“Un hombre no vale nada si no profesa ardiente devoción a un ideal.” – Roosevelt.
En un escenario político donde la exposición pública suele confundirse con eficacia, llama la atención el papel que ha comenzado a desempeñar en Veracruz el delegado de los Programas para el Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín.
Alejado de los reflectores que alguna vez persiguió con fervor en su etapa como presidente del Congreso local, el ahora funcionario federal parece haber encontrado un nuevo ritmo —menos estridente, pero más efectivo— desde su trinchera en la Secretaría del Bienestar.
Concentrado en optimizar tiempos y procesos de los Servidores de la Nación, Gómez Cazarín ha apostado por una operación técnica más que política, lo cual no deja de ser paradójico para quien fue considerado uno de los operadores más aguerridos de Morena en Veracruz.
Hoy, sin embargo, su protagonismo se diluye detrás de las cifras y resultados que exhibe el gobierno federal como bandera de justicia social, particularmente en el norte de la entidad.
La reciente entrega de recursos del FAISPIAM a más de 366 comunidades indígenas de la Huasteca veracruzana —por un monto superior a los 240 millones de pesos— da muestra de una estrategia que prioriza la eficiencia sobre el aplauso.
Gómez Cazarín ha asumido el reto de acompañar una de las reformas más simbólicas del lopezobradorismo y de la administración de Claudia Sheinbaum: devolver a los pueblos originarios la decisión sobre su propio destino presupuestal.
Más allá del discurso, esta medida implica una transformación administrativa profunda: comités comunitarios que ahora manejan recursos públicos, tesoreras indígenas que reciben tarjetas bancarias para ejecutar obra social y reglas operativas que demandan transparencia desde la base comunitaria.
Aquí es donde el delegado juega su carta más fuerte: consolidar un modelo de participación directa sin que se traduzca en caos o simulación.
No obstante, no faltan voces que advierten sobre los riesgos de este esquema: ¿hay suficiente capacitación para quienes ejercerán el recurso?, ¿se garantizará una fiscalización efectiva?, ¿se logrará blindar este proceso de intereses clientelares o caciquiles?
La responsabilidad recae, en buena medida, sobre la Delegación de Bienestar en Veracruz y su capacidad para evitar que una política progresista se desvirtúe en el camino.
Gómez Cazarín ha optado por callar y trabajar, pero el silencio también compromete: lo exime de la grilla, sí, pero lo obliga a entregar resultados sin excusas. Si algo exige hoy el nuevo tiempo político de la Cuarta Transformación, es que los operadores respondan no con discursos, sino con eficacia. Y en ese terreno, el juicio más severo —y justo— será el de las comunidades.
Al tiempo.
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