Por: Claudia Guerrero
Mientras a esta periodista, el TEV la sanciona por exponer corrupción y ejercer su Libertad de Expresión para darle un escarmiento, a partidos políticos como el PVEM en Veracruz libran investigaciones por corrupción y desvíos de recursos, pero no la multa.
El expediente SX-RAP-0001-2025 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es una muestra más de cómo en la 4T la Ley sólo aplica para los enemigos, pero no para los aliados. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sancionado por el desvío de más de $16 millones de pesos en Veracruz, recibe un castigo simbólico: se mantiene la multa, pero se eliminan las investigaciones que podrían llevar a Carlos Marcelo Ruiz Sánchez y su red de corrupción ante la justicia.
Sí, el Tribunal confirmó que el PVEM hizo trampa en la fiscalización de sus recursos en 2018. Sí, la Unidad de Fiscalización del INE detectó empresas fantasma, cursos inexistentes y pagos desviados a cuentas particulares. Pero, ¿de qué sirve la confirmación de una trampa si no hay consecuencias reales?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no investigará, la Fiscalía General de la República (FGR) no abrirá una carpeta y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se hará de la vista gorda. Todos los órganos que podrían haber desenmarañado este caso están controlados por el oficialismo.
Ahora, es cierto que la fiscalización de los partidos políticos es competencia exclusiva del INE. Pero aquí entra un punto clave: ¿de verdad la ASF no tiene nada que ver?
El problema no es que la ASF tuviera que fiscalizar los recursos del PVEM directamente, porque no es su competencia. El problema es que en la 4T, todos los entes que deberían garantizar la rendición de cuentas están bajo el control de la misma cúpula de poder. Y Javier Herrera Borunda, operador del Verde y actual pieza clave dentro de la ASF, bien pudo haber metido las manos para proteger a su amigo y cómplice político, Marcelo Ruiz.
Porque si algo queda claro en este país, es que cuando hay voluntad política, todo se investiga, pero cuando hay intereses de por medio, todo se entierra.
La ASF no tenía que meter las manos en este tema, pero si alguien puede garantizar que ciertos expedientes no avancen, es alguien con poder dentro de las estructuras de fiscalización. Y casualmente, Javier Herrera Borunda está en esa posición.
¿Estado de derecho? No existe. Lo que tenemos es un país donde la ley se dobla para los amigos y se endurece para los adversarios. El Tribunal Electoral, que ya demostró su sometimiento en el escándalo de la elección de jueces y magistrados, ahora le regala un respiro al Verde. No solo protege al partido, sino que envía un mensaje claro: el oficialismo y sus aliados pueden hacer lo que quieran, porque jamás pisarán la cárcel.
Marcelo Ruiz, el operador que hizo y deshizo con los recursos del Verde en Veracruz, hoy duerme tranquilo. La sentencia no lo toca, el sistema lo blinda y la impunidad se mantiene intacta.
Y aquí es donde surge la duda obligada: ¿qué papel jugó la ASF en todo esto? La Auditoría Superior de la Federación, esa que está bajo el control de Javier Herrera Borunda, dueño de la franquicia política del Verde en Veracruz, ¿también metió las manos por su protegido?
Veracruz, como el resto del país, se hunde en la simulación de justicia. No importa si son millones desviados, contratos inflados o recursos desaparecidos. Aquí no hay consecuencias, solo acuerdos políticos disfrazados de sentencias.
El país va a la deriva. La corrupción de los aliados del poder es intocable y la justicia es un simple trámite administrativo. El Tribunal Electoral y todas las instituciones que deberían proteger la legalidad se han convertido en cómplices de un régimen que destruye el Estado de derecho a cada paso.
Y mientras tanto, Marcelo Ruiz sigue libre. El Verde sigue recibiendo prerrogativas, diezmadas, pero prerrogativas… Y el sistema sigue funcionando exactamente como lo diseñaron: para proteger a los de casa.
