Conocí una parte del sistema de partido de Estado, la de cierta tolerancia hacia la disidencia siempre y cuando no saliera de una condición testimonial. Ese sistema se tuvo que abrir ante las demandas internas y las presiones internacionales. Fue en forma gradual. Vino la alternancia de algo así como la derecha política. Un poco antes había iniciado la transición democrática. Después volvió el PRI en una de sus peores versiones, la del saqueo desproporcionado y tímidas reformas que se desnaturalizaron ante la carencia de altura de Estado del grupo gobernante. Por fin en 2018 se completó el proceso, carril izquierdo, iniciado en 1988 por el Frente Democrático Nacional. En los cuarenta y cinco años que tengo de observar y participar activamente en la vida pública, tanto social como políticamente, he visto momentos de desarrollo democrático al menos en intenciones y esperanzas. Hemos avanzado en muchos aspectos, en otros casi nada, pero llegamos a un nivel circular que puede ser, incluso, regresivo.
Cada momento sexenal tiene sus características, fundamentalmente incide la correlación de fuerzas resultante de las elecciones respectivas. Los votos definen aperturas, negociaciones, perfiles y estilos. La personalidad de los gobernantes es un factor importante a considerar. En cuanto a la integración de cámaras legislativas y equipos de gobierno, transparencia, eficiencia y perfiles de los grupos gobernantes son de matices las diferencias entre las distintas administraciones. Es central el origen partidista hasta los detalles. Independientemente de las capacidades lo que importa a la hora de las designaciones es la pertenencia al partido en el poder, el que sea. Puede ser no sólo normal sino comprensible como práctica internacional siempre y cuando no se utilicen los cargos y los dineros públicos para fortalecer a un partido. Cuando una administración utiliza los colores de su partido está violentando los derechos de la pluralidad y agrade normas básicas de convivencia democrática. Cuando no concursa las plazas medianas para que sean los méritos y las capacidades lo que determine quienes acceden al servicio público, está procediendo en forma discriminatoria y anti democrática.
Sin compromiso democrático, pensando en los intereses electorales de su partido y perpetuarse en el poder hacen del régimen de gobierno un sistema abusivo y simulador. El sustento de su discurso en la propaganda y la mentira. Así era antes, así es ahora. Suelen emplear los recursos públicos para sus movilizaciones, obligar a la burocracia oficial a todo tipo de movimientos y llenarse la boca de peroratas de cambios y superioridad moral. Las escasas ideas y prácticas diferentes se vuelven institucionales y se instalan como ejercicio real de la política. La mentira surge del ajuste del discurso a una realidad distinta y cambiante. Lo hueco de su triunfal narrativa se llena con retórica y demagogia. Ya no es partido de Estado pero si el oficial, el de todas las ventajas; no se limita en el uso de la violencia contra sus adversarios.
Hace unos días en VERACRUZ tuvo lugar una concentración oficial, se habló de diez mil asistentes, para apoyar la reforma eléctrica del Presidente Obrador. En ese acto están presentes todos los vicios y deformaciones de un ejercicio no democrático del poder. El motivo real es el respaldo adelantadisimo a una aspirante a la gubernatura. Se utilizan recursos públicos en cantidades millonarias. Se acarrean a los empleados oficiales. Se hace en el contexto de la pandemia del Covid y se elude el uso racional de las tecnologías para que se envíe el mensaje que supuestamente les interesa difundir. Todo eso se hace a la vista de la sociedad que observa entre horrorizada y apática un despliegue francamente anacrónico. La obligación a profesores y burócratas es un secreto a voces. En todo esto hay abuso pero también muestra nítida de atraso político, de ausencia de decoro y sentido común. Al final es un espectáculo denigrante e inútil. Es una farsa. Cuestionado el gobernador al respecto afirma que no hubo acarreo, que tampoco se gastó dinero público y que todo salió perfecto. Es obvio que su explicación está demasiado lejos de la verdad.
Es cuestión del sistema de gobierno, de una práctica política obsoleta y anti democrática. Se vuelve una puesta en escena, la teatralidad de la política, le pongan el color y el nombre que gusten. Tanto los organizadores como la nomenclatura saben a lo que realmente van pero dicen otra cosa, incluso con solemnidad. Es un inmenso ejercicio de simulación. Lo hacen por disciplina partidista y por interés particular. Piensan en sus carreras políticas, en los futuros cargos. Si tienen que gastar del dinero público, no importa; si tienen que abandonar sus responsabilidades, tampoco. Ya militan en la mentira. De dignidad y decoro es mejor no hablar. De este tipo de mediocridades no veo cómo resulten la revolución de las conciencias y las superioridades morales que pregonan en el discurso.
Recadito: ya va siendo tiempo de que el Cabildo xalapeño se pronuncie sobre los retenes policiales y los operativos de las grúas.
