En forma tajante, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, rechazó ayer la invitación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al gobernador priista saliente de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, para que se incorpore a su gobierno como nuevo embajador en España.
Por la tarde, en cuenta de Twitter, publicó tres párrafos contundentes.
“Absolutamente nadie puede utilizar las siglas del PRI para negociar posiciones, no vamos a permitir las intenciones del gobierno de Morena para dividir ni a la coalición #VaPorMéxico ni al PRI”.
“La lealtad, unidad y compromiso de un priista se demuestra al lado del Partido. Cualquier invitación a nuestros gobernadores, por un partido distinto, se asume a título personal y debe someterse a consideración del Consejo Político Nacional para decidir si se aprueba o no”.
“En caso de que el Consejo Político Nacional no apruebe la licencia, y el cuadro partidista decida aceptar el encargo, esto implicaría la pérdida de militancia conforme a los Estatutos de nuestro Partido”.
Con ello, “Alito” Moreno acaba también con las especulaciones de que el presidente pensaba intercambiar el cargo a Ordaz Copell a cambio de que la bancada tricolor en la Cámara de Diputados ayudara a que Morena lograra la mayoría calificada para sacar adelante sus reformas constitucionales, una de ellas la Reforma Electoral.
Dio a entender que cabildeó con sus homólogos del PAN y del PRD y que todos acordaron mantener su alianza, que asumirán el papel de verdadera oposición, por lo que el presidente tendrá un segundo periodo de gobierno más complicado, más si la oposición le atora las reformas constitucionales que pretende.
Por otra parte, su postura sirve de advertencia a cualquier otro militante de su partido que si acepta un cargo en los gobiernos de Morena puede ser expulsado, y que tampoco reconocerán negociaciones que los dividan en su alianza con el PAN y el PRD, y eso vale para Veracruz.
Eso estaría confirmando lo que ya se ha comentado en esta columna sobre que en el Estado las tres fuerzas políticas en acuerdo con Movimiento Ciudadano formarán un bloque opositor para evitar que Morena alcance mayoría calificada, lo que también frenaría iniciativa de reformas del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Si Ordaz Copell se alinea con su partido, no acepta, y el PRI se mantiene firme en su postura, ahora a ver quién de Morena sirve de plato de segunda mesa.
Y Delia para a Gómez Cazarín; le pide que pruebe acusaciones
Los estudiantes, los pasantes de Derecho, los abogados, eso creo, conocen muy bien el aforismo latino affirmanti incumbit probatio, que significa “a quien afirma, incumbe la prueba”, esto es, lo que en los tribunales, más sencillo aún, conocen como “el que afirma, está obligado a probar”, es decir, la llamada ‘carga de la prueba (onus probandi).
El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXV Legislatura del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, si bien no estudió Derecho (que se sepa, solo hizo el telebachillerato en su natal Hueyapan) debiera saberlo, porque además tiene el control del Poder Legislativo donde se supone que se elaboran o establecen leyes para gobernar el estado.
Recientemente volvió a insistir en un señalamiento público de la mayor seriedad y gravedad sobre posibles actos de corrupción en el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), en los que estarían involucrados auditores, acusación que, indirectamente, por presunta omisión, involucraría a la propia titular Delia González Cobos.
En declaraciones a la prensa insinuó que auditores están “limpiando” observaciones de las cuentas públicas municipales y que ha notado que funcionarios del organismo con sueldos de 20 mil pesos mensuales tienen vehículos de lujo, de 500 o 600 mil pesos, “es imposible”, y que les dejan “toda esa tierra” a los diputados. Aceptó que no tiene pruebas pero negó que sus señalamientos salgan de su “imaginación”.
De entrada debe reconocerse su preocupación, pero como titular de uno de los tres poderes del Estado pierde toda seriedad pues solo aventura una posibilidad, no aporta una sola prueba, ni siquiera dice que en forma personal ya se las entregó a la auditora superior para que proceda en consecuencia, decide litigar en los medios y no presenta denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Su actitud rebela el grado de subdesarrollo, de impreparación, de falta de solidez jurídica de los hombres en el poder de Morena lo mismo en el Poder Legislativo que en el Ejecutivo, pues en el palacio de gobierno no desentonan ya que también han hecho muchos señalamientos, han afirmado que tienen pruebas o “indicios”, pero no pasan de las palabras y hasta ahora no hay un solo indiciado al que se le haya abierto una carpeta de investigación. El Derecho no se funda en suposiciones.
La actual Legislatura no apoyó reformas, señala
Ayer, la indirectamente aludida, Delia González Cobos, titular del ORFIS, con mucha elegancia, sin rehuir a los señalamientos pero buscando evitar una confrontación, con mucha fineza paró en seco al presidente de la Jucopo: le dijo que si él o cualquier otro diputado tiene pruebas de corrupción en el organismo a su cargo, que las presente ante las instancias correspondientes. Tan sencillo como eso.
Se defendió. Declaró que no solo ha estado pendiente de verificar que en cada auditoría se evite cualquier acto de corrupción, sino que con la nueva legislatura que entrará en funciones en noviembre buscará reformas a la Ley Superior de Fiscalización para no esperar a que termine un periodo fiscal para auditar sino que supervisiones de gastos se vayan haciendo en tiempo real.
Mandó acuse de recibo: se quejó que la actual legislatura saliente, que lidera Gómez Cazarín, no la respaldó para sacar adelante esa y otras iniciativas de reformas que presentó en beneficio de la fiscalización en Veracruz, y para que vea que ella está actualizada anunció que buscará el uso de drones y equipos que miden la densidad del suelo para verificar que la obra pública realizada por los ayuntamientos cumpla con las especificaciones bajo las que se contrató.
El PRD, en contra de agandalle contra equidad de género
Ayer, la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD se pronunció en contra de que haya un agandalle en el Congreso local y que Morena no respete la paridad de género. En otras palabras, está en contra de que desplacen a alguna fémina en la conformación de la nueva Legislatura, violando la paridad, para abrirle espacio e imponer como diputado plurinominal a Juan Javier Gómez Cazarín.
“Los partidos políticos debemos compartir el objetivo de responder a la ciudadanía con acciones apegadas a Derecho y respetando la democracia, no ‘peleando’ por puestos de cualquier orden, y esto incluye, desde luego, la responsabilidad que los órganos electorales (raspón al OPLE) tienen para recuperar la confianza perdida de la ciudadanía.
Reiteramos: el PRD recurrirá a todas las instancias necesarias para que se garantice la paridad de género en la integración de la próxima Legislatura. Estaremos vigilantes y reiteramos nuestro absoluto respaldo a la mujer, así como a su necesaria representación legislativa.
Ya fue suficiente de torcer leyes para favorecer intereses particulares, de venganza política y ahora hasta para meter a la fuerza a diputados que no contaron con los votos necesarios para ocupar una diputación por la vía plurinominal.
La paridad de género no debe estar en discusión”.
Hasta ahora el PRD mantiene su línea crítica y combativa contra las violaciones al orden legal por parte tanto del gobierno como de la diputación de Morena.
Sobre el nuevo maestro
Sobre el comentario de ayer de la titulación del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, como nuestro maestro en Administración, me escribió una lectora preguntándome si sé el título y sobre qué tema hizo su tesis. Lo siento, lo desconozco. No lo menciona en lo que subió en su cuenta de Facebook. Dada su condición de funcionario público, en una de esas a través del IVAI obtiene la información, aunque no veo por qué habría de ocultarse algo de tipo académico.
