* Víctima pide a Rocío Nahle que su gobierno no sea protector de torturadores
Marco Antonio Aguirre Rodríguez
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 020/2025 a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz por tortura en contra de Antonio del Río Argudin.
Ante esto la víctima pidió a la gobernadora Rocío Nahle García que garantice justicia en su caso, porque además permitir la impunidad dará pie para que el delito de tortura se vuelva a cometer en su gobierno.
“Confío en que su administración no tolerará la impunidad”, remarcó.
El acuerdo de fecha 24 de marzo y firmado por Elba Elena González Fernández, directora de la CEDH, insta a la SSP a reabrir las investigaciones por este delito, y que las mismas sean tratadas de manera diligente, es decir con rapidez y cuidado, lo cual implica que la SSP no lo ha hecho hasta ahora.
Por lo mismo, el sentido de la recomendación es porque la SSP no ha hecho nada para avanzar en las investigaciones del caso, ni siquiera durante el actual sexenio
El mismo acuerdo le pide a la SSP “coadyuvar” con la Fiscalía del Estado de Veracruz, en la integración de la carpeta de investigación XAL/FIM/FEIDT/308/2022, la cual se encuentra en trámite en la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura.
El acuerdo también establece que “con base en el acuerdo de cuantificación que emita la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, que se pague una compensación”.
Las recomendación además incluye “evitar cualquier acción u omisión que impliqué victimzación secundaria” de Antonio del Río.
Antonio del Río Argudín fue detenido el 10 de febrero de 2021, por una denuncia presentada en 2018 y que se mantuvo estática hasta ese 2021, después de sus actos políticos, pues se postuló como candidato a diputado local por el extinto partido Podemos y después se pronunció a favor de Patricia Lobeira para la alcaldía de Veracruz.
Aún cuando fue evidente que la detención tenia fines políticos, ninguno de los Yunes de El Estero, ni la alcaldesa, hicieron algo en su favor, ni en el momento de la detención, ni después.
Luego de la captura el 10 de febrero de 2021 fue internado en “El Penalito”, donde fue golpeado más de 40 veces con una tabla, lo que le provocó una protusión discal irreversible en la columna vertebral.
El agresor directo fue el entonces director de ese centro de reclusión, Iván Márquez Lucido, quien hoy -aún con el cambio de gobierno- sigue como funcionario de la SSP, por lo cual cual Antonio del Río pide su detención y puesta a disposición ante la justicia.
La detención de Antonio del Río se dio por un supuesto fraude, delito considerado no grave, pero aún así el juez le determinó prisión preventiva oficiosa alegando peligro de fuga, el mismo modus operandi que en los otros casos de detención política.
El delito nunca fue comprobado, por lo que que se determinó su inocencia, pero aún así lo mantuvieron retenido hasta el 6 de junio de 2021, durante casi 4 meses, en otro acto irregular, porque “El Penalito” se supone es un modulo para detenciones por 72 horas, no para largas estadías.
Además, en ese tiempo nunca hubo proceso judicial alguno.
Durante su estancia en El Penalito Iván Márquez se le acercó y le pidió 20 mil pesos, para “no molestarlo”. Antonio del Río entregó el dinero, lo que provocó que después lo extorsionaran pidiéndole nuevas cantidades de efectivo.
Aún así, un día Iván Márquez comenzó a torturarlo, “por panista”, “por haber ayudado a los Yunes”.
Eso fue la confirmación de que la detención no había sido casualidad, si no que había un trasfondo político.
Sin embargo, este aspecto no lo tomó en cuenta la CEDH en su resolución sobre el caso.
Del Río Argudin, aseguró que los actos de violencia física en su contra fueron de diverso tipo: tablazos en los glúteos y ‘pechazos’ (los pechazos son golpes a mano abierta y mojada en el pecho; te quitan la camisa, te hincan y te golpean; a veces te sostiene otro preso, otras veces te dicen «vas solo y si te caes o chillas va doble»).
Cuando sale de la cárcel, Antonio del Río logra contactar a otros presos y a custodios que aceptan atestiguar en video, que lo habían torturado.
Con esos elementos presenta la denuncia ante la Fiscalía, el 6 de octubre de 2022, pero la dependencia a cargo de Verónica Hernández Giadans nada más la acepta,, pero no se mueve para nada la demanda.
Ante esto, el 25 de octubre presenta una denuncia ante Asuntos Internos de la SSP, pero tampoco ocurre algo.
Vaya, en la SSP tan les importó poco la denuncia contra el funcionario del gobierno de Cuitláhuac García, que ni siquiera contestaron la misma denuncia.
Antonio del Río para seguir el proceso de documentar la tortura, se sometió al Protocolo de Estambul, y se le hizo una valoración psicológica, en la cual se asienta que “su actitud, energía y comportamiento es característica de una persona que padeció un situación de vida traumatizante”.
Además de esto, el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz emitió el 7 de diciembre de 2022, un certificado médico validando que Antonio del Río tiene fisura de vertebra, producto de las agresiones sufridas en el Penalito, lesiones que tardan más de un año en sanar.
El Protocolo de Estambul, es el nombre con el que se conoce al “Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes”, el cual marca cómo hacer las investigaciones y la documentación de la tortura, para demostrar que se dio, y en consecuencia castigar a sus responsables, además de garantizar una reparación adecuada para las víctimas, buscando -en términos más generales- evitar futuros actos de tortura.
Todo esto se integra a la carpeta de investigación 308/2022, levantada por la denuncia que hizo Del Río Argudin contra Iván Márquez, por el delito de tortura cometido en su contra.
Por esto mismo Antonio del Río también responsabiliza a Cuitláhuac García Jiménez, por hacerlo parte de una persecución política sistemática contra opositores.
En este tenor, y con los antecedentes de la tortura, afirmó que la delincuencia organizada en Veracruz emana del propio gobierno.
En las actuales circunstancias, del Río Argudin llamó a a la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, a que cumpla con la ley y proceda legalmente contra su agresor directo, para dar una verdadera muestra de que no se dará impunidad a crímenes de éste tipo.
Antonio del Río hizo votos para que el gobierno del estado no rechace la recomendación, porque hacerlo daría de inmediato la imagen de que con el gobierno de Rocío Nahle tampoco se defenderá a las víctimas y se le dará impunidad a los criminales, igual que se hizo durante la administración de Cuitláhuac García.
“Sólo les recuerdo que este es un delito de «lesa humanidad», por lo que cumplir con la recomendación es fundamental para mostrar que no se vana tolerar más acciones de este tipo”, expresó.
En ese tono exigió que se ponga fin a los abusos de poder, tortura y persecución política en Veracruz.
Antonio del Río además, agradeció al diputado local Héctor Yunes Landa, secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Veracruz, por dar seguimiento a su caso y vigilar que la recomendación se emita y ahora que se cumpla.
