Hace exactamente un mes (24 de abril) firmamos una Minuta de Trabajo con la Subsecretaría de Gobierno y la Sefiplan, en la que tuvimos varios Acuerdos, entre lo que destaca la asignación de doce millones al 30 de abril y tres más al 6 de mayo, para sumar 15 millones de pesos para efectuar pagos o abonos a las empresas que tuvieran dictamen positivo.
A la fecha son 25 las empresas que han recibido un abonito, lo que representa la cuarta parte del total del listado de Empresas SOS, pero el monto pagado no llega a los 7 millones de pesos de los 15 millones comprometidos.
Tenemos algunos casos emblemáticos que representan la mayor vergüenza para el gobierno por no haber dado respuesta a un pago de 33 mil pesos, a pesar de que varios funcionarios han asumido su compromiso de que se pagará.
Hasta ahora el tema de los dictámenes ha seguido siendo demasiado lento y hemos podido detectar un exagerado temor de los funcionarios de las Unidades Administrativas y de los Órganos Internos de Control respecto a la responsabilidad que sobre ellos recae en caso de un dictamen mal determinado.
En nuestra opinión se está exagerando el criterio de aplicación de lo dispuesto en el Código Financiero.
Artículo 182. Tratándose de operaciones con cargo a partidas de dos o más ejercicios presupuestales, se desglosarán los montos que correspondan a cada uno de ellos. (REFORMADO, SEGUNDO PÁRRAFO; G.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2016)
En el caso de que las unidades presupuestales requieran efectuar erogaciones por concepto de adeudos provenientes de ejercicios anteriores, los pagos se harán conforme a los montos establecidos con cargo a las partidas de gasto que correspondan y estén previstas en el presupuesto vigente, sin que su pago implique la asignación de recursos adicionales, siempre que se cumplan las reglas establecidas en la Ley de Disciplina.
La procedencia de los pagos señalados en los párrafos anteriores será verificada por los órganos de control de las unidades presupuestales.
El criterio de “verificación de procedencia” está llevando a los Órganos Internos a realizar toda una Auditoría checando puntos, comas y acentos. Incluso verifican si el proceso de contratación se ajustó a todos los lineamientos normativos, lo que, en caso de tener alguna observación, ésta sería en contra de los servidores públicos que lo realizaron y no debiera ser causa de un dictamen negativo que perjudique todavía más a la empresa.
Pero, además, la revisión no la están haciendo con carácter de prioridad, porque les representa una carga adicional a su normal carga de trabajo.
De seguir las cosas así, los dictámenes podrían llevarse muchos meses y las empresas ya no aguantan más.
En charla con una funcionaria de un Órgano de Control Interno me comentó que ellos no pueden hacer nada bajo “criterios personales” y se tienen que ajustar a lo establecido en las prácticas de una revisión.
Y a pesar de que se les dijo que se “privilegiara el beneficio social” ellos no pueden hacerlo sin riesgos de alguna responsabilidad, pero, si hubiera una decisión oficial mediante oficio, circular, memorándum o publicación oficial, ellos tendrían forma de hacer su trabajo respaldados.
Esto para nosotros tiene varias lecturas:
La revisión con un argumento aparentemente legal por estar en el Código Financiero (Art. 182) pero que en las indicaciones que dieron tanto a las Unidades Administrativas como a los Órganos de Control Interno fueron excesivas.
Porque les han presionado para que realicen una auditoría total que les está obligando a juntar toda la información relativa y en caso de no tenerla, entonces no pueden dictaminar y lo más fácil es hacerlo en sentido negativo.
Por comentarios con los actores, me informaron que, en algunos casos, ante la falta de información, están realizando auditorías o contabilidad “forense” para poder concluir el dictamen, lo que les está llevando demasiado tiempo.
Por tratarse de casos originados en el gobierno de Duarte con su desorden, que pasaron al de Yunes y que posiblemente la información haya sido eliminada con toda intención, entonces las cosas están muy complicadas y esa es la razón de que todo esté atorado.
Por lo que proponemos:
- Que se considere el verdadero sentido de lo establecido en el Artículo 182 del Código
- Se establezcan criterios que hagan flexible el proceso de Verificación considerando la posible falta de documentos que por el desorden de la administración Duarte – Yunes pudiera obstaculizar en perjuicio de las
- En los casos en que no se tenga la documentación completa se permita al empresario que pueda
- Se emita un documento oficial con los puntos base de la verificación que dé certidumbre a los funcionarios públicos que
- Se establezca un plazo máximo para que dichos dictámenes queden entregados a la
- Se establezca un compromiso de pago bajo
- con pagos totales a los montos pequeños
- con pagos parciales, pero bajo calendario para los montos mayores
- Que se evite la injerencia nociva de otros actores, porque sabemos que aún con casos listos para pago, se han
- Solicitamos se considere a las empresas afiliadas a nuestra asociación, para ser invitadas a participar en el programa de adquisiciones y obra pública, bajo condiciones especiales, dado el agravio que hemos sufrido por parte del mismo gobierno. (ya enviamos esa propuesta al Gobernador)
- Nos ayudará mucho que podamos tener una reunión de trabajo con los actores por parte del Gobierno y una comisión por parte de Empresas SOS, para aclarar puntos y ver la forma en que se pueda acelerar el
Por lo que respecta a los casos de dictámenes positivos ya en Sefiplan, los pagos correspondientes aún no se consiguen sin que tengamos explicación alguna de la razón.
A la fecha sólo hemos recibido pagos 24 empresas de 110 y con un monto que no llega al 40% de lo comprometido.
Jesús J. Castañeda Nevárez 2281 386321
