*Pleitos por la candidatura en Veracruz ningunean a Nahle
*Denuncias en B.C. y Puebla entre los propios morenistas
ALENTADAS LAS inquinas desde la cúpula del poder, los morenistas siguen a pie puntillas aquella frase popular que advierte que: “cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde”, y eso está sucediendo de cara a las elecciones de 2023, y de la sucesión presidencial y comicios locales de ese mismo año, entre otros, en Veracruz, donde Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Zenyazen Roberto Escobar García, Sergio Carlos Gutiérrez Luna y hasta Juan Javier Gómez Cazarín ya le perdieron el respeto a la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, y mediante sus correligionarios comenzaron a difundir toda suerte de informes que la colocan en el escenario de la corrupción a ultranza, mientras que el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil prefiere ponerse a trabajar a marchas forzadas para cumplir su palabra y dar los resultados ofrecidos a los gobernados, así tenga que sacrificar a algunos funcionarios que no asumen el ritmo laboral del, tambien, exitoso empresarios del peltre y plástico. A Manuel Huerta por andar mostrando la testa antes de tiempo le recordaron una supuesta denuncia por abusos sexual interpuesta por una ex colaboradora, carpeta que fue sobreseída por la Fiscalía General del Estado por instrucciones del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez que a estas alturas del partido, dado el cochinero que dejará al concluir su mandato, no quiere pleitos con nadie, porque lo quiera usted o no creer, Huerta Ladrón de Guevara tiene muchas posibilidades de ser el candidato dado el contacto que ha tenido con los veracruzanos por la entrega de programas sociales, aunque tambien tiene posibilidades Sergio Gutiérrez Luna, pero no por Morena sino, acaso, en una alianza de partidos como el Verde Ecologista y el PT que al igual que en San Luis Potosí dejaron la coalición con MoReNa para abanderar a Ricardo Gallardo Cardona a quien desecho el Movimiento de Regeneración Nacional, ya que en Enero de 2015 fue acusado por la, entonces Procuraduría General de la República por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por un monto mayor a 700 millones de pesos por él y su padre como servidores públicos, y aunque estuvo preso desde Enero a Diciembre de ese año, un juez federal le otorgó un amparo por considerar que el Ministerio Público Federal no logró acreditar las acusaciones por dichos delitos, por lo que fue liberado el 10 de diciembre del mismo año.
PERO VOLVIENDO A LAS confrontaciones que ya se experimentan entre rabiosos morenistas, baste saber que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa; del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y del senador Alejandro Armenta a quienes señala de orquestar una persecución política en su contra. Y es que en 2021 la UIF le inició una investigación por presunto lavado de dinero a Mier, quien en respuesta dijo en mayo -cuando se reveló la pesquisa- que era un asunto armado por “Los Tres Cochinitos”, como se refiere a Barbosa, Nieto y Armenta. La denuncia que, tambien, incluye al fiscal poblano Gilberto Higuera, es por la probable comisión de delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y los cometidos por servidores públicos previstos en el Código Penal Federal. Mier asegura que el mandatario poblano, el fiscal, el senador y Nieto buscan “dañar sistemáticamente al Movimiento de Regeneración Nacional y a personas que les son contrarias a sus intereses económicos, políticos y personales”. Como se recordará, el 16 de mayo, Barbosa afirmó que el fiscal Higuera le había comunicado que desde 2021 la UIF había iniciado la investigación contra Mier, y el 21 de ese mes fue detenido en Ciudad de México uno de los socios del diputado federal, Arturo Rueda, director del periódico poblano Cambio. Sin duda, un pleito que dará mucho de qué hablar y acaso provoque escisiones en Puebla.
PERO NO es el único caso de canibalismo político al interior del Movimiento de Regeneración Nacional. En Baja California, el ex Gobernador Jaime Bonilla Valdez ya enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República, y como para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, ha sido la propia sucesora, Marina del Pilar Ávila quien interpuso la querella luego de que el ex mandatario firmara un contrato que obliga a la actual gobernadora a pagar una indemnización de 6 mil millones de pesos a la empresa regiomontana Next Energy, como multa por no asegurar la construcción de un parque fotovoltaico en Mexicali. Por ello, ante el probable fraude, se inició un proceso penal en contra del ex mandatario por la presunta comisión de delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, falsedad y peculado y, si bien debe comparecer como imputado el 15 de Agosto, la notificación no se le ha entregado porque la dirección que dio para emitir su credencial de elector corresponde al de una cervecería artesanal, porque si algo han aprendido los morenistas es ser marrulleros y mañosos. La denuncia presentada por Marina del Pilar en contra de Bonilla es por 12 mil millones de pesos, el valor del contrato con la empresa eléctrica, la cual se comprometió a construir el parque en un terreno de 550 hectáreas en el kilómetro 28 de la carretera Mexicali-San Felipe. Se trataba de un proyecto para suministrar electricidad al acueducto Mexicali-Tijuana, pero el gobierno federal negó el permiso debido a que una administración estatal no está autorizada a generar energía.
LO QUE llama la atención es que en el contrato otorgado poco antes de que finalizara su mandato, Bonilla Valdez incluyó una cláusula que obliga al gobierno de Baja California, ahora a cargo de Pilar Ávila, también morenista, a pagar una indemnización por la mitad del valor de la obra. Se trata de una obligación que presionaría las finanzas del estado, cuyo presupuesto anual es de casi 50 mil millones de pesos. Un juez de control y juicio oral penal en Tijuana emitió un citatorio contra Bonilla, en su carácter de imputado, documento que se dejó en el domicilio que aparece en la credencial de elector del ex gobernador.
EN FIN, pleitos, tranzas e infundios es el pan de cada día al interior de un instituto que se nutre de los desperdicios de todos los partidos, y que más temprano que tarde ha comenzado a calar en la unidad. En pocas palabras, MoReNa por sus aceleres de cachar todo el escombro que le avientan, pasó de lo verde a lo podrido. OPINA carjesus30@hotmail.com
