacción vía tarjeta de débito.
Estos actos de corrupción son la constante en el puerto de Veracruz, al igual que en Xalapa y los municipios de Manlio Fabio Altamirano y Soledad de Doblado.
Fue el caso de una madre de familia quien no se percató que las luces del “stop” de su auto no encendían.
La conductora aceptó recibir la infracción, presentando licencia y tarjeta de circulación. Sin embargo, los oficiales aplicaron las mismas formas de intimidación y le dieron la “opción” de arreglarlo en el lugar, con 5 mil pesos, sin pagar la multa y evitarse el trámite de la grúa y el corralón, amenazándola con quedarse con su licencia, su tarjeta de circulación y su póliza de seguro.
Su cuenta se la dejaron en ceros.
Son parte de historias sinfín del aun secretario de Seguridad Pública del estado de Veracruz, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, quien ahora resulta que gracias a sus ahorros presuntamente se compró una mansión en Costa de Oro, en Boca del Río.
A la fecha poco se sabe con cuántas empresas tienen tratos los titulares de la SSP ni cuál es el mecanismo para otorgarles la prebenda de hacer el arrastre de vehículos y cobrar lo que se les pegue la gana -hasta 15 mil pesos-, pero lo que es indudable es que los hilos de la corrupción se mueven desde el propio Palacio de Gobierno.
Todo con el debido cuidado ya que la SSP no tiene firmado ni un contrato, ni uno solo con alguna de las empresas que hacen el servicio de arrastre de grúas.
Este “negocio”, en operación desde 2021, ha movido más de 320 millones de pesos de acuerdo con la misma información proporcionada por la SSP y el cálculo de los costos reales que cobran las empresas grueras a las personas que tienen la desgracia de que se lleven sus vehículos por cualquier circunstancia.
El propio dato documentado por el columnista Marco Antoni Aguirre “El Místico” desde 20121, nunca fue desmentido, aclarado o atendido por el IVAI en evidente ocultamiento de información luego de presentarse “un recurso de revisión ante el IVAI, el cual quedó en el expediente IVAI-REV-3951-2022-III, asignado a la ponencia del comisionado José Alfredo Corona Lizárraga, quien notificó la aceptación del recurso el 26 de agosto de 2022”.
En ese ajo de complicidad y corrupción se mueven Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidenta, el Comisionado David Agustín Jiménez Rojas, quien afirma que será el próximo Fiscal General del Estado y el comisionado ponente, José Alfredo Corona Lizárraga.
Toda una red de pillos.
“¡Cumplimos!”, sostiene, sin embargo, el atarantado del Cui.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
