Entre lo utópico y lo verdadero
Por Claudia Guerrero Martínez
20 de febrero del 2020.
Denuncia penal en contra de protegido de la Directora del DIF Estatal Veracruz
Con base a la exclusiva que tuvimos sobre la petición de renuncia del Director Encargado Administrativo del DIF Estatal, Martín Lozano Sánchez, fuentes confiables de la Fiscalía General del Estado, nos hicieron llegar una denuncia penal, interpuesta por el mismo Martín Lozano Sánchez, en contra del presunto despedido e inhabilitado por la Contraloría General del Estado, Héctor Fernando Ruz Santamaría. Y esto provocó nuestro interés de investigar el por qué, un exfuncionario yunista, inhabilitado por tres años, con base a un proceso disciplinario administrativo, con el número 21/2018, a su paso en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, ahora fue denunciado por su sucesor en el DIF de Veracruz. Y nos hicieron llegar anomalías en contratos otorgados por Ruz Santamaría. No pierdan esta entrega, pues destaparemos la cloaca en que se ha convertido el DIF Estatal, bajo el mando de Verónica Aguilera Tapia y protegida por el honesto Cuitláhuac García Jiménez…
Con base a la publicación con la liga: https://periodicoveraz.com/exclusiva-segundo-director-administrativo-es-removido-del-dif-estatal-de-veracruz/ en ella damos en exclusiva la salida de Martín Lozano Sánchez, de la Dirección Administrativa, por presuntos actos de corrupción y luego, nos dimos cuenta no ser así, pues fue extraño no haber sido la Directora del DIF Estatal, Verónica Aguilera quien pidiera su destitución bajo oficio legal, sino por Eleuterio Márquez y Gómez, Subdirector de Recursos Humanos del DIF Estatal, quien después nos enteramos. no tener la facultad de pedirle su renuncia a un Jefe jerárquico y fue entonces que llegó la denuncia penal con el número de Carpeta: UAT/D-XI/XAL/2/346/2020, interpuesta por el propio Martín Lozano Sánchez. Al leerla, nos dimos cuenta, en un principio se pretendió asegurar, que su despido fue por actos de corrupción y en realidad, fue por pleitos internos entre Héctor Fernando Ruz Santamaría y el propio Martín Lozano Sánchez, este último, quien señala en su denuncia, ser amenazado por no aceptar actos de corrupción dentro del DIF Estatal. Y además, se filtra un audio grabado a la titular del Jurídico, Yolanda Orduña Arroyo, quien platicando con su equipo, ella narró la verdadera razón de la salida de Lozano Sánchez y como siempre, alguien grabó esta conversación.
La denuncia con el número UAT/D-XI/XAL/2/346/2020, se hizo ante la Licenciada Lorena “X”, quien abrió la Carpeta por el delito de amenazas y lo que resulte e interpuesta por Martín Lozano Sánchez, en contra de Héctor Fernando Ruz Santamaría… Esto inició a finales del mes de enero, cuando un contrato de $500 mil pesos otorgado a un proveedor, quien elaboraría uniformes para el Sindicato del DIF Estatal, no portaban los tres escudos reglamentarios y los entregados, sólo llevaban uno, por lo que según narra Yolanda Orduña Arroyo, Directora Jurídica y Consultiva, Martín Lozano Sánchez le especificó al empresario, incumplir con la norma y debía de llevárselos para que se le aplicaran los escudos faltantes. Pero además, el proveedor pedía el pago y casi finiquito del contrato, para cumplir con el encargo, cuando llevaba un 20 por ciento de entrega, por lo que Martín Sánchez no aceptó la propuesta y exigió el cumplimiento. Y ya terminado, se le pagaría en tiempo y forma… Esto fue lo que ocasionó la confrontación, entre Ruz y Lozano, pero no entendíamos qué hacía Héctor Fernando Ruz en la dependencia estatal, si actualmente está inhabilitado en la Función Pública, por órdenes de la Contraloría General del Estado y ahora, nos enteramos que nunca se ha ido, toma importantes decisiones en el DIF Estatal, maneja los contratos y proveedores, siendo tolerado ilegalmente, por la Directora Verónica Aguilera Tapia…
Y fue el 10 de febrero, cuando el presunto destituido Héctor Fernando Ruz Santamaría, dio la orden ilegal al titular de Recursos Humanos, para que éste recibiera los uniformes. Ya como Director Administrativo, Martín Lozano, al verse omitido en sus órdenes de no ser aceptados dichos uniformes por los faltantes de escudos, giró oficios en los que informa el haber ignorado su mandato, faltantes en escudos portados en los uniformes, incumpliendo del proveedor y es por eso, no pagarle hasta que cumpliera con las especificaciones y estos documentos fueron girados con singular alegría, interviniendo hasta la Contraloría Interna del DIF Estatal… En la denuncia asegura que Héctor Fernando Ruz Santamaría fue a gritarle a Martín Lozano Sánchez, amenazándolo, que si no aceptaba estos uniformes, se atuviera a las consecuencias…
Orduña Arroyo comenta que luego, Verónica Aguilera literalmente también le gritó a Martín Lozano, exigiéndole explicaciones del por qué no había aceptado los uniformes y que ya se dejara de “pendejadas”. Esto avergonzó a Yolanda Orduña y hasta pensó que Lozano Sánchez tenía razón en negarse, pues de encontrarse anomalías, Martín Lozano tendría responsabilidad al pagarle a este proveedor, omitiendo el incumplimiento de contrato… El 11 de febrero, Martín Lozano se presentó en la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia penal en contra de Héctor Fernando Ruz Santamaría y esto provocó el enojo, rabia y molestia de la Directora del DIF Estatal, Verónica Aguilera Tapia…
De inicio, la orden al Subdirector de Recursos Humanos de pedirle la renuncia a Martín Lozano Sánchez, cuando no le correspondía. Curioso, detectar varias anomalías, como la nula ratificación de Martín Lozano Sánchez como Director de Administración y también, prolongar ilegalmente la entrega-recepción de Ruz Santamaría a Lozano Sánchez, cuando la normatividad especifica ser 30 días como límite. En pocas palabras, Verónica Aguilera Tapia realizó una Omisión Legal, Abuso de Autoridad y un Ejercicio Indebido del Deber Público, permitiendo primero, la nula entrega- recepción y aceptar que Héctor Ruz siga ordenando en el DIF Estatal, sin quitar a su staff e impidiendo que Martín Lozano sólo tuviese a dos empleados de su confianza y ser rodeado de gente cercana a Ruz, quien en realidad manda y ordena en el DIF Estatal de Veracruz.
Después de nuestra entrega, en la que se advertía el despido ahora ilegal de Martín Lozano Sánchez, nos enteramos que éste funcionario nunca tuvo el control de los Tokens de instituciones BANORTE y BANCOMER, ni tampoco hubo un Acta Circunstanciada de recibido. Y la encargada de esto, la que maneja las transferencias es Ana Laura Domínguez Rosado, quien se ostenta como Jefa de Contabilidad y Cuentas por Pagar en el DIF Estatal y es ella, la misma que custodia estos Tokens desde el 1º de enero de este 2020.
Ya nos había advertido una inteligente lectora, investigar a Mariano Jácome Guerrero, quien es proveedor del DIF Estatal en Veracruz, empresario que obtuvo un contrato de $30 millones de pesos y se supone tener solvencia económica como proveedor. Y ser el mismo que anda por los pasillos del DIF de Veracruz pidiendo adelantos, cuando ha incumplido con el contrato como proveedor e insiste en pagos adelantados, que no garantizan su cumplimiento. La Cláusula 3ª en los Contratos con el Gobierno del Estado, especifica puntualmente los acuerdos del contrato y obligaciones… La misma fuente estipula, las versiones de cuatro contratos, por cerca de $87 millones de pesos, a los que se pretende hacerles cambios, en la forma de entrega y adelantos, cuando se deberá finiquitar el contrato con la completa y cumplida entrega, pagando en una sola exhibición y no en “paguitos”…
No es un secreto, que tanto Verónica Aguilera Tapia y Héctor Fernando Ruz son los encargados de realizar la lista de empresarios beneficiados en millonarios contratos y las licitaciones las hacen por invitación a tres proveedores, con candados para su exclusión, siendo dos de ellos utilizados como relleno y uno ser el beneficiado. Y varios, quienes han ganado estos contratos, andan en todo el DIF de Veracruz pidiendo adelantos, pues no pueden cumplir con ellos, por no tener capacidad económica…
Dejamos estos datos para su investigación, no sin antes preguntar al Gobernador de Veracruz, el “Honesto” Cuitláhuac García, si está enterado de todas estas anomalías o se hace tener otros datos, cuando colocan al DIF de Veracruz, como botín de guerra.
Notita 1: Cartas a la Redacción: “Somos un grupo de trabajadores del COBAEV, inconformes con lo que está pasando al interior de nuestro centro de trabajo y le escribimos para solicitar respetuosamente su ayuda para dar a conocer lo que está pasando en las oficinas del Colegio que pareciera propiedad de la diputada y secretaria general del SUITCOBAEV Erika Ayala Ríos. La corrupta señora Erika Ayala, muy amiga de Erick Cisneros, a quien vimos apoyar para destituir a Jorge Winkler, a quien vimos acompañarlo a Baja California y a quien le fabricó la Ley Cisneros, pretende usarnos como moneda de cambio, a nosotros, los legítimos trabajadores del COBAEV, amenazándonos con quitarnos las plazas si no la apoyamos, desde hace unas semanas su gente ha estado acercándose a nosotros para advertirnos. Usted señora periodista conoce mejor que nosotros la trayectoria de esta señora que ha traicionado a Duarte, a Yunes, al diputado Juan Carlos Molina que en paz descanse y ahora nos vuelve a traicionar a nosotros, con la intención de despojarnos de nuestras plazas para venderlas. Quiere correr a los trabajadores que no le sean leales para recuperar los espacios y venderlos, piden entre $200,000.00 y $300,000.00 pesos, a través de su operadora Flor de María Sánchez, alias “Flory” y sabe qué es lo peor, que todo lo hace con el consentimiento de la Dirección del COBAEV, como cada cambio de administración se “arregla” con los directivos para seguir haciendo lo que quiera en el colegio. Erika Ayala ha traicionado a quien ha podido para enriquecerse, actualmente no solo cobra como “diputada” y empleada del COBAEV, sino que su hijo y sus hermanas, sin tener el perfil, gozan de las mejores plazas del COBAEV, cuando somos compañeros con muchos años que no logramos mejorar nuestra plaza. No sabemos cómo proceder, ni a que instancia acudir, esta señora puede dejarnos sin trabajo y quitarnos el sustento de nuestras familias, mientras ella y su familia se sigue enriqueciendo a nuestras costillas. Ojalá Maestra Claudia pueda ayudarnos a hacer públicos estos abusos y nuestra inconformidad, somos personas de bien y somos testigos del enriquecimiento de Erika Ayala y su equipo, gente que no cubre un horario, pero cobra como si fueran los dueños del colegio. ESTAMOS HARTOS DE ERIKA AYALA, ES UNA MUJER CORRUPTA QUE ABUSA DE SU PODER. Ojalá pueda apoyarnos difundiendo esta denuncia pública en su columna tan leída, muchas gracias”.
Notita 2: Comentario de inteligente lector: “No sé si ya difundió que el Ayuntamiento de Xalapa está rehabilitando el Palacio Municipal con un costo de 17 millones de pesos, según la obra que realiza la empresa Inmobiliaria y Comercializadora TECAR, de la que en noviembre ya habías comentado de su crecimiento exponencial, en la presente administración, aunque en diversas páginas de Internet dicen que tiene cuando mucho 9 empleados”.
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